Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los estándares internacionales de la pena privativa de libertad adolescente son recogidos por la Ley 20.084 y su reglamento, estándares que demuestran una manifiesta finalidad preventivo-especial positiva de la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, lo cual no obsta a que uno de los objetivos de esta pena sea hacer efectiva la responsabilidad penal del adolescente infractor de ley, lo que a su vez demuestra también la existencia de una finalidad preventivo-general positiva. La coexistencia de ambas finalidades es también manifestación de la adopción del principio del interés superior del niño, lo cual importa, por un lado, que el adolescente privado de libertad debe ser visto como un sujeto de derechos, que no por estar privado de libertad pueda ver privado otros derechos como la educación, recreación u otros dispuestos por la normativa internacional y nacional atingente. Por otro lado, importa que el adolescente también es sujeto de obligaciones, lo que se traduce en que es susceptible de ser responsable penalmente por sus actos, y, por ende, ser privado de libertad. Las condiciones materiales de los centros de régimen cerrado de la Región Metropolitana entre los años 2013 y 2016 si bien no denotan un retroceso continuo, demuestran que muchos de los problemas que se pueden observar se repiten año a año, y que, en caso de solucionarse, dicha solución ha tomado un largo tiempo o termina siendo insuficiente, todo lo cual puede tener efectos negativos en las condiciones que propician la reinserción social de los jóvenes que han sido condenados a la pena de internación en régimen cerrado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.