Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto contrastar dos áreas que, hasta el momento, se han desarrollado en forma paralela, pero sin vincularse entre sí, como son el ámbito de las sociedades y el Derecho Penal. En efecto, en nuestro país el mundo societario ha sido tradicionalmente regulado desde las legislaciones civil y mercantil, asumiendo que el aforismo “societas delinquere non potest” impide la intervención del derecho penal en esta área. Sin embargo, los hechos demuestran que las sociedades sí pueden delinquir. Es más, dado el tamaño y la interacción que poseen las sociedades en el desarrollo económico actual, no es extraño ver cómo la intervención de una sociedad determinada en la comisión de uno o varios delitos, no sólo afectaba la cotización bursátil de esa compañía, sino que “contaminaba” a todo el rubro en el que participaba, o incluso a la economía nacional en su conjunto. Por ende, a nivel de derecho comparado, se asume como una realidad el que el Derecho penal deba intervenir en el ámbito societario, ante la falta de efectividad de los actuales instrumentos regulatorios para prevenir los ataques más graves y potencialmente lesivos para los bienes jurídicos posiblemente afectados, atendida, además, la separación entre propiedad y control que existe en el ámbito societario. Considerando lo expuesto, el propósito manifiesto de la presente investigación es iniciar la discusión doctrinaria en torno a los delitos societarios, como un paso previo a su consagración en el texto legal de un hipotético nuevo Código Penal, el que sin duda alguna, en líneas generales, constituye una clamorosa necesidad.

El presente trabajo de investigación busca demostrar que la –ciertamente- novedosa institución del Oficial de Cumplimiento ha cobrado, en poco tiempo, un rol relevante en el esquema empresarial actual y que, lo que antes era simplemente el cumplimiento formal de una obligación legal, se ha transformado no sólo en una necesidad empresarial, sino también en una de las posiciones más importantes dentro de un organigrama corporativo; ello debido a la fuerte influencia que tanto el Compliance como el Buen Gobierno Corporativo han tenido en los últimos años en las relaciones empresariales corporativas, motivado por el importante números de casos de delitos, especialmente relacionados a la corrupción, que se han ido descubriendo últimamente y en el que se han visto involucradas algunas de las empresas más importantes del mundo. Por ello, utilizando un enfoque basado en riesgos y de la mano del método comparativo, revisaremos si la legislación peruana resulta ser la más adecuada para determinar el perfil personal y profesional del funcionario que ocupará la Oficialía de Cumplimiento de una empresa peruana, así como si se llegan a determinar con claridad los roles y responsabilidades que debe cumplir, o si acaso la legislación peruana podría ser optimizada utilizando influencias de las legislaciones colombiana y chilena, o también del soft law español. De esta manera, conseguiremos revalorar la figura del Oficial de Cumplimiento y contribuir en el esfuerzo de que las empresas peruanas comprendan que dicha posición requiere de una persona que cumpla con determinadas características y requisitos que añadan valor a la sociedad y acentúen la utilidad de los programas de prevención que se puedan implementar.

En la actualidad, la mayoría de los países se han inclinado por establecer políticas normativas que promuevan la autorregulación y con ello el establecimiento de programas de cumplimiento, cuya función no se agota únicamente en la prevención y detección de riesgos, sino que va mas allá; y es que un programa de cumplimiento eficaz y eficiente no solo se limita a prevenir la infracción de las normas, sino que permite la detección de aquellas infracciones que se hubiesen cometido dentro del ámbito empresarial. Es por ello que en el presente trabajo nos hemos enfocado en resaltar los beneficios de implementar canales de denuncia como parte integrante de los programas de cumplimiento de las empresas; y es que, consideramos que la implementación de un canal de denuncias es uno de los piares esenciales en la implementación de un programa de corporate compliance,