Para nadie es un secreto que el territorio del Perú es altamente propenso a situaciones de emergencia, las que pueden ser tanto fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huaycos, etc.), así como desastres causados directamente por la acción del hombre (conflictos sociales, atentados terroristas, etc.). Y, si de situaciones de emergencia estamos hablando, necesariamente debemos referirnos al terremoto de Pisco ocurrido el 15 de agosto de 2018, el cual lamentablemente causó graves daños materiales y pérdidas de cientos de vidas humanas. Es así que, luego de tener cierto acercamiento en un trabajo anterior con el tema del terremoto del 15 de agosto, surgieron muchas interrogantes respecto del rol de las telecomunicaciones en las situaciones de emergencia. Como consecuencia de dichas dudas y planteamientos, es que surgió el interés por investigar a más profundidad este tema desde un punto de vista jurídico, considerando también que muy pocos estudios se han realizado desde esa óptica en la doctrina nacional. Es así que, la presente investigación pretende abordar temas referidos a la importancia de los servicios de telecomunicaciones tanto públicos como privados antes, durante y después de un desastre; su regulación actual tanto en el ámbito internacional como nacional; y, sobre todo, plantear los desafíos y metas que significan para el Derecho Administrativo la regulación nacional actual de los servicios de telecomunicaciones en emergencias.

La pandemia ocasionada por el “COVID-19” trae consigo que las autoridades de diversos países opten por el confinamiento como una medida para evitar que el mencionado virus se propague rápidamente. Sin perjuicio del reto para la política pública de salud que significa este escenario, también implica un cambio en el empleo de los servicios públicos de telecomunicaciones que en la actualidad tienen un rol prioritario e indispensable para el desarrollo humano. El presente trabajo académico se justifica precisamente en el análisis de las principales medidas adoptadas por el gobierno peruano para garