No es posible hablar de democracia y justicia social en un contexto donde la defensa del ambiente es obstaculizada, perseguida y estigmatizada. Se hace imprescindible que el Estado adopte medidas para la protección del ambiente y para compensar los efectos negativos del cambio climático, y como parte de ello, debe garantizar la labor de las y los defensores ambientales. Como parte de las obligaciones nacionales e internacionales, el Estado peruano adoptó el denominado “Plan Nacional de Derechos Humanos” (En adelante Plan, Plan Nacional o PNDH) y el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” (En adelante Protocolo o PPPDDH). Esta investigación brinda un diagnóstico sobre la eficacia de dichos instrumentos, en relación con las necesidades de las personas defensoras del ambiente en Cajamarca. Para ello, se ha examinado: el diseño del Plan y el Protocolo a la luz de las normas y estándares nacionales e internacionales; la actuación del Estado y el Gobierno Regional en la implementación del Plan Nacional y el Protocolo; y finalmente la percepción y valoración de los actores sociales involucrados en la protección y garantía de las y los defensores ambientales en sus territorios. La investigación es un estudio de caso, de tipo cualitativa toda vez que intenta definir si el Estado ejecuta de manera eficaz el Plan Nacional y el Protocolo para la protección de defensores. Frente a esta problemática, lo que encontró la investigación es que tanto el Plan Nacional como el Protocolo, constituyen un avance importante en el reconocimiento del rol de las y los defensores; sin embargo, hay enormes vacíos en la implementación de las acciones previstas, pues no responden a necesidades ni enfoques del territorio. Es evidente que el proceso de elaboración no fue participativo en los territorios y, por lo tanto, hay desconocimiento de este en Cajamarca, en donde las y los defensores no se sienten incluidos, ni reconocidos. También se encontró que no hay recursos económicos y técnicos destinados por parte del Estado para la implementación de los mecanismos establecidos y falta articulación interinstitucional en a nivel nacional, regional y local. Por otro lado, queda establecido que hay profunda desconfianza en entidades como la Policía nacional y la fiscalía, lo cual debe ser tenido en cuenta por parte de las autoridades al momento de elaborar estos mecanismos y establecer roles y medidas, pues es fundamental crear confianza, canales de comunicación y legitimidad para su actuación. Finalmente, se encontró que el Estado debe comprometerse con la adopción de una política pública para la prevención y protección de carácter integral, y que tenga un enfoque diferencial, territorial y de género construida desde los territorios.