Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Tiene el propósito de lograr la unificación de criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993, puesto que la falta de claridad del mencionado artículo influye en su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional, permitiéndose así que se vulneren los principios de continuidad y de estabilidad laboral. La hipótesis planteada considera la eliminación de los artículos 34° y 38° de la LPCL a fin de que permita unificar los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación uniforme del art. 27° de la Constitución Peruana de 1993, a través de la promulgación de una Nueva Ley de Terminación del Contrato de Trabajo. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes: ¿Cómo unificar los criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993? ¿Por qué la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional? Para la elaboración del presente estudio se utiliza el método inductivo, con el que se analizan la doctrina, legislación nacional e internacional, el derecho comparado y los fallos de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema del despido arbitrario, los que revelan que la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera que su interpretación sea contradictoria respecto del tipo de resarcimiento que le corresponde al trabajador víctima de despido arbitrario. Finalmente, una vez identificados los problemas generados, se plantea una alternativa de solución a los mismos. / Tesis

El presente trabajo tiene por objetivo general brindar una propuesta de cuantificación del daño a la persona, que permita a los jueces justificar el monto de la indemnización otorgada. El método empleado es un estudio de caso, por el cual hemos realizado un análisis del total de sentencias judiciales emitidas en los procesos iniciados contra una empresa del sector industrial en un período de cinco años, lo que nos ha permitido determinar la diversidad de criterios y formas de cuantificación del daño, haciendo evidente que ante la falta de mecanismos y criterios generalizados de cuantificación, se viene afectando la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Como primera conclusión del presente trabajo, se ha podido observar que para el ordenamiento jurídico peruano es necesaria la implementación de un baremo, es decir, una tabla de cálculo que comprenda entre sus criterios: la edad, el grado de afectación diferenciado por órgano, y la funcionalidad afectada de la persona, a través de la cual se podrán asignar valores uniformes a dichos criterios objetivos, y como consecuencia de su uso se podrán otorgar a través de las sentencias indemnizaciones por daño a la persona similares, ante casos similares. Como segunda conclusión, se ha determinado que la implementación de un baremo no se debe agotar en su uso irrestricto, sino que también debe comprender un procedimiento para supuestos de excepción, que les permita a los magistrados apartarse de la cuantificación tasada. Para que el apartamiento no sea arbitrario, consideramos necesario establecer como límite el incremento o disminución del 25%; y que adicionalmente, el apartamiento de la cuantificación establecida por el Baremo en un porcentaje superior al 25% sea considerado causal de Casación. / This investigation has the general purpose of providing a proposal for the quantification of personal injury, that allows judges to justify the amount of compensation awarded. The method employed is a case study for which we have conducted an analysis of the total of judicial sentences issued in the processes initiated against a company of the industrial sector in a period of five years. This has allowed us to determine the diversity of criteria and forms of quantification of the damage, evidencing that the lack of mechanisms and criteria generalized for the quantification affects the due motivation of judicial resolutions, the right to due process, the legal security and the predictability of judicial resolutions. As a first conclusion, we can indicate that, for our legal system, the implementation of a scale is necessary, that is, a calculation chart that includes among its criteria: age, degree of affectation differentiated by organ, and the affected functionality of the person. This will allow to grant uniform values to the objective criteria applicable, and that the sentences can grant a similar compensation for similar cases. As a second conclusion, we can affirm that the implementation of a scale will require an additional procedure for exceptional cases, that allows judges to diverge from the assessed quantification. For the deviation to not be arbitrary, we consider it necessary to establish as a limit the increase or decrease of 25%, and that, additionally, the deviation from the assessed quantification by the scale is considered a cause for cassation.