Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se desenvuelve en el análisis del impacto de la implementación del mandato internacional para la represión del financiamiento del terrorismo en Chile y Latinoamérica. Este mandato, plasmado a través del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo del año 2000, así como la resolución 1.373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, impacta a las legislaciones locales de manera multidimensional, uniformando dichas legislaciones al estándar global de persecución del terrorismo. La influencia del mandato internacional, particularmente a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, se materializa en cambios legislativos profundos en los países estudiados, centrando nuestro análisis en el caso chileno.

Los estudios sobre la fragilidad estatal han sido promovidos predominantemente desde otras áreas de estudio diferentes al derecho internacional. Esta tesis explora cuál ha sido la respuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a este paradigma y cuáles pueden ser los riesgos que supondría su reconocimiento en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales. Las investigaciones académicas usualmente se han enfocado en determinar el alcance del concepto de fragilidad estatal, sus causas y repercusiones. Sin embargo, no existe literatura suficiente que aborde el discurso jurídico que se ha creado alrededor de los Estados que se encuentran en situación de fragilidad ni mucho menos la respuesta institucional de órganos que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Esta es una discusión a la que esta tesis pretende contribuir. El principal argumento es que el reconocimiento de la fragilidad estatal por parte del Consejo de Seguridad engloba el riesgo de trasladar al discurso jurídico la idea de que existen Estados que cumplen sus obligaciones internacionales de manera adecuada y otros que no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Esto supone que se institucionalice la percepción de que existen algunos Estados que están en ventaja y otros en desventaja, lo que podría conllevar a la violación de principios del derecho internacional. Para ello, esta investigación estudia la construcción de la fragilidad estatal desde una perspectiva jurídica que permite comprender su significado en el derecho internacional. Se pregunta sobre la relación entre la fragilidad estatal y la personalidad jurídica internacional, y hasta qué punto este paradigma permitiría replantear el estándar de estatalidad en el derecho internacional. Luego de ello, analiza la respuesta del Consejo de Seguridad en Estados en situaciones de fragilidad a partir de la revisión de las resoluciones adoptadas en estos contextos, en particular en los casos de Somalia y Yemen. La tesis concluye que el Consejo de Seguridad ha tenido un viraje institucional, desde una completa falta de respuesta al reconocimiento de la fragilidad como un asunto de preocupación en el marco de su mandato hasta un involucramiento más decidido en la consolidación del paradigma de fragilidad estatal.

El presente trabajo versa, fundamentalmente, sobre los problemas jurídicos y políticos de la aplicación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Preliminarmente se realiza una breve reseña histórica de la Doctrina y se analizan los principales elementos teóricos y normativos que la componen. Con dicha base jurídica la investigación se avoca a determinar si la Responsabilidad de Proteger puede fundamentar el uso de la fuerza unilateral por parte de un Estado en respuesta a violaciones graves y sistemáticas de Derechos Humanos en otro Estado. Con este objetivo central, se analizan los tres ejes problemáticos que enfrenta la Responsabilidad de Proteger, esto es, el jurídico, el político y el práctico. Para dicho análisis se contrastan las dos posturas enfrentadas más importantes sobre la R2P: a favor (o la primacía de los Derechos Humanos) y en contra (o de rechazo al intervencionismo). / This paper focuses mainly on the legal and political problems of the application of the Responsibility to Protect (RtoP) doctrine. A brief historical review of the doctrine is made in advance and the main theoretical and normative elements that compose it are analyzed. With this legal foundation, the investigations seeks to determine whether the Responsibility to Protect can be used as a basis for the unilateral use of force by a State in response to serious and systematic human rights violations in another State. With this central objective in mind, the three problematic lines that the Responsibility to Protect faces are examined: the legal one, the political one and the practical one. In this analysis, the two most important conflicting positions on the issue are contrasted: in favor (or the primacy of the defense of human rights above everything else) and against (or the rejection of interventionism).

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas destinadas a prevenir y combatir el fenómeno, lo que se plasmó en diversos instrumentos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 1373 –que hace exigibles a los Estados parte el cumplimiento de las disposiciones del Convenio-, y las recomendaciones del GAFI. El presente trabajo se estructuró de forma tal que comenzamos mencionando algunos de los distintos mecanismos de financiamiento, continuando con el estudio de las fuentes de nuestra legislación nacional -ya referidas-, además del análisis de la Historia de la Ley 18.314 y de la Ley 20.393. Finalmente, en el último capítulo, se analizó la legislación chilena pertinente (artículo 8 principalmente), contrastada con los mecanismos ya expuestos para determinar si efectivamente los mismos quedan contemplados dentro de la figura analizada, para de esta forma concluir que se requiere de una postura escéptica y crítica respecto de la regulación del fenómeno en cuestión, y que esto en definitiva, nos lleva a confirmar la hipótesis postulada que señala que la normativa nacional actual, no da cuenta de la naturaleza del delito de financiamiento al terrorismo, ni de la complejidad de los métodos en los que puede configurarse la financiación de organizaciones terroristas, y por tanto, no es posible asegurar que la misma sea eficaz al momento de regular, y mucho menos prevenir el fenómeno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo pretendemos indagar tanto el contexto interno como global en que se desarrolla la crisis en Libia, la denominada “Primavera Árabe”; a su vez procuraremos analizar, desde los criterios de competencia establecidos en el Estatuto de Roma, la intervención que ha mostrado la Corte Penal Internacional en los Estados parte y también, en los no son parte del Estatuto; situaciones que han llevado a discutir el verdadero propósito de las intervenciones de esa institución. También intentaremos comprender el rol preponderante que juega el Consejo de Seguridad de la ONU en el ámbito de la justicia penal del Estatuto de Roma a nivel institucional, lo que bajo un ojo crítico, abre el debate respecto a la independencia y autonomía que pregona la Corte desde su instauración, ya que podría traer como consecuencia que las decisiones se tomen bajo un ideal político segregador, que busca el control social bajo una homogenización de valores occidentales, tomando en cuenta los países sobre los ha actuado hasta el día de hoy, y aún, de otros casos similares en los que no ha habido acuerdo para intervenir.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba busca dar una muestra de los mecanismos por medio de los cuáles se ha hecho aplicación de la Responsabilidad de Proteger en el Derecho Internacional. El sustento legal y su historia, no ha dejado de estar lleno de polémicas dadas las circunstancias por medio de las que nace, principalmente en oposición a la libre determinación de los estados. Por otro lado, se buscar dar una muestra clara de cómo la Responsabilidad de Proteger ha sido utilizada como un mecanismo político para llevar a cabo la agenda internacional de los países miembros del Consejo de Seguridad y resguardar sus objetivos políticos y económicos.