El derecho registral es una especialidad jurídica que se ha venido evolucionando desde hace muchos años, sin embargo en el Perú estos últimos años ha evolucionado con mayor rapidez e interés debido a la necesidad de celebrar negocios, actos y relaciones jurídicas entre terceros, generado por el crecimiento económico de Latinoamérica y del país, principalmente por el desarrollo inmobiliario, debido a que el derecho registral, o mejor dicho la actividad registral brindad a terceros la certidumbre, confianza y seguridad fundamentales para realizar negocios que coadyuven al desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país está generando la necesidad civil y política de desarrollar la infraestructura del país, por lo que se espera que en el trascurso de los próximos años se generen grandes obras públicas y para ello el estado se verá, inevitablemente, en la obligación de utilizar la figura de la expropiación para salvaguardar el desarrollo del proyecto de inversión de infraestructura. Asimismo, este gobierno y los anteriores, en conjunción con el actual y prometedor desarrollo económico de nuestro país, han buscado desde siempre la formalización en el mercado inmobiliario, más aún por la importancia económica, social y política que tiene en un país. Es por ello, que será indiscutible la necesidad del uso de la figura de la expropiación para el desarrollo del país en los próximos años, es por ello que este trabajo procurará analizar la normativa de esta figura y su repercusión en el registro inmobiliario. / Trabajo académico

El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones tienen que soportar indebidamente intervenciones del Estado que afectan su esfera patrimonial, sin obtener resarcimiento alguno por ello. La expropiación indirecta o regulatoria es una realidad innegable que necesita de regulación adecuada y urgente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar impunidades y vulneraciones a los particulares, especialmente a los nacionales. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si en el caso de la Promotora e Inmobiliaria Townhouse contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (caso resuelto por el Tribunal Constitucional Peruano) se trató o no de una expropiación indirecta, debido a un reajuste de la zonificación del área donde Townhouse era propietaria de terrenos, asimismo también analizar y desarrollar los conceptos del derecho urbanístico presentes en el caso como lo es la zonificación y el derecho a edificar. Asimismo, la investigación realiza un desarrollo de los conceptos jurídicos más importantes como la expropiación directa e indirecta, conceptos del derecho urbanístico y los límites del derecho de propiedad, conceptos que no fueron analizados a profundidad en la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual nos lleva a concluir que en el caso había elementos que permitían determinar que no se estaba ante una expropiación indirecta

El derecho registral es una especialidad jurídica que se ha venido evolucionando desde hace muchos años, sin embargo en el Perú estos últimos años ha evolucionado con mayor rapidez e interés debido a la necesidad de celebrar negocios, actos y relaciones jurídicas entre terceros, generado por el crecimiento económico de Latinoamérica y del país, principalmente por el desarrollo inmobiliario, debido a que el derecho registral, o mejor dicho la actividad registral brindad a terceros la certidumbre, confianza y seguridad fundamentales para realizar negocios que coadyuven al desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país está generando la necesidad civil y política de desarrollar la infraestructura del país, por lo que se espera que en el trascurso de los próximos años se generen grandes obras públicas y para ello el estado se verá, inevitablemente, en la obligación de utilizar la figura de la expropiación para salvaguardar el desarrollo del proyecto de inversión de infraestructura. Asimismo, este gobierno y los anteriores, en conjunción con el actual y prometedor desarrollo económico de nuestro país, han buscado desde siempre la formalización en el mercado inmobiliario, más aún por la importancia económica, social y política que tiene en un país. Es por ello, que será indiscutible la necesidad del uso de la figura de la expropiación para el desarrollo del país en los próximos años, es por ello que este trabajo procurará analizar la normativa de esta figura y su repercusión en el registro inmobiliario.

El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones tienen que soportar indebidamente intervenciones del Estado que afectan su esfera patrimonial, sin obtener resarcimiento alguno por ello. La expropiación indirecta o regulatoria es una realidad innegable que necesita de regulación adecuada y urgente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar impunidades y vulneraciones a los particulares, especialmente a los nacionales.

La expropiación forzosa o directa es una figura jurídica, en la que se restringe el derecho de propiedad; transfiriendo forzosamente la propiedad privada al Estado. No obstante, esta figura no alcanza a numerosas situaciones en las que también se afecta el derecho de propiedad y que tienen un efecto análogo privativo al de la expropiación forzosa. De ahí que, coge eminencia desde el Derecho Internacional de las Inversiones, la expropiación indirecta, la misma que alude a lesiones graves materializadas a través de actos emitidos por el Estado que inciden sustancialmente sobre la propiedad del inversionista. Estas situaciones análogas a la expropiación forzosa someten a un estado de desprotección a los inversionistas que no cuentan con los estándares de protección incluidos en Tratados Internacionales u otros mecanismos de protección como los Contratos Ley o Convenios de Inversión, respecto de aquellas situaciones de expropiación indirecta, provocando que no obtengan resarcimiento alguno por dichas intervenciones nacidas del Estado y materializadas en normas o actos desproporcionados. Así, partiendo de que la expropiación indirecta es una realidad irrefutable, consideramos que no debe optarse por regular expresamente la expropiación indirecta en el Perú, sino que se debe de profundizarse en la importancia de la revocación como figura jurídica de protección a los inversionistas, independientemente si estos son inversionistas extranjeros o nacionales y promover que su regulación sea especifica respecto a la indemnización por revocación. En ese sentido, el presente artículo académico da a conocer al lector un panorama acerca de en qué consiste la revocación como figura institución de derecho administrativo, bajo qué supuestos esta cubre la regulación de expropiación indirecta y ahonda en su relevancia como figura de protección para los inversionistas privados.

