En el marco del caso de la “barrera electoral” (un tema de derecho electoral) el presente trabajo tiene los siguientes principales objetivos: 1) analizar cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional por el que llega a la conclusión que la barrera electoral establecida por la Ley N° 28617, no es inconstitucional; 2) precisar los conceptos que maneja el Tribunal Constitucional sobre un cierto número de instituciones jurídicas centrales (necesarios para la resolución de este tipo de casos), como son, inter alia: el principio democrático, el principio de soberanía popular, la democracia representativa, el sistema de representación proporcional, y el derecho fundamental a la participación política; 3) demostrar que el Tribunal Constitucional estaría manejando conceptos restrictivos sobre estas materias constitucionalmente relevantes debido, en parte, a una singular concepción que ha desarrollado sobre el principio de soberanía popular, que no corresponde a la significación usualmente atribuida a este principio, también establecido por la Constitución, de la que se aparta; y 4) determinar que, bajo una redefinición de conceptos, en particular, tomando en cuenta la concepción más amplia, y generalmente aceptada, del derecho fundamental a la participación política, la barrera electoral de 5%, sí sería inconstitucional.

El presente caso se analiza la Resolución N° 987-2012-JNE emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual, en el marco del procedimiento administrativo de verificación de firmas de adherentes para la revocatoria de autoridades a cargo de RENIEC, emite pronunciamiento en última instancia revocando el acto administrativo que deniega la verificación de un último lote de firmas por extemporáneo. El administrado y recurrente es el promotor de la revocatoria de la entonces alcaldesa de la ciudad de Lima y los 39 regidores metropolitanos, Carlos Vidal Vidal. Se busca, en primer lugar, analizar la legalidad de las actuaciones administrativas efectuadas por Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC durante el procedimiento administrativo especializado de verificación de firmas para la revocatoria de autoridades (actas de comprobación automática y semiautomática). Por otro lado, se busca analizar la naturaleza del control jurisdiccional que realiza el JNE y, asimismo, determinar si el error en una actuación administrativa puede generar derechos en los administrados. Finalmente, se concluye indicando que el JNE no resolvió el recurso de impugnación del acto administrativo respetando la Ley de Procedimiento Administrativo General al otorgarle eficacia jurídica a una actuación administrativa informativa. Asimismo, el JNE debió actuar de acuerdo a la materia del caso, es decir, la naturaleza del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, por tanto, el respeto al principio de juridicidad y legalidad, así como a las potestades administrativas de RENIEC. / This legal report analyzes Resolution No. 987-2012-JNE issued by the National Elections Jury, which, within the framework of the administrative procedure for verifying the signatures of adherents for the revocation of authorities in charge of RENIEC, issues a statement in last resort by revoking the administrative act that denies the verification of a last batch of signatures due to untimeliness. The administrator and appellant is the promoter of the recall process of the mayor of Metropolitan Lima and the 39 metropolitan councilors, Carlos Vidal Vidal. It seeks, first of all, to analyze the legality of the acts and administrative actions carried out by the National Registry of Identification and Civil Status - RENIEC in the specialized administrative procedure for verifying signatures for the revocation of authorities (automatic and semi-automatic verification minutes). On the other hand, it seeks to analyze the nature of the jurisdictional control carried out by the JNE and, likewise, determine if the error in an administrative action can generate rights in those administered. Finally, it is concluded by indicating that the National Elections Jury did not resolve the appeal to challenge the administrative act respecting the General Administrative Procedure Law by granting legal effectiveness to an informative administrative action. Likewise, the JNE had to act according to the subject matter of the case, that is, the nature of jurisdictional control of administrative actions, therefore, respect for the principle of juridity and legality, as well as the administrative powers of RENIEC.