El presente comentario sostiene que la justicia electoral se equivocó al no permitir la inscripción de la fórmula presidencial del partido político «Todos por el Perú». Si bien esta organización política incurrió en errores administrativos, estos no afectaron los derechos ni los intereses de sus afiliados, ni mucho menos pusieron en cuestión su democracia interna. Asimismo, el comentario sostiene que esta resolución no toma en cuenta en sus fundamentos la práctica jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en materia del derecho a la participación política, considera que su reglamentación no puede ser inadecuada e irrazonable.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A partir del análisis de elementos que dan forma al Sistema de Control Penal se intenta señalar como este se configura y se articula en la realidad de una sociedad. Con el trabajo anterior, y tomando en cuenta la reflexión de la criminología, se realiza una consideración critica del rumbo a que actualmente tienden los Sistemas de Control Penal. Las anteriores consideraciones criticas se estudian en dos casos concretos de reciente aparición en la sociedad chilena. Una es la organización de grupos de vecinos para enfrentar la delincuencia y otra es la propuesta para la construcción de un mayor numero de cárceles con participación de la empresa privada. Se realiza un estudio critico de ambas propuestas. Finalmente se elaboran conclusiones generales a partir del estudio teórico del control penal y del análisis concreto de las dos propuestas antes señaladas, buscando e interpretando el significado de estas emergentes formas de configuración y articulación del sistema de control penal en Chile

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. / El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.