Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La histórica política de prohibición en materia de drogas ha sufrido un fuerte cuestionamiento desde hace unos cuantos años. Los objetivos que las normas internacionales tales como la Convención Única de 1961, la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, no han logrado dar con el sueño de “un mundo libre de drogas”. En contraste de dichos objetivos, cada vez son más quienes sufren el flagelo de las drogas, más el número de muertos, más el número de enfermos. El narcotráfico en tanto ha logrado permear en las estructuras de poder de muchas sociedades, con un negocio tan lucrativo, ha logrado sortear las dificultades que la comunidad internacional le ha puesto. La Guerra contra las Drogas tenía como objetivo erradicar la oferta de estas sustancias, pese a ello, los únicos realmente afectados son los eslabones más bajos del negocio, personas de orígenes marginales que resultan ser una víctima más del conflicto. Así y todo, la comunidad internacional esta empecinada en seguir con la lógica prohibicionista, sumando cada vez más dinero a métodos que no han probado ser efectivos, sin preocuparse del problema de fondo, la salud de las personas. Una forma de evaluar dichos métodos es mediante el análisis económico del derecho, probar que la guerra es ineficiente podría ser el punto de inicio a nuevos métodos, como la regulación. En este sentido, Uruguay es el primer país del mundo en dar la espalda a la política prohibicionista, optando por regularizar el cannabis, convirtiendo a dicha sustancia en el caballo de batalla de quienes optan por regularizar el consumo de drogas. ¿Y Chile? Chile posee altísimas tasas de consumo de marihuana, y viendo el panorama internacional, es hora de replantear nuestras políticas a modo de enfrentar con métodos efectivos y eficientes el problema con las drogas. Palabras clave: políticas públicas, guerra contra las drogas, prohibición, criminalización, regulación, cannabis, eficiencia, análisis económico del derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La propuesta de modificación al artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que busca sustituir su numeral octavo, ampliando el ámbito de protección de la norma de manera sustancial, nos presenta una oportunidad única de analizar a la luz de los principios del análisis económico del derecho cómo responde la población, en general, al aumento de los bienes exceptuados en una liquidación en casos de insolvencia. Así, nos encontramos con que la experiencia internacional es rica en análisis del impacto del fortalecimiento de la posición de los particulares frente a las instituciones financieras, fenómeno dentro del cual es posible enmarcar la modificación en comento, los que serán utilizados en esta investigación para proyectar los efectos que pueden esperarse de un cambio de tal magnitud en nuestro país, toda vez que la experiencia internacional nos demuestra una relación positiva entre la imposibilidad de colateralizar bienes y el costo de los créditos, pero de igual forma se ha observado un aumento en las posibilidades de iniciar un emprendimiento cuando deja de existir el miedo de perder la vivienda. Distintas cifras soportan que no solo desaparece el miedo, sino que finalmente hay más gente iniciando negocios, emprendiendo, cuando se ponen trabas a la liquidación de activos valiosos como las viviendas. Postula esta investigación que el proyecto que declara inembargable los bienes señalados anteriormente tiene como resultado un aumento en el emprendimiento, al eliminar un factor que produce aversión a la hora de solicitar financiamiento para emprender, sobreponiéndose este efecto v a la restricción en la provisión de créditos por falta de garantías. En este sentido, la reforma propuesta es posible proyectarla como un incentivo para la actividad empresarial, a la luz de la experiencia internacional que se analiza, beneficiándose la economía en general de este cambio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 20.270 dictada el año 2014 reemplazó la antigua institución concursal e instauró el nuevo Procedimiento Concursal de Renegociación de la persona deudora, este cambio es una novedad por tratarse de un procedimiento aplicable exclusivamente a personas naturales, las que por sí mismas o mediante representante legal podrán solicitarlo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tramitándose por vía electrónica. Tras cuatro años de la implementación de la ley, ésta tesis analizará si este nuevo procedimiento es eficiente a la hora de resolver la problemática de la insolvencia de la persona deudora y la relación del deudor con sus respectivos acreedores. Para lograr esto, se acude al Análisis Económico del Derecho y sus distintos criterios de eficiencia aportados por las doctrinas de Coase, Pareto, Kaldor-Hicks y Posner. Se examinarán tanto las instancias previas al procedimiento, como en las etapas dentro del mismo, concluyendo que el procedimiento concursal ha resultado eficiente conforme a los criterios de eficiencia utilizados. No obstante a aquello, hay instancias que podrían mejorar su rendimiento