La historia nos muestra los conflictos entre Estados poderosos y su obsesión por tener un ejército cada vez más eficiente. Para ello han recurrido a diversos métodos, tales como los entrenamientos desde edad infantil, la insensibilización al terror o la promoción de la crueldad en grupos de élite de varias culturas. En el tiempo que nos ha tocado vivir, este interés del mejoramiento militar ya no se fija exclusivamente en el uso de la fuerza física o de armas cinéticas. El avance de las ciencias ha revolucionado de forma rápida el paisaje social en todas sus manifestaciones, obviamente estas se producen en países industrializados con la capacidad tecnológica y económica. Una de las áreas con mayor desarrollo ha sido la neurociencia, ciencia encargada de estudiar “el sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal) y periférico (redes nerviosas en todo el cuerpo) así como de la evolución de la comprensión del pensamiento humano, la emoción y el comportamiento” (Society for Neuroscience, 2012). Tal es el grado de descubrimientos, que la inversión por parte de las potencias y empresas en esta área se ha incrementado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si bien este uso bélico de las neurociencias no es un evento espontaneo y totalmente novedoso, podemos ubicar su punto de partido a mediados del siglo pasado, época en la cual se producen experimentos de resistencia física y mental, en la mayoría de casos sin consentimiento del sujeto, o como lo ocurrido en Reino Unido durante la década del cincuenta, reseñado en el informe Brain Waves , cuando se inició los estudios de agentes químicos incapacitantes, en especial psicotrópicos para programas militares, resaltando los trabajos en Porton Down con productos químicos, tales como los derivados de glicolato, que actúan sobre el sistema nervioso parasimpático. (Royal Society, 2012) En los últimos años, la desclasificación del Proyecto 112 (De Martos, 2012), muestra las pruebas que se hacían en soldados con el incapacitante BZ o el alucinógeno LSD, así como otros compuestos químicos para probar antídotos, medir su potencial destructivo y determinar si era posible controlar el cerebro humano, todo ello orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Ejército de Estados Unidos, comprometiéndose a varios científicos de la Universidad de Oklahoma. (Bonete 2010) / Tesis

La comunidad internacional en los últimos años ha conocido los conflictos más atroces y cruentos de su historia, no tanto por la guerra entre Estados sino por los conflictos al interior de los mismos y las luchas internas. Esos conflictos sumados a otras causas como los desastres naturales o producidos por el hombre han originado cerca de 25 millones de refugiados y más de 30 millones de desplazados internos a nivel mundial. Desde el final de la Guerra Fría, un creciente número de personas se han visto forzadas a abandonar su lugar habitual de residencia. Aunque algunos encuentren amparo en un país distinto, muchos otros permanecen dentro de las fronteras de su país y a ellos se les denomina desplazados internos. Mientras que los refugiados cuentan con un sistema de protección y asistencia, aquellos que no han cruzado los límites del Estado y que por lo tanto están bajo la jurisdicción doméstica y la soberanía del Estado afectado, carecen de un régimen legal e institucional a nivel internacional que los atienda. A pesar de que el número de desplazados en todo el mundo excede largamente al de refugiados, ningún organismo internacional está específicamente encargado de ellos. En comparación con el número de países que reportan refugiados, pocos son los que informan sobre sus desplazados internos. Un hecho importante a tener en cuenta es que el desplazamiento interno ocurre simultáneamente con el flujo de refugiados y no en lugar de éste. De ahí que es más probable que los desplazados internos sean cuantificados en aquellos países que generan refugiados, debido a que la atención internacional se encuentra en los últimos. Los conflictos armados, persecuciones, discriminaciones e intolerancias han sido y continúan siendo la principal causa de los desplazamientos forzosos, sean de refugiados o desplazados internos y han ocurrido desde tiempos ancestrales. Con la finalidad de que el tema del desplazamiento interno sea fácil de comprender es que la presente ha sido elaborada en tres partes, mediante las cuales se da un panorama de toda la problemática que envuelve al tema del desplazamiento. En el Título Primero, se desarrolla todo lo referente a la protección internacional a la persona humana, en la cual desde la perspectiva del Derecho Internacional y sus vertientes se trata de enfocar las relaciones existentes entre ellas y su aplicación en situaciones determinadas.

