Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Analiza el derecho constitucional de la revocatoria al mandato de los congresistas a partir de la aplicación de una encuesta aplicada a los maestristas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Plantea que la implementación de la revocatoria del mandato de los congresistas incidiría en el prestigio institucional del Congreso de la República del Perú, influiría en el buen ejercicio de la función congresal y coadyuvaría en la consolidación de la democracia. / Tesis

La expropiación forzosa o directa es una figura jurídica, en la que se restringe el derecho de propiedad; transfiriendo forzosamente la propiedad privada al Estado. No obstante, esta figura no alcanza a numerosas situaciones en las que también se afecta el derecho de propiedad y que tienen un efecto análogo privativo al de la expropiación forzosa. De ahí que, coge eminencia desde el Derecho Internacional de las Inversiones, la expropiación indirecta, la misma que alude a lesiones graves materializadas a través de actos emitidos por el Estado que inciden sustancialmente sobre la propiedad del inversionista. Estas situaciones análogas a la expropiación forzosa someten a un estado de desprotección a los inversionistas que no cuentan con los estándares de protección incluidos en Tratados Internacionales u otros mecanismos de protección como los Contratos Ley o Convenios de Inversión, respecto de aquellas situaciones de expropiación indirecta, provocando que no obtengan resarcimiento alguno por dichas intervenciones nacidas del Estado y materializadas en normas o actos desproporcionados. Así, partiendo de que la expropiación indirecta es una realidad irrefutable, consideramos que no debe optarse por regular expresamente la expropiación indirecta en el Perú, sino que se debe de profundizarse en la importancia de la revocación como figura jurídica de protección a los inversionistas, independientemente si estos son inversionistas extranjeros o nacionales y promover que su regulación sea especifica respecto a la indemnización por revocación. En ese sentido, el presente artículo académico da a conocer al lector un panorama acerca de en qué consiste la revocación como figura institución de derecho administrativo, bajo qué supuestos esta cubre la regulación de expropiación indirecta y ahonda en su relevancia como figura de protección para los inversionistas privados.

La libre iniciativa privada, el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia están reguladas en la Constitución Política del Perú, por lo que el Estado es el encargado para velar por el respeto y tutela de estos derechos. Sin embargo, el ejercicio de estas libertades no es irrestricto, pues, a fin de proteger los intereses de la sociedad, los agentes económicos deberán cumplir con disposiciones dictadas por la administración tales como requisitos, exigencias, prohibiciones, cobros, etc., conocidas como barreras burocráticas. Estas pueden ser perjudicables cuando se emiten sin considerar el marco legal vigente o cuando no es proporcional al interés público a tutelar. Frente a ello, el INDECOPI es el encargo de verificar dichas arbitrariedades a través de controles de legalidad y razonabilidad inaplicando, en varias oportunidades, normas que afecten a los agentes económicos el acceso o la permanencia en el mercado. En el presente informe jurídico se analiza el Expediente N°080-2009/CEB, procedimiento administrativo seguido por la empresa El Purgatorio S.A.C contra la Municipalidad de Miraflores. El objetivo del informe jurídico es determinar si la restricción de horarios de funcionamiento recaída en la Ordenanza N°263-MM configura una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. A tal efecto, la autora aborda temas tales como las atribuciones y competencias de las Municipalidades y de la Comisión de Eliminación de Barreras burocráticas, la revocación del acto administrativo y la metodología del análisis de legalidad y razonabilidad (interés público, proporcionalidad y medida menos gravosa). Para el desarrollo del informe se utiliza doctrinas nacionales e internacionales, así como diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del INDECOPI, concluyendo, que las restricciones de horarios de funcionamiento configuran una barrera burocrática carente de razonabilidad. / Free private initiative, the right to freedom of enterprise and free competition are regulated in the Political Constitution of Peru, for which the State is in charge of ensuring respect and protection of these rights. However, the exercise of these freedoms is not unrestricted, since, in order to protect the interests of society, economic agents must comply with provisions issued by the administration such as requirements, demands, prohibitions, charges, etc., known as bureaucratic barriers. These can be harmful when they are issued without considering the current legal framework or when it is not proportional to the public interest to protect. Faced with this, INDECOPI is in charge of verifying said arbitrariness through the analysis of legality and reasonableness, failing to apply, on several occasions, regulations that affect economic agents' access or permanence in the market. This legal report analyzes File No. 080-2009/CEB, an administrative procedure followed by the company El Purgatorio S.A.C against the Municipality of Miraflores. The objective of the legal report is to determine if the restriction of operating hours relapsed in Ordinance No. 263-MM configures an illegal bureaucratic barrier and / or care of reasonableness. To this end, the author addressed issues such as the powers and competencies of the Municipalities and the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers, the revocation of the administrative act and the methodology of the analysis of legality and reasonableness (public interest, proportionality and less serious measure). For the development of the report, national and international doctrines are used, as well as various pronouncements of the Constitutional Court and INDECOPI, concluding that the restrictions on operating hours constitute a bureaucratic barrier that is unreasonable.

