As a product of the armed violence and the human rights violations committed in the decades of the eighties and nineties, the Peruvian government initiated a process of transitional justice in order to compensate the victims and reconcile a fragmented and divided society. However, there are still issues pending in that matter. One of these issues is the search of the missing persons.The present article will delve into the importance of a policy of search of missing persons in the light of the international obligations on human rights matters of the Peruvian state, and will analyze the weaknesses of their judicial actions to accomplish this task. The need of a centralized organism in charge of this function will be sustained, and a normative proposal for its implementation in the Peruvian legal system will be presented. / Producto de la violencia armada y de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en las décadas de los ochenta y noventa, el Estado peruano inició un proceso de justicia transicional con la finalidad de resarcir a las víctimas y reconciliar a una sociedad fragmentada. A pesar de ello, aún se mantienen pendientes en esta materia, como la búsqueda de las personas desaparecidas.El presente artículo ahondará en la importancia de una política de búsqueda de personas desaparecidas a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado peruano, y analizará las falencias de sus acciones de judicialización para cumplir esta tarea. Se sustentará la necesidad de un organismo centralizado que se encargue de esta función, y se presentará una propuesta normativa para su implementación en nuestro ordenamiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de tesis se propone como objetivo dar una respuesta jurídica a la pregunta sobre la legitimidad del secreto de los archivos de la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) establecido por el artículo 15 de la Ley N°19.992, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en específico de los estándares del Derecho a la Verdad en el Sistema Interamericano. La necesidad de esta respuesta se enmarca en la controversia que ha existido desde el establecimiento del secreto hasta la actualidad. Por una parte, de las posturas a favor, se sostiene como principal fundamento jurídico la protección de la intimidad de las víctimas; mientras que, entre los argumentos que sustentan posturas contrarias, está el derecho a saber la verdad de lo ocurrido. Si el secreto protege efectivamente la intimidad de las víctimas y como afecta al Derecho a la Verdad, serán cuestiones a examinar en este trabajo. Considerando no solo lo más evidente, la afectación al Derecho individual a la Verdad a través del impedimento a los tribunales de justicia a los archivos de la Comisión Valech I, si no que también, las consecuencias sobre el Derecho colectivo a la Verdad, cuya titularidad reside en la sociedad. Para entender el conflicto y sus alcances, se aborda el cuerpo normativo fuente del secreto y objeto de análisis, la Ley N°19.992. Así como también se trata el Decreto Supremo que crea la Comisión Valech I, como antecedente relevante para aportar herramientas al debate y ayudar a entender las diferencias entre la reserva y el secreto, ambas soluciones posibles a la protección de la intimidad de las víctimas. Para ayudar a resolver el cuestionamiento, se establece a qué obliga el Derecho a la Verdad en el Sistema Interamericano, es decir, cuáles son los estándares concretos con los que debe cumplir el Estado. De esta manera, son utilizados para el análisis comparativo con el artículo 15 de la Ley N°19.992 y así se logra determinar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa internacional por parte del Estado.