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Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán fallecieron calcinados en un contenedor metálico donde trabajaban en condiciones de esclavitud. Ellos no pudieron escapar de la prisión que era su centro de trabajo ya que eran encerrados con candado por su empleador. A través de un estudio detallado de esta tragedia ocurrida en la galería “Las Malvinas”, se analiza este caso como un ejemplo de esclavitud moderna y trata de personas en la modalidad de explotación laboral en el Perú. Para ello, la investigación se apoya en las herramientas y conceptos del derecho internacional de los derechos humanos para ayudar a comprender las causas de situaciones de trata de personas y trabajo forzoso en jóvenes como Jovi y Jorge Luis. Asimismo, partiendo del concepto de trabajo decente, se busca proponer soluciones desde las políticas públicas para erradicar o disminuir estas prácticas. Esta investigación usa herramientas teóricas como el enfoque basado en los derechos humanos y los elementos que componen el trabajo decente; herramientas normativas como leyes nacionales, internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre trata de personas y trabajo forzoso; y finalmente, herramientas prácticas como la revisión de diversas políticas públicas para encontrar oportunidades de mejora para entender y atacar las causas del trabajo forzoso en nuestro país. Lo antes dicho, permite una aproximación desde el concepto de trabajo decente para acceder a mayores mecanismos de protección y garantía contra violaciones de derechos humanos tan lesivas como el trabajo forzoso, especialmente en el sector de trabajo informal donde más abundan estas vulneraciones, buscando el reconocimiento de todos los trabajadores como seres humanos con dignidad.

La historia nos muestra los conflictos entre Estados poderosos y su obsesión por tener un ejército cada vez más eficiente. Para ello han recurrido a diversos métodos, tales como los entrenamientos desde edad infantil, la insensibilización al terror o la promoción de la crueldad en grupos de élite de varias culturas. En el tiempo que nos ha tocado vivir, este interés del mejoramiento militar ya no se fija exclusivamente en el uso de la fuerza física o de armas cinéticas. El avance de las ciencias ha revolucionado de forma rápida el paisaje social en todas sus manifestaciones, obviamente estas se producen en países industrializados con la capacidad tecnológica y económica. Una de las áreas con mayor desarrollo ha sido la neurociencia, ciencia encargada de estudiar “el sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal) y periférico (redes nerviosas en todo el cuerpo) así como de la evolución de la comprensión del pensamiento humano, la emoción y el comportamiento” (Society for Neuroscience, 2012). Tal es el grado de descubrimientos, que la inversión por parte de las potencias y empresas en esta área se ha incrementado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si bien este uso bélico de las neurociencias no es un evento espontaneo y totalmente novedoso, podemos ubicar su punto de partido a mediados del siglo pasado, época en la cual se producen experimentos de resistencia física y mental, en la mayoría de casos sin consentimiento del sujeto, o como lo ocurrido en Reino Unido durante la década del cincuenta, reseñado en el informe Brain Waves , cuando se inició los estudios de agentes químicos incapacitantes, en especial psicotrópicos para programas militares, resaltando los trabajos en Porton Down con productos químicos, tales como los derivados de glicolato, que actúan sobre el sistema nervioso parasimpático. (Royal Society, 2012) En los últimos años, la desclasificación del Proyecto 112 (De Martos, 2012), muestra las pruebas que se hacían en soldados con el incapacitante BZ o el alucinógeno LSD, así como otros compuestos químicos para probar antídotos, medir su potencial destructivo y determinar si era posible controlar el cerebro humano, todo ello orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Ejército de Estados Unidos, comprometiéndose a varios científicos de la Universidad de Oklahoma. (Bonete 2010)

Como parte de mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de participar de las actividades de una entidad pública en el marco de la visita al Perú del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, llevada a cabo del 21 de enero al 03 de febrero de 2020. Las conclusiones de su visita anunciaban una situación de desprotección para las personas defensoras de derechos humanos. En este contexto, inicio el presente trabajo académico con la finalidad de profundizar sobre quién es una persona defensora, cuáles son sus principales características, cómo debe abordar el Estado esta temática y cuáles son las medidas nacionales específicas diseñadas en favor de este colectivo. Al terminar mi investigación y análisis sobre el tema, presento las siguientes conclusiones, a saber, la característica principal del concepto de persona defensora radica el vínculo entre la actividad que se realiza y el otorgamiento de la calidad de persona defensora; el Estado ve reforzado su deber de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas defensoras debido a la condición de especial vulnerabilidad de éstas; es posible la inclusión de la persona defensora como una categoría autónoma de discriminación; las medidas adoptadas en el país específicamente en favor de las personas defensoras constituyen un avance significativo en el trayecto hacia un marco más adecuado para su protección, pero es necesario que sean aprobadas por normas de jerarquía legal suficiente para que vincule a los distintos actores estatales concernidos en el tratamiento de las personas defensoras.