Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los Terms of Service y la Política de Privacidad de Google son frecuentemente aceptados por sus usuarios sin mayor análisis. Pero en esta "aceptación automatizada" se esconde un posible perjuicio para los derechos de estas personas. Las cláusulas incluidas que intentan formar el consentimiento requerido entre Google y sus usuarios, para recopilar y compartir información destacan por su vaguedad y poca claridad. Detrás del tono cordial que reina en ellos parece esconderse el deseo de obtención de total libertad para comercializar los datos privados de sus usuarios. Esto, junto a las cláusulas en que se establece la jurisdicción de los eventuales conflictos entre las partes en los tribunales de California (Estados Unidos), es una seria amenaza a la privacidad de estas personas y pueden llevar a la indefensión de los derechos de los interesados. ¿Es eso legítimo? Las potenciales vulneraciones al derecho fundamental de Vida Privada o Privacidad (junto a al derecho a la jurisdicción y a la defensa) demuestran que deben ser consideradas como cláusulas abusivas y, por ende, prohibidas por la normativa internacional y las propias de cada país, o al menos se debe exigir su cambio y mejor esclarecimiento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de esta memoria consiste en describir y analizar el importante rol de la Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control autónoma e independiente, encargada de velar por el cumplimiento del derecho a la intimidad y derecho a la protección de datos personales en el ámbito de las redes sociales. El uso de estas plataformas virtuales conlleva a que las personas sobrexpongan su vida privada a través del contenido que comparten en ellas, generando el peligro de que terceros mal intencionados utilicen con fines ilícitos dicha información. Así, a consecuencia de los diversos conflictos que surgen con el uso de las redes sociales, la Agencia Española de Protección de Datos ha sido la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a los responsables por tratamiento indebido de datos, otorgando en consecuencia eficiencia y eficacia a la normativa de protección de datos vigente en España. Mientras que en Chile nuestra actual normativa y la reforma en tramitación no contemplan la existencia de una autoridad con estas características, quedando en consecuencia el ciudadano desprotegido frente al tratamiento indebido de sus datos en las redes sociales y en el ámbito de las tecnologías en general