Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante los años 2011 y 2012 hemos visto la irrupción de diferentes movimientos sociales producidos en la región de Magallanes, Aysén y en la ciudad nortina de Calama, solicitando medidas efectivas para una real descentralización del Estado de Chile, así como la llegada de mayores recursos dirigidos a estas zonas extremas. La descentralización es un fenómeno que se ha producido a consecuencia del crecimiento de los estados modernos. A mayor desarrollo es necesario distribuir o delegar parte de las facultades de los órganos centrales en los regionales, con el fin de potenciar las divisiones territoriales, permitiendo así que éstas crezcan y, con ellas, todo el Estado. Podemos decir que por largo tiempo se han confundido las medidas descentralizadoras con medidas de mitigación para las zonas extremas, las cuales, si bien pueden fomentar en cierto aspecto la descentralización, no corresponden a verdaderas soluciones legislativas para que las comunidades alejadas tengan mayor poder de decisión en los distintos aspectos de su vida comunitaria y, lo que en suma, significa una real descentralización. En nuestro país la discusión en torno a la descentralización es constante. Esto se debe, principalmente, al llamado persistente que hacen los habitantes de las zonas extremas por el letargo manifestado por parte de la administración central. El Estado chileno a lo largo de su historia ha promulgado diversas leyes en beneficio de las zonas extremas, sin embargo, éstas son totalmente desconocidas por la población de dichas zonas, y tampoco han existido estudios que permitan comprobar su eficacia. Es por tanto que la presente memoria pretende ser un aporte a la discusión nacional, otorgando claridad para entender de mejor forma los conceptos de descentralización y zonas extremas y, sobre todo, esclarecer los beneficios que brindan los diversos incentivos en favor de las zonas extremas. En el primer capítulo se hace referencia a la división administrativa de Chile, realizando una evolución histórica. A su vez, se definirá el concepto de organización administrativa y su desarrollo histórico. Finaliza el capítulo con una descripción de los órganos de la administración y la diferencia entre las funciones de gobierno y administración. En el segundo capítulo se analiza y describe el concepto de descentralización, los tipos de descentralización y lo que ocurre en materia de descentralización en Chile. Además de describir y definir tres principios que poseen una vinculación intrínseca con la descentralización, pero que no son muy desarrollados por parte de la doctrina chilena. En el tercer capítulo se define y explica la actividad de fomento del Estado, debido a su estrecha vinculación con las medidas a favor de las zonas extremas. Se analiza lo que se entiende por zonas extremas, sus características básicas; para así otorgar un concepto más amplio de zonas especiales, que permita abarcar las zonas insulares y aisladas. Se explicitan los fundamentos legales y administrativos para la existencia de una política diferenciada hacia las zonas extremas, que permita mitigar su condición de aislamiento y otras desventajas comparativas. En el cuarto capítulo se realiza una descripción de las diferentes leyes que existen en favor de las zonas extremas, muchas de las cuales dicen relación con el fomento de la inversión en dichas zonas. En el quinto capítulo se describen los mecanismos de descentralización administrativa que poseen diversos países de América Latina, así como también las medidas adoptadas en Europa para la situación de territorios con desventajas comparativas. También se describen los proyectos de ley presentados por el presidente Sebastián Piñera para hacer frente a las reclamaciones por una real descentralización, como la prorrogación y perfeccionamiento de los beneficios de inversión en favor de las zonas extremas. Para concluir, se analiza cuál es la efectividad de la descentralización en Chile; si las medidas en favor de las zonas extremas han sido eficaces para el fomento de la descentralización, o si en realidad lo que debe ocurrir es una mayor transferencia de funciones y competencias a los organismos regionales, más que continuar con la creación de medidas para el fomento de la inversión en dichas zonas

El proceso de descentralización ha presentado como característica esencial la carencia de un modelo claro y consensuado por las elites, y entre éstas y la sociedad civil. Este estudio de caso tiene por objetivo proponer cuáles serían los niveles y secuencias satisfactorias de centralización/descentralización para el Estado chileno. Para ello, se sustenta en el enfoque de la economía política y el neoinstitucionalismo, utilizando una metodología de tipo analítica y descriptiva, apoyada por herramientas cuantitativas y cualitativas. Se ha recolectado información a través del análisis bibliográfico y entrevistas en profundidad de corte semi estructurado. Los objetivos específicos de la investigación han sido descifrar la matriz institucional para explicar la trayectoria del proceso de descentralización, describir a los actores, estudiar las variables que caracterizan las distintas dimensiones de la descentralización, y formular una propuesta de niveles y secuencias satisfactorias de descentralización. Los principales hallazgos del estudio son, en primer lugar, que el centralismo está institucionalizado no sólo en reglas formales sino también en las informales, marcando así la infraestructura institucional y la manera de hacer las cosas. Esto se ha expresado en que la matriz institucional tiene como enfoque de economía política predominante el de Principal-Agente. Por otro lado, el centralismo se ha instalado como una cuestión que no se circunscribe exclusivamente al ámbito público, sino que también abarca a la esfera privada. En segundo lugar, la trayectoria institucional ha generado un país social y económicamente segregado, con una fuerte centralización del poder político, económico y social en la Capital. Los actores con mayor capacidad de veto en el mercado político son los que tienen menor compromiso con los procesos de transferencia de poder hacia los niveles subnacionales y la sociedad civil. Por ende, cualquier cambio profundo implicará una transformación en la manera de ejercer el poder. En tercer lugar, se observa que el proceso de descentralización presenta problemas de inconsistencia dinámica: sus costos políticos y económicos son de corto plazo, pero sus beneficios se expresan a largo plazo, lo cual genera muy pocos incentivos al Ejecutivo para realizar cambios institucionales profundos. La investigación ha concluido que el proceso de descentralización chileno se ha caracterizado por la carencia de capital humano avanzado, la duplicidad de competencias y funciones, y la escasez de recursos financieros, debida a la fuerte centralización de los ingresos y de la decisión del gasto. En la agenda pública se ha puesto énfasis en la descentralización política, sin embargo, la experiencia a nivel local es que ésta no ha sido catalizadora de mayores procesos de descentralización en las otras dimensiones. Se considera que es la descentralización fiscal la que debe ser promovida, ya que detona muchos otros procesos en lo administrativo, de capital humano, y de planificación estratégica y territorial, a nivel local y regional. Se recomiendan dos vías paralelas para avanzar en la descentralización. Por un lado, cambios a largo plazo que permitan generar reformas políticas, que se espera impacten en el sistema de creencias de las elites y una redistribución del poder en la sociedad. En el mediano plazo, una propuesta pragmática que pone el acento en el aumento de las capacidades de los receptores territoriales por medio del fortalecimiento de la dimensión fiscal de la descentralización, para lo cual se recomienda: i) un proceso sistémico pero gradual, es decir, sólo a aquellos territorios que hayan certificado capacidades; ii) a nivel regional, los instrumentos a utilizar son los Convenios de Desarrollo y el Presupuesto Regional, para permitir mayor autonomía de gasto; iii) a nivel local, es imperativo generar incentivos para el asociativismo municipal, traspasar atribuciones para que puedan decidir sobre la tasa del impuesto territorial, y devolver las exenciones que el fisco determina unilateralmente; iv) para ambos niveles es necesario generar incentivos significativos para la captura y retención de capital humano avanzado. La ejecución de medidas requiere una reformulación del rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, algunos cambios en las leyes del nivel regional y local, y cambios importantes en la Ley de Presupuesto.

Magíster en Gestión y Políticas Púbicas / El Estado debe contar con instrumentos administrativos descentralizados que sean capaces de aprovechar los recursos económicos y socio-culturales que están asentados en el territorio. En el caso chileno, aquello es más importante, dado el alto nivel de centralización e inequidad territorial del país. Uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para propender a un desarrollo equitativo y basado en principios de solidaridad territorial es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Sin embargo, su efectividad en dicho objetivo no es clara, ya que si bien los criterios de distribución interregional están fijados por ley, en la distribución de dichos recursos, confluyen múltiples actores. Por eso, el objetivo de este estudio es determinar los factores que inciden en que una comuna tenga una mayor o menor asignación de recursos vía proyecto FNDR, dentro de las regiones de Chile, para el período 1997-2012. La metodología utilizada para lograr determinar que factores inciden y en la distribución comunal del FNDR, es de carácter cuantitativa, regresiones lineales y logarítmicas, utilizando los datos del Banco Integrado de Proyectos sobre los montos de asignación del FNDR en las distintas comunas como variable dependiente, explicándola a través variables como población, capacidad técnica de los municipios, nivel de desarrollo de la comuna, la afiliación partidaria de consejeros y alcaldes, cantidad de consejeros regionales por comuna y la existencias de capitales regionales y provinciales. Los análisis se realizaron para 13 de las 15 regiones del país y partieron del supuesto que la unidad de análisis son las regiones y no el agregado nacional, y los resultados lo avalaron, pues los análisis sólo fueron significativos cuando se diferenció por región. Para todas las regiones, cuando un territorio tiene mayor población, tiene también mayor asignación de FNDR, pero al analizar la variable dependiente en términos per cápita, se determinó que para seis de las trece regiones analizadas no había relaciones significativas, sin embargo en las otras siete, las variables Desarrollo Comunal , Cantidad de Consejeros Regionales electos y Población Comunal fueron, en distintas combinaciones, significativas. Llama la atención el hecho de que las variables partidarias y la capacidad administrativa no resultasen significativas en ningún caso Las principales conclusiones que se obtienen es: 1) Todas las regiones utilizan criterios distintos para asignar dentro de su territorio el FNDR; 2) Comunas con características socio-económicas diferentes no siempre tienen tratamiento diferenciados; 3) Cuando el FNDR per cápita está relacionado con la población comunal, la relación es inversa, lo que significa que en esas regiones se aplicó un criterio para privilegiar/castigar comunas poco/altamente pobladas. Todo lo anterior indica que si bien el FNDR ese eficaz en propender a una equidad interregional, no lo es al momento de propender a una equidad intra-regional, lo que abre espacio para la innovación institucional

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La presente investigación aborda desde una perspectiva cuantitativa, la eficiencia con la cual se ha hecho uso de los recursos provenientes del FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), en la Región de Valparaíso y la oportunidad con que la que han ejecutado las obras correspondientes. El FRIL corresponde a un recurso contemplado en la Ley de Presupuestos y que está destinado a mantener o conservar infraestructura pública, las que se deben someter a los procedimientos establecidos en el oficio circular Nº 33 del Ministerio de Hacienda. Para ello se desarrolló un análisis de la información disponible en el Departamento de Inversiones del Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso, identificando los tipos de proyectos priorizados por el Consejo Regional, sus montos y los tiempos de ejecución de ellos, determinando de esta manera la eficiencia con la cual los municipios hacen uso de esta fuente de financiamiento y la oportunidad con la que ponen a disposición de la comunidad los productos alcanzados con la ejecución de los proyectos. Se tomaron también opiniones expertas de funcionarios del Gobierno Regional, mismas que se incorporan en la investigación, sirviendo de guía para su desarrollo, de forma anónima. La hipótesis analizada apunta a demostrar que la incorporación del Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, en el proceso de revisión de proyectos, es la principal causa del retraso de la ejecución de proyectos de inversión pública en la Región de Valparaíso. Se concluye no obstante que esta hipótesis resulta ser no del todo cierta. Si bien se determinó responsabilidad del GORE en el lento avance del gasto anual, el problema resultó ser mucho más complejo incluyendo actores y políticas públicas no esperadas al inicio de la investigación. En este mismo sentido, las conclusiones y propuestas son amplias y abarcan una serie de elementos que pueden parecer muy extensos, disimiles e incluso dispersos. Sin embargo la propia naturaleza del problema lleva a ese resultado, siendo difícil centrar las conclusiones y propuestas en un tema central. Las conclusiones centrales van en el sentido de que el problema de lentitud en la ejecución del gasto no es el único problema ni es únicamente responsabilidad del GORE, sino que existen otros involucrados, siendo uno de los más importantes los municipios. Estos seleccionan proyectos de bajo impacto y de rápida ejecución, lo que combinado con el interés principal del GORE en gastar los recursos han desviado el objetivo principal de la inversión pública, que es propender a la mejora de la calidad de vida de las personas, a un interés principal de aumentar el porcentaje del gasto, sin importar la calidad de la inversión, llegándose a utilizar los recursos en adquisiciones cuyos costos de operación y mantención no pueden ser sostenidos por los municipios llevándolos a un rápido deterioro. Como propuestas principales se apunta a una generación de iniciativas menos influenciadas por la política partidista, alejándola del clientelismo y la captura política. Una forma es el apego a los planes de desarrollo, tanto regional como comunal, dado que en su elaboración, en especial de este último, participan múltiples actores, que generan una imagen-objetivo consensuada de la comuna. Al priorizar las inversiones de acuerdo a estos planes se separaría la decisión exclusiva del Alcalde de turno y sus Concejales, y la acercaría más al ideal de desarrollo visualizado por la sociedad en su conjunto.

