Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La legislación penal chilena contempla varios delitos relacionados con artefactos explosivos. Sin embargo, en los últimos años, ha cobrado relevancia el delito de colocación, envío, activación y detonación de artefacto explosivo, consagrado en la Ley N° 18.314 o Ley Antiterrorista. Esta relevancia se ha debido a varios hechos que involucran artefactos explosivos de fabricación casera, en los cuales se ha intentado su aplicación. Entre ellos, destaca el emblemático caso de Luciano Pitronello, cuya sentencia, dictada por el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago y conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago vía recurso de nulidad1, desechó la aplicación de la Ley N° 18.314 y condenó por infracción a la ley de control de armas y delito de daños. Esta memoria pretende analizar el tipo penal del delito de colocación, envío, activación y detonación de artefacto explosivo en dicha ley, en comparación con otras figuras delictivas relacionadas con artefactos explosivos y que se pueden encontrar en la legislación chilena, a fin de entender qué lo diferencia y por qué no ha sido posible su aplicación en los casos más emblemáticos conocidos por nuestros tribunales de justicia

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas destinadas a prevenir y combatir el fenómeno, lo que se plasmó en diversos instrumentos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 1373 –que hace exigibles a los Estados parte el cumplimiento de las disposiciones del Convenio-, y las recomendaciones del GAFI. El presente trabajo se estructuró de forma tal que comenzamos mencionando algunos de los distintos mecanismos de financiamiento, continuando con el estudio de las fuentes de nuestra legislación nacional -ya referidas-, además del análisis de la Historia de la Ley 18.314 y de la Ley 20.393. Finalmente, en el último capítulo, se analizó la legislación chilena pertinente (artículo 8 principalmente), contrastada con los mecanismos ya expuestos para determinar si efectivamente los mismos quedan contemplados dentro de la figura analizada, para de esta forma concluir que se requiere de una postura escéptica y crítica respecto de la regulación del fenómeno en cuestión, y que esto en definitiva, nos lleva a confirmar la hipótesis postulada que señala que la normativa nacional actual, no da cuenta de la naturaleza del delito de financiamiento al terrorismo, ni de la complejidad de los métodos en los que puede configurarse la financiación de organizaciones terroristas, y por tanto, no es posible asegurar que la misma sea eficaz al momento de regular, y mucho menos prevenir el fenómeno.