Este informe se centra en el análisis jurídico de la Casación Nº 2689-2019 DEL SANTA emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el cual se resuelve la problemática entorno a la infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, y del artículo 950 del Código Civil. Para ello, se tomará en cuenta lo resuelto por las sentencias de primera y segunda instancia, y en la casación, con el propósito de poder identificar problemas jurídicos, los cuales pasarán a ser resueltos con posterioridad. De acuerdo a lo señalado, el análisis gira entorno a dilucidar si se ha infringido el derecho al debido proceso, a la prueba y a la debida motivación de sus resoluciones, lo cual conllevará a que se invalide el derecho de una de las partes. En el caso en concreto, se alega que la sentencia de segunda instancia solo se ha basado en presunciones para considerar que el demandante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil, por ello, se pide que la Sala Superior valore en forma objetiva si el demandante cumplió a cabalidad con cada uno de los requisitos de los artículos ya señalados

El presente caso se analiza la Resolución N° 987-2012-JNE emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual, en el marco del procedimiento administrativo de verificación de firmas de adherentes para la revocatoria de autoridades a cargo de RENIEC, emite pronunciamiento en última instancia revocando el acto administrativo que deniega la verificación de un último lote de firmas por extemporáneo. El administrado y recurrente es el promotor de la revocatoria de la entonces alcaldesa de la ciudad de Lima y los 39 regidores metropolitanos, Carlos Vidal Vidal. Se busca, en primer lugar, analizar la legalidad de las actuaciones administrativas efectuadas por Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC durante el procedimiento administrativo especializado de verificación de firmas para la revocatoria de autoridades (actas de comprobación automática y semiautomática). Por otro lado, se busca analizar la naturaleza del control jurisdiccional que realiza el JNE y, asimismo, determinar si el error en una actuación administrativa puede generar derechos en los administrados. Finalmente, se concluye indicando que el JNE no resolvió el recurso de impugnación del acto administrativo respetando la Ley de Procedimiento Administrativo General al otorgarle eficacia jurídica a una actuación administrativa informativa. Asimismo, el JNE debió actuar de acuerdo a la materia del caso, es decir, la naturaleza del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, por tanto, el respeto al principio de juridicidad y legalidad, así como a las potestades administrativas de RENIEC. / This legal report analyzes Resolution No. 987-2012-JNE issued by the National Elections Jury, which, within the framework of the administrative procedure for verifying the signatures of adherents for the revocation of authorities in charge of RENIEC, issues a statement in last resort by revoking the administrative act that denies the verification of a last batch of signatures due to untimeliness. The administrator and appellant is the promoter of the recall process of the mayor of Metropolitan Lima and the 39 metropolitan councilors, Carlos Vidal Vidal. It seeks, first of all, to analyze the legality of the acts and administrative actions carried out by the National Registry of Identification and Civil Status - RENIEC in the specialized administrative procedure for verifying signatures for the revocation of authorities (automatic and semi-automatic verification minutes). On the other hand, it seeks to analyze the nature of the jurisdictional control carried out by the JNE and, likewise, determine if the error in an administrative action can generate rights in those administered. Finally, it is concluded by indicating that the National Elections Jury did not resolve the appeal to challenge the administrative act respecting the General Administrative Procedure Law by granting legal effectiveness to an informative administrative action. Likewise, the JNE had to act according to the subject matter of the case, that is, the nature of jurisdictional control of administrative actions, therefore, respect for the principle of juridity and legality, as well as the administrative powers of RENIEC.