Ingeniero Civil Industrial / Desde el año 2011, los Gobiernos Regionales, impulsados por la SUBDERE, han estado implementando el Sistema de Mejora Continua de la Gestión de los Gobiernos Regionales. Este Sistema tiene como objetivo instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión de los gobiernos regionales que les permita alcanzar estándares cada vez más exigentes, de una manera sistemática, logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de todos sus destinatarios . El primer ciclo, recién finalizado, consistió en la implementación de un Plan de Mejoras para cada región, lo que se traduce en 107 Líneas de Acción; la conformación de un Comité de Calidad en cada GORE (de aproximadamente 7 personas); y un desembolso, sólo en consultorías contratadas, cercano a los 4 mil millones de pesos. El trabajo de título tiene como objetivo evaluar la contribución del Sistema de Mejora Continua en la gestión de los Gobiernos Regionales y se realiza en base a una investigación documental sobre el Sistema, la Gestión de Excelencia y la descentralización del país, y en base a entrevistas y la aplicación de un cuestionario a profesionales de los distintos Gobiernos Regionales. Como diagnóstico, se observan importantes cambios y aprendizajes al interior de los GORES: aprendizajes metodológicos, cambios en los procesos, mejoras en clima laboral, etc. No obstante, también se observa que estas mejoras no están suficientemente afianzadas y corren el riesgo de perderse producto del bajo involucramiento de los funcionarios, la ausencia de liderazgos claros al interior de los GOREs, y otros factores. Así, se estaría sub aprovechando una oportunidad de lograr transformaciones mayores. Dentro de las propuestas, se sugiere realizar un mayor esfuerzo en la gestión del cambio y en la gestión del conocimiento generado, así como avanzar hacia un rol más protagónico por parte de los Gobiernos Regionales y de facilitador por parte de SUBDERE.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación trata el problema del centralismo en Chile, sobre la tesis de un eventual incumplimiento, por parte del Estado de Chile, de lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 3° de la Constitución Política de la República, los que propugnan la descentralización y regionalización del país. Con este objetivo, en septiembre de 2011, el Gobierno de Chile envió un proyecto de reforma a la Ley N° 19.175, Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, para su posterior discusión en el Congreso, poniendo especial énfasis en la creación de un sistema de transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales. Con ocasión del envío de este proyecto, se desarrolló una investigación de los principales factores que deben estar involucrados en todo proceso de regionalización, sea ésta exitosa o no. Analizando, entre otros, la experiencia extranjera y la historia de la descentralización en Chile, se termina con el estudio de las disposiciones sometidas a la aprobación del Congreso. De todo lo anterior, se concluye que si bien se ha cumplido con lo señalado en el inciso 2°, este logro no se extiende a lo señalado en el inciso 3°, ya que este último supone un estándar de exigencia mayor para el Estado

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación fue esclarecer los reales alcances de las facultades normativas que poseen los Gobiernos Regionales en Chile. Se sostenía, por parte de organismos del Gobierno Nacional, que la facultad normativa regional, contemplada en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, sólo podía operar previa una delegación legal específica. Otra posición, sustentada por autoridades regionales, era que la potestad normativa operaba en forma autónoma y que por tanto, no requería ninguna delegación previa, ni legal ni reglamentaria. Para ilustrar el contexto institucional en que se plantea la polémica, se efectúa un recorrido por la historia de la Administración en Chile y se aborda la experiencia internacional en materia de descentralización, antes de analizar la normativa constitucional y legal pertinente. Se expone la resolución actual del debate, la que hasta la fecha no ha sido cuestionada. Esta se expresó en la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de los reglamentos regionales de Atacama y Valparaíso, autónomamente generados, normas que son descritas en cuanto a su origen y contenidos.