El presente aporte académico tiene como objetivo primordial responder a la siguiente interrogante: ¿En nuestro ordenamiento constitucional existe un derecho constitucional ala educación intercultural bilingüe (EIB), como manifestación del derecho a la identidad cultural, exigible jurisdiccionalmente y cuyos titulares son los miembros de las comunidades nativas del Perú? La solución que proponemos, es que la EIB es una concretizacióno manifestación del derecho a la identidad cultural, de los integrantes de una comunidad nativa peruana. También sostenemos que los mecanismos procesales para tutelar el derecho a la EIB están conformados por los procesos constitucionales, puntualmente el proceso constitucional de Amparo.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. / El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.