Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es en el siglo XX y con el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza a dar en el ámbito del derecho internacional público una expansión del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual se traduce en una proliferación de tratados, declaraciones y resoluciones que se refieren a los derechos fundamentales y que consagran, respecto de todas las personas, derechos civiles y políticos, así como también derechos económicos, sociales y culturales. No obstante lo anterior, en décadas más recientes la tendencia a nivel internacional ha sido hacia una cada vez mayor especialización de los derechos humanos, particularmente respecto de aquellos grupos o sectores que identificamos como especialmente vulnerables respecto de los demás o que, por factores históricos o culturales, sufren de discriminación en la sociedad.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente las RSE muestran por lo menos tres problemas: la validez del principio de legalidad en las actuaciones de la Administración, la validez de los derechos fundamentales, y la cuestión de la protección jurídica . La categoría de las RSE me interesa abordarla para el caso chileno desde la óptica del segundo problema: el de los derechos fundamentales. Es aquí donde quizás tenga más fruto el análisis de las RSE, por cuanto los titulares de derechos fundamentales que se encuentran en una relación jurídica de este tipo, experimentan una tensión constante entre la función que deben cumplir exigida por la finalidad de cada RSE y los derechos fundamentales. Con este trabajo pretendo contribuir a esa labor que implica la construcción de una dogmática general de los derechos fundamentales en nuestro país. Aunque el concepto sea desconocido en la doctrina nacional, parafraseando a García Macho, sí existen en nuestro ordenamiento jurídico funcionarios públicos, soldados, estudiantes y presos sometidos al ámbito de la Administración, quienes ven restringidos sus derechos fundamentales . Además, aparte de estas RSE ‘clásicas’, con el advenimiento del Estado de Compromiso podríamos encontrar RSE ‘modernas’ como las relaciones hospitalarias, de seguridad social, y los colegios profesionales . Por ende, la relevancia práctica del asunto salta a la vista, y lo ilustra dicho autor de la siguiente forma: Conforme a esta lista no exhaustiva, se evidencia que el ciudadano a lo largo de su vida, de forma permanente, está vinculado a una institución sujeta a una relación de especial sujeción. En estas condiciones, si la Administración pudiese actuar con libertad en ese ámbito y ser autorresponsable, el administrado o ciudadano no gozaría de ninguna seguridad jurídica y no podría hablarse de la existencia de un Estado de Derecho. En las últimas décadas la Administración y el individuo se han aproximado progresivamente, de tal forma que en la actualidad la relación Estado-ciudadano se caracteriza por la dependencia de este último de las prestaciones estatales en sus diversas manifestaciones. Este trabajo será dividido de la siguiente manera. En primer lugar, se verá la evolución histórica de la categoría así como de los diversos escenarios jurídicos en que se ha desarrollado. En segundo lugar, se discutirá sobre la evaluación actual que existe sobre su utilidad como categoría dogmática y la posible relevancia de introducirla en nuestro derecho constitucional, dado que ha sido desarrollada en el derecho comparado y, por tanto, resulta ajena a nuestra tradición jurídica. Finalmente, bajo el alero de la Constitución chilena se intentará identificar aquellos supuestos en los cuales un titular de derechos fundamentales se encontraría sometido a una relación de sujeción especial, y en particular, se analizará la jurisprudencia y doctrina que resulte relevante en aquellas posibles hipótesis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo consiste en determinar si los niños, niñas y adolescentes pueden interponer de manera autónoma la acción de protección, y si, por tanto, poseen el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. Además analizaremos si es posible que los menores de edad sean sujetos pasivos de la acción de protección. La necesidad de estudiar este tema surge a partir del interés que nos sucita el caso “Sabá Catalán con Tribunal de Alumnos del Instituto Nacional”, el único que a la fecha hemos identificado, en que un menor de edad interpone por sí mismo una acción de protección en contra del Tribunal de Alumnos del colegio en que estudiaba, representado también por un menor de edad. Del estudio de las normas que regulan la acción de protección se desprenden dos posibles interpretaciones, una de las cuales no lleva a concluir indefectiblemente que los menores de 18 años no pueden interponer por sí mismos la acción de protección y otra conforme con la cual podemos afirmar lo contrario. Para determinar cuál de las antedichas interpretaciones es la correcta, nos valdremos de ciertos principios y normas que consideramos relevantes en el marco de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, los que nos permitirán inclinarnos por alguna de estas posturas, dando así, respuesta a la pregunta central de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación memorística trata del e-mail laboral en Chile, temática que, no obstante, ser de gran relevancia y actualidad, particularmente a partir del uso generalizado del correo electrónico en las empresas, no ha sido aún objeto de un adecuado tratamiento por parte de nuestro ordenamiento jurídico. El capítulo primero lo dedicaremos al tratamiento de dos materias, que, si bien introductorias, nos resultarán de gran utilidad para alcanzar una adecuada comprensión del fenómeno del e-mail laboral: en primer lugar analizaremos al correo electrónico, en sus diversos aspectos y particularidades; luego, realizaremos un intento por contextualizar su introducción y masificación el ámbito laboral. En el capítulo segundo de nuestra memoria, nos adentraremos en el e-mail laboral propiamente dicho, así como en las diversas problemáticas e interrogantes que se han planteado a su respecto. Entre otras, analizaremos: la licitud de su uso para fines extralaborales; las eventuales responsabilidades que podrían derivarse para el empresario como consecuencia de su utilización en la empresa; y, finalmente, identificaremos al correo electrónico como potencial fuente de tensiones entre la potestad jurídica de mando del empleador y los derechos fundamentales de los trabajadores. Durante el capítulo tercero, desarrollaremos el tema de los derechos fundamentales en la empresa, para a continuación, detenernos en aquellas garantías constitucionales que presentan una mayor vinculación con el correo electrónico. Asimismo, recurriremos al Derecho Constitucional en busca de respuestas sobre cómo afrontar y resolver la tensión entre la potestad jurídica de mando del empleador y los derechos fundamentales de los trabajadores. Finalmente, en el capítulo cuarto, abordaremos las distintas manifestaciones que, a propósito del e-mail laboral, adquiere la tensión a que nos hemos estado refiriendo, prestando una particular atención al conflicto que se suscita con ocasión de la Facultad de Control del empresario.

En esta línea, el trabajo que se expone a continuación constituye una investigación cualitativa y exploratoria, que analizará dos problemas ambientales en el ámbito local, teniendo en cuenta su dimensión política y social. Para ello se identificarán las características de los problemas, los actores involucrados y los mecanismos desarrollados para su comprensión y abordaje, desde la perspectiva de las organizaciones ciudadanas, el sector público y el sector privado. Se tomará como referencia una comunidad de la Comuna de Cerro Navia, conocida como la Villa Montijo Norte, que está en contacto directo con dos focos de conflicto ambiental: contaminación atmosférica y contaminación por residuos sólidos domiciliarios . Se han escogido estos dos conflictos por su carácter crítico en términos de los problemas ambientales y territoriales que afectan a la Región Metropolitana desde hace al menos dos décadas.