Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer el estatuto jurídico laboral del personal aeronáutico o aeronavegante en Chile, en especial tras la entrada en vigencia de la ley 20321 sobre el contrato especial de tripulantes de vuelo y tripulantes de cabina, visto desde la perspectiva aeronáutica y laboral que lleva envuelto. Se analizan las principales instituciones y figuras jurídicas y contractuales presentes en la realidad laboral del sector, y las problemáticas jurídicas particulares a esta clase de trabajadores. El método investigativo seguido en esta obra, ha consistido en el estudio detallado de las principales obras referidas al Derecho Aeronáutico de tripulaciones aéreas y laboral aeronáutico en Chile y en el extranjero, fundamentalmente entre los tratadistas de tradición continental. Asimismo, se ha hecho un análisis de la historia de la Ley 20321, de convenios colectivos de trabajo del sector, y de la jurisprudencia administrativa emanada de la Dirección del Trabajo referida a distintos tópicos relativos a la actividad. Los principales resultados de la presente obra, dicen relación con dos aspectos: por una parte, con la positiva evaluación que merece la nueva normativa laboral del sector en materias como regulación de jornadas de trabajo, de los roles de vuelo y de los derechos laborales en asuntos como protección a la maternidad y derecho de asociación; y por otra, con las deficiencias que se observan en ciertos aspectos, como la carencia de un tratamiento expreso de la figura contractual de la “banalización” de tripulantes; así como de una adecuada regulación internacional en aspectos como la determinación de la ley aplicable para contratos con elemento extranjero preponderante; reconocimiento de los llamados “principios laborales aeronáuticos”, y una regulación orgánica de la figura del comandante de la aeronave

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las investigaciones en Derecho Aeronáutico Internacional Privado carecen de una aproximación general, favoreciendo trabajos individuales de cada instrumento. El trabajo aborda en conjunto los convenios de Montreal-1999, Ciudad del Cabo-2001 (incluyendo su protocolo aeronáutico del mismo año) y Montreal-2009. Desde las funciones normativas estatales (producción, aplicación y ejecución de la norma jurídica) se traza la configuración del sistema jurídico aeronáutico internacional privado. Se encuentran correlaciones en todos los instrumentos privados con el fin de concretar un tráfico internacional jurídica- y materialmente expedito, así como uno económico fluido. En adición, hacen énfasis en el aseguramiento en la protección de derechos involucrados, sin perder el balance del sistema. Los tratados privados comparten principios de Orden Público Aeronáutico más allá de una jerarquía con el Convenio de Chicago de 1944 a la cabeza. Ello reporta la obligación de interpretar el ordenamiento aeronáutico internacional privado no tan solo entre sí, sino en conjunto con el público. Esto permite comprender la realidad del ordenamiento aeronáutico contemporáneo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / De un tiempo a esta parte el tema medioambiental ha ido captando mayor relevancia en el ámbito público. De otra forma no podría explicarse hechos que años anteriores hubiesen pasado casi desapercibidos. Ejemplos como la campaña mundial en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, o la finalmente descartada Central Barrancones -por presión popular, no por decisión de la autoridad medioambiental-, cuya construcción hubiese afectado la vida de especies protegidas inmersas en la Reserva Natural Punta de Choros, son hitos en una sociedad que comienza a tomar en cuenta el desarrollo sustentable, esto es, el desarrollo económico sin perjuicio del ambiente natural en el que se desarrolla cualquier actividad productiva. Atrás parecen haber quedado consideraciones que en su época bien las retrató el ex Presidente de la República Eduardo Frei, al declarar que durante su gobierno no iba a permitir que “se detenga el desarrollo económico del país por el medio ambiente”1. Lo cierto es que tras las masivas manifestaciones en contra de los proyectos energéticos existe una naciente inquietud de parte de la población por el cuidado y respeto por el medio ambiente.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El actual Código Aeronáutico chileno entró en vigencia el 08 de febrero de 1990. Uno de sus principales aportes es su título XIII, denominado “De los delitos contra la seguridad de la aviación civil.” Estos ilícitos presentan características distintivas: son delitos de peligro, con sujetos activos especiales, y están plagados de elementos normativos muy peculiares. En 1991 se introdujo un nuevo artículo al Código Aeronáutico, el 194 bis, para sancionar conductas que, distintas del terrorismo, atentaran contra la seguridad de la aviación civil o la pusieran en peligro. La finalidad perseguida fue llenar un vacío legislativo para sancionar delitos graves contra aeronaves. Sin embargo, una revisión crítica del sistema penal aeronáutico en su conjunto nos conduce a conclusiones diversas, y a la necesidad de introducir reformas

Lima Airport Partners (concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) solicita interpretar a OSITRAN el numeral 2 del anexo 11 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual regula la obligación del Estado de entregar los terrenos “debidamente saneados” para el Proyecto”. OSITRAN emitió su Resolución de Consejo Directivo N° 050-2005-CD-OSITRAN en la cual interpreto la citada cláusula del Contrato de Concesión; posteriormente LAP solicita una “interpretación complementaria” de la resolución ya indicada. Este último requerimiento es declarado IMPROCEDENTE en primera instancia, mientras que en segunda instancia fue declarado INFUNDADO el pedido de reconsideración

El presente informe tiene como objetivo resolver los problemas de relevancia jurídica que se encuentran en la opinión interpretativa emitida por OSITRAN en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2009-CD-OSITRAN, a través de la cual se interpreta el término “debidamente saneado” regulado en el numeral 2 del Anexo11 del contrato de concesión para la administración y operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suscrito entre Lima Airport Partners SRL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese sentido, la controversia que dio origen a la opinión interpretativa gira en torno a si el contenido del término “debidamente saneado” determina a cuál de las partes se debe asignar los riesgos referidos al i) saneamiento ambiental, y ii) el retiro de escombros, puesto que ello no se encuentra regulado expresamente en el numeral 2 del Anexo 11 del contrato de concesión. Por este motivo, resaltamos la importancia del análisis de la presente resolución de consejo directivo puesto que nos permite analizar a los siguientes puntos: i) a quien le corresponde asumir los riesgos referidos al saneamiento ambiental y el retiro de escombros, y si su asignación se realizó de una manera correcta; y ii) sí el pronunciamiento del OSITRAN es vinculante para las partes en el contrato de concesión y si esta vía administrativa es la idónea