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar la expropiación del predio “Pampa Libre” o “Puente Piedra”, realizada durante la Reforma Agraria. Este tendrá por finalidad principal determinar si dicho procedimiento se dio de conformidad con la normativa entonces vigente, así como en concordancia con las garantías previstas durante dicho periodo. Para ello, recurriremos a base normativa entonces vigente, revisión de diversos pronunciamientos judiciales de realizados durante dicha época, así como la revisión de bibliografía de la época y actual. Posteriormente, sobre la base de las conclusiones alcanzadas y algunos elementos adicionales, propondremos algunas posibles alternativas que consideramos coadyuvarían a tutelar los intereses de los titulares de los entonces titulares del predio, ya sea en el marco del proceso de mejor derecho de propiedad, planteado en contra de la empresa Los Portales S.A. o a través de un nuevo proceso / The main purpose of this paper is to analyze the expropriation of the "Pampa Libre" or "Puente Piedra" property, carried out during the Agrarian Reform. Its main purpose is to determine whether this procedure was carried out in accordance with the regulations in force at the time, as well as in accordance with the guarantees provided during that period. For this purpose, we will resort to the normative basis then in force, review of several judicial pronouncements made during that period, as well as the review of the bibliography of that time and the current one. Subsequently, on the basis of the conclusions reached and some additional elements, we will propose some possible alternatives that we consider would help to protect the interests of the then owners of the property (the Schneidewind family), either within the framework of the process of better property rights, filed against the company Los Portales S.A. or through a new process

El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano, desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha falta hace en la lucha contra la criminalidad. / Organized crime and activities related to serious crimes, generate a criminal or unlawful property consisting of movable and immovable property, products, actions, companies, and other property rights, where the effectiveness of criminal law, beyond personal sanction, seizure or confiscation, fails to deprive and affect that criminal heritage or property rights that are intended for illicit activities, leaving a sense of impunity. That is why States are constantly seeking to combat this scourge that causes profound socio-economic damage. An important tool, which seeks to strike and affect the assets of criminal organizations and criminal groups, is the termination of dominance, which is independent of criminal action, does not seek personal sanction; seeks to extinguish property rights of illicit origin or for illicit purposes, without any consideration in favor of the State. However, we propose that its recent implementation and adaptation to Peruvians legal system, since the second half of 2018, could highlight some anti-constitution regulatory provisions such as due process, the presumption of innocence, among others, which could ultimately directly affect the right to property, which have a constitutional basis, while the domain-extinguishing figure does not. Therefore, our goal is to make an analysis of the fundamental right to property, in the face of the process of termination of dominance and to notice some inconsistencies and deficiencies in the experience of Latin American countries such as Colombia and Mexico that have modified their fundamental letters and complemented their maturity through their Supreme Courts, to avoid arbitrariness and ensure the full validity of the fundamental right to property and other fundamental rights within a rule of law and continue with the autonomy of the much-needed domain extinction process in the fight against crime.

Sociedad Agrícola San Agustín S.A. recibió indemnización justipreciada por la expropiación de uno de sus inmuebles, luego realizó los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses mayo y julio del ejercicio 2011 bajo protesto. Posteriormente, presentó demanda de amparo contra el artículo 5º de la Ley del Impuesto a la Renta, debido a que consideró que dicho artículo califica a la expropiación como una enajenación, por lo cual recibe el tratamiento tributario de una ganancia de capital gravada con el impuesto. El presente informe jurídico analiza a la sentencia del Tribunal Constitucional No. 00319-2013-PA/TC que resolvió el referido caso a partir de un enfoque del Derecho Procesal Constitucional, Derecho Tributario y Derecho Constitucional Tributario. Por un lado, se evaluará la procedencia de la demanda de amparo presentada. Por otro lado, se analizará si la indemnización justipreciada recibida es renta gravada con el Impuesto a la Renta, así como la constitucionalidad de gravarlo con el referido impuesto. Además, el análisis tomará en cuenta la especial naturaleza de la expropiación al ser una transferencia forzosa cuyo objetivo es alcanzar la indemnidad del propietario y el equilibrio económico, es decir, mantenerlo en la situación que se encontraba con anterioridad a la expropiación.

El caso que se analiza está relacionado con una expropiación realizada en 1972 en el marco del Decreto Ley N°17716 o también llamada Ley de Reforma Agraria. Este antiguo propietario y su hijo interponen una demanda de amparo que llega al Tribunal Constitucional, buscando restituir su derecho de propiedad. Asimismo, se realizó un enfoque no solo jurídico, sino también desde la perspectiva histórica y social más amplia del contexto de los años 50´s y 60´s en el Perú, en el cual se producen masivas recuperaciones de tierras de parte de comunidades y del campesinado. Finalmente, las principales normas utilizadas son la Constitución Política del Perú de 1933, así como el Decreto Ley N°17716 y sus diversos antecedentes normativos. / The case being analyzed is related to an expropriation carried out in 1972 within the framework of Decree Law No. 17716 or also called the Agrarian Reform Law. This former owner and his son filed a claim that reached the Constitutional Court with the objective to restore their right to property. Likewise, an approach was made not only legal, but also from the broader historical and social perspective of the context of the 50's and 60's in Peru, in which massive land recuperations were produced by communities and the peasantry. Finally, the main norms used are the Political Constitution of Peru of 1933, as well as Decree Law No. 17716 and its various regulatory backgrounds.