El presente trabajo aborda el estudio a la sentencia N°00889-2017-PA del Tribunal Constitucional, quien declara inconstitucional que el Estado no se comunique oficialmente usando lenguas originarias en las zonas del país donde ellas son predominantes. Además, se desarrolla, a través del plano doctrinal y jurisprudencial, el análisis de los derechos fundamentales al trabajo, comercio ambulatorio y no discriminación al haberse declarado fundada la demanda de amparo de la ciudadana quechua hablante, quien solicitó que se repusieran las cosas al estado anterior a su supuesta adhesión a una carta de compromiso, redactada en castellano, que le hizo firmar la Municipalidad de Carhuaz. Con la sentencia Díaz Cáceres, materia de la supervisión, se exhortó a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos a que realicen sus máximos esfuerzos para que antes del Bicentenario de la independencia, oficialicen el uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo. Es así como durante el transcurso del trabajo se logró asumir una postura respecto al fallo emitido por el Tribunal Constitucional a través de un análisis profundo e interpretativo, el cual permitió absolver todas las interrogantes surgidas del problema jurídico planteado, teniendo como base no solo el cuerpo normativo de nuestra legislación, sino también el apoyo de doctrina internacional.

This article focuses on the analysis and use of the institutions that are used in the new work process in order to give effective protection to workers in a process who were imposes a minimum duty of proof, and in turn, serve to combat fraud in hiring. / El presente artículo se enfoca en el análisis y usos de las instituciones que se utilizan en el nuevo proceso laboral con el fin de dar un tutela efectiva a aquellos trabajadores dentro de un proceso a quienes se les impone un deber mínimo de probanza, y, a su vez, sirva para combatir el fraude en la contratación laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Flexisecurity, right to work and labor stabilityThis article deals with one of the most recent and innovative proposals of related flexibilization, basically, to the extinction of labor relation and that areknown as «flexisecurity» or «flexicurity». For this, the author comments the model of Denmark – country in which it’s originated «flexisecurity» – emphasizing the configuration of a «golden triangle», composed of: i) flexibility in the labor relation, aimed at facilitating the dismissal ii) a generous system of unemployment benefits, funded primarily by the State and iii) a new policy of «activation» of the labor market, which seeks to keep large sectors of the population permanently trained to meet new labor challenges. The author emphasizes the difference between our country and Denmark, since it is a Welfare State with a high level of social protection funded by a fiscal pressure and high tax rates. Finally, the article notes that for the study of «flexisecurity» it shouldn’t ignore the legal framework derived from workers’ fundamental rights established in the Constitution and international treaties which imply: right to work, dignity and citizenship of the worker and Trade Union Freedom and Collective Rights / El artículo aborda una de las más recientes y novedosas propuestas de flexibilización relacionada, básicamente, con la extinción de la relación laboral, propuesta que es conocida como «flexiseguridad» o «flexiguridad». Para ello, el autor comenta el modelo de Dinamarca —país en el que se origina la «flexiseguridad»— destacando la configuración de un «triángulo dorado», integrado por: i) la flexibilidad en la relación de trabajo, destinado a facilitar el despido; ii) un sistema generoso de prestaciones por desempleo, financiado fundamentalmente por el Estado; y iii) una nueva política de «activación» del mercado de trabajo que busca mantener a grandes sectores de la población permanentemente capacitados para afrontar nuevos retos laborales. El autor recalca la diferencia entre nuestro país y Dinamarca, pues se trata de un Estado de Bienestar, con un elevado nivel de protección social financiado gracias a una presión fiscal y tasas impositivas altas. Finalmente, el artículo señala que para el estudio de la «flexiseguridad» no se debe omitir el marco normativo derivado de los derechos fundamentales del trabajador establecidos en la Constitución y los tratados internacionales que implica: el derecho al trabajo, la dignidad y ciudadanía del trabajador y la Libertad Sindical y los Derechos Colectivos.

Sobre el particular, es relevante la revisión del presente expediente debido a que desarrolla la controversia entre la desnaturalización de los contrates modales en el sector público, donde se evidencia que si bien es cierto, al desnaturalizarse un contrato modal este deviene en un contrato a plazo indeterminado de conformidad por lo dispuesto en el artículo 77° literal d)1 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, también lo es que al no haber ingresado la actora a la institución pública mediante concurso público y de conformidad por lo dispuesto en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC ( Caso Huatuco Huatuco), la reincorporación laboral en la carrera pública, solo se da si el actor ingreso al centro de labores mediante un concurso público de méritos para acceder a una plaza vacante y presupuestada. En la presente sentencia, se va a poder observar la correcta aplicación del amparo en la vía laboral previo a la entrada en vigor de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, asimismo, se podrá observar la contradicción entre la medida cautelar otorgada a la demandante de reincorporarla de manera previsional para que finalmente se opte por declarar improcedente la demanda y se derive al juzgado de origen. Finalmente, es importante el presente trabajo toda vez que en el transcurso del proceso se puede observar el cumplimiento de un precedente vinculante y como este termina concluyendo con que la vía más idónea para resarcir el daño causado por la extinción del vínculo laboral en aquellos contratos desnaturalizados termina siendo la indemnización en el sector público. / Trabajo de suficiencia profesional

After a conceptual overview of the scope of the right to job stability, its relationship with other rights (right to work, right to access to employment, right to maintain employment) and its constitutional, international and legal regulation and the position of jurisprudence, the author goes on to discuss the complex picture presented to the employer before a decision to dismiss both from a legal perspective (compensation, replacement) and case law (damages, replacement) adding a paragraph called “others” the recount administrative consequences arising from said measure both labor (SUNAFIL) and tax (SUNAT) viewpoint. / Luego de un breve repaso conceptual de los alcances del derecho a la estabilidad laboral, su relación con otros derechos (derecho al trabajo, derecho de acceso al empleo, derecho a conservar el empleo) y su regulación constitucional, internacional y legal, así como la posición de la jurisprudencia, el autor pasa a comentar el complejo panorama que se presenta al empleador ante una decisión de despido tanto desde la óptica legal (indemnización, reposición) como jurisprudencial (indemnización por daños, reposición) añadiéndose un acápite denominado “otros” para las relatar las consecuencias administrativas que surgen de la indicada medida tanto desde la óptica laboral (SUNAFIL) como tributaria (SUNAT).

After presenting the evolution of labor stability law in Peru, public and private scopes of the right to work are described allowing the Constitutional Court redefine dismissal regime (working stability of exit), in general, and specifying temporary recruitment regime (working stability of entry). Redefinition of dismissal legal framework is analyzed from constitutional and judicial case law stressing solved and pending issues. / Tras presentar la evolución del derecho de estabilidad laboral en el Perú, se precisan los alcances públicos y privados del derecho al trabajo, que permitieron al Tribunal Constitucional redefinir el régimen del despido (estabilidad laboral de salida), en general, y comenzar a precisar el régimen de contratación temporal (estabilidad laboral de entrada). Se analiza la redefinición del marco jurídico del despido a partir de la jurisprudencia constitucional y judicial, poniendo en relieve los temas resueltos y los pendientes.