La presente tesis sobre la Constitución de Cádiz y su influencia en el derecho municipal peruano se justifica en la necesidad de establecer que nuestro municipalismo es fruto del liberalismo de la carta gaditana, que tuvo, a su vez, como fuente el contexto político e histórico anterior a la carta, que originó el decaimiento del antiguo régimen y, con ello, la concepción del monarca como gobernante omnímodo, cuya legitimidad era divina, sin participación del pueblo. El objetivo de la investigación es establecer la ligazón, el nexo entre política y Constitución, en la medida que el contexto político (la invasión de Napoleón) originó que se dé un instrumento normativo que encauce el poder político; y así se evidencia que nuestra hipótesis es que el poder político necesita delimitarse. Otro objetivo es evidenciar que la influencia ideológica de la Constitución de Cádiz se trasladó a la búsqueda de la emancipación política de nuestro país. La teoría de la investigación es que los postulados ideológicos de la Constitución de Cádiz terminaron por derrumbar la idea del poder como designio de Dios y dieron lugar a una descentralización del poder político mediante una nueva organización territorial del Estado, donde la democracia se inicia en los pueblos y el municipio es un órgano de gobierno local. Los resultados de la investigación nos permiten sostener que el municipio como órgano de gobierno local es fruto de la concepción liberal de la Constitución de Cádiz, y que perdura a lo largo del tiempo. Finalmente, la conclusión de la tesis es que el municipalismo en el Perú es fruto de la concepción ideológica de la Constitución de Cádiz, que no solo descentralizó el poder político, sino fundamentalmente, legitimó éste a través del sufragio, convirtiendo al súbdito de antes por el ciudadano de ahora.

El presente trabajo analiza el proceso de amparo iniciado por la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A. contra una ordenanza municipal expedida por la Municipalidad Provincial de Nazca, que aprobó un Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de San Juan de Marcona. A raíz de este instrumento, se desata un conflicto entre la empresa y el gobierno local, vinculado al desarrollo y continuidad de las actividades mineras en el distrito, pues la ordenanza municipal clasificó a los terrenos otorgados en concesión minera como “urbanos” y de “expansión urbana”, y estableció una regulación urbanística particularmente restrictiva al desarrollo industrial minero. Los problemas jurídicos que se desprenden de este caso son analizados desde dos perspectivas. Primero, del análisis abstracto de la constitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano, conforme al marco constitucional, legal y reglamentario al cual se sujetan las competencias de los Gobiernos Locales, el desarrollo de la actividad minera y los instrumentos de planificación urbana. Segundo, del análisis concreto de los efectos de la norma sobre los derechos constitucionales de la empresa minera. De esta forma, se pudo concluir que la ordenanza municipal no cumplió con el procedimiento constitucional, legal y reglamentariamente establecido para la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano; y que, además, su contenido vulneró los derechos constitucionales a la libertad de empresa, libertad de industria y el derecho de propiedad de la empresa demandante. / This work analyzes the action for the protection of constitutional rights initiated by the mining company Shougang Hierro Perú S.A.A. against a municipal ordinance issued by the Provincial Municipality of Nazca, which approved an Urban Development Plan for the city of San Juan de Marcona. As a result of this instrument, a conflict arises between the company and the local government, related to the development and continuity of mining activities in the district. This stems from the municipal ordinance categorizing the lands granted in the mining concession as "urban" and "urban expansion", while simultaneously instituting particularly restrictive urban regulations pertaining to mining industrial development. The legal issues stemming from this case are scrutinized from two perspectives. Firstly, from an abstract analysis of the constitutionality of the municipal ordinance, in accordance with the constitutional, legal, and regulatory framework governing the competencies of Local Governments, the development of mining activity, and the approval of urban planning instruments. Secondly, from a concrete analysis of the norm's effects on the constitutional rights of the mining company. Consequently, it was determined that the municipal ordinance failed to adhere to the constitutionally, legally, and regulatory established procedure for approving an urban planning instrument. Moreover, its content infringed the constitutional rights to freedom of enterprise, freedom of industry, and the right to property of the plaintiff company.

El principal problema del presente trabajo académico es determinar, si ¿es constitucionalmente valido aplicar las causales de vacancia de alcalde recogidas en la LOM y causales de vacancia de gobernador regional de la LOGR, al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, atendiendo a si su conducta se enmarca en una atribución recogida en la LOGR o en la LOM? El objetivo del presente trabajo es determinar cuál es la correcta aplicación legal para el alcalde de la MML, atendiendo a su característica de régimen especial, y, en consecuencia, determinar su naturaleza y régimen jurídicos aplicable, a partir de lo desarrollado por la defensa del caso de vacancia al señor Muñoz. En ese sentido, sostenemos que no es constitucionalmente válido aplicar indistintamente las causales de vacancia recogidas en la LOM y la LOGR, aun cuando la conducta del alcalde de la MML se enmarque dentro de una atribución recogida en la LOGR, puesto que, aunque la MML desempeñe funciones regionales, el alcalde de la MML no debe ser considerado como un gobernador regional, ya que, a partir de un análisis normativo y jurisprudencial, se debe concluir que el alcalde de la MML, no tiene el régimen jurídico de gobernador regional, sino únicamente de alcalde, por lo tanto, las causales de vacancia que se le aplican siempre serán las recogidas en el artículo 22 de la LOM y bajo ningún supuesto se aplicarán las causales de vacancia recogidas en la LOGR. / The main problem of this academic project, is to determine, if, it’s constitutionally valid to apply the causes of vacancy directed to the Mayor (LOM) and the causes of vacancy of Regional Governor (LOGR), to the Mayor of the metropolitan municipality of Lima, taking into account whether his conduct fits inside an attribution included in the LOGR or the LOM? So, the objective of this work is to determine which is the correct legal application for the mayor of the MML, taking into account its special regime characteristic, and, consequently, determine which is its legal nature and applicable legal regime, basing our analysis on what has been developed by the defense of the vacancy case to Mr. Muñoz. In that sense, we affirm that it is not constitutionally valid to apply the causes of vacancy included in the LOM and the LOGR in an indistinct way, even when the conduct of the mayor of the MML fits inside of a power included in the LOGR, because, although the MML develops regional functions as well, the truth is that mayor of the MML can not be considered as a regional governor, since, the mayor of the MML does not have the legal status of regional governor, but rather only as mayor, therefore, the causes of vacancy that are applied to him, will always be those ones that are included in the article 22 of the LOM, and under no circumstances could be applied the ones that are in the LOGR. / Trabajo académico

En el presente informe abordamos el Exp. No. 00048-2021/CEB, en el cual se analiza como cuestión principal la potencial imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad por parte de la Municipalidad Distrital de Miraflores a través de las Ordenanzas No. 287-MM y 554-MM, en las que se dispone, entre otras cosas, la prohibición de despliegue de infraestructura aérea de telecomunicaciones. Para resolver tal cuestión, recurrimos a diversas instituciones del derecho administrativo, con miras a determinar qué competencias han sido atribuidas por nuestro ordenamiento jurídico a las municipalidades para emitir disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones, además de cómo se relaciona la autonomía normativa edilicia con las disposiciones reservadas para la regulación del gobierno central. Finalmente, abordamos la importancia de adoptar una postura garantista de cara a facilitar a los administrados el acceder al análisis de razonabilidad en el marco de la metodología de análisis de barreras burocráticas del Indecopi. Ello para que no se vea limitada su posibilidad de cuestionar la pertinencia de las normas impuestas, ni la del Indecopi de hacer un control regulatorio posterior. A través ello, concluimos que las medidas cuestionadas importan una barrera burocrática carente de razonabilidad al no haberse acreditado que se haya valorado adecuadamente el impacto en los administrados. / In this report, we address Case 00048-2021/CEB, in which the main issue analyzed is the potential imposition of illegal and/or unreasonable bureaucratic barriers by the Municipalidad Distrital de Miraflores through Ordinances No. 287- MM and 554-MM, which, among other things, forbidden the deployment of aerial telecommunications infrastructure. To resolver this topic, we refer to various administrative law institutions to determine which competencies have been attributed by our legal system to municipalities to issue normative provisions in the field of telecommunications, as well as how municipal regulatory autonomy relates to provisions reserved for central government regulation. Finally, we address the importance of adopting a guarantee-based approach to facilitate citizens’ access to the reasonableness analysis within the framework of Indecopi’s bureaucratic barriers analysis methodology. This is to ensure that their ability to question the relevance of the imposed regulations is not limited, nor is Indecopi’s ability to conduct subsequent regulatory control. Through this, we conclude that the challenged measures constitute an unreasonable bureaucratic barrier, as it has not been demonstrated that the impact on citizens has been adequately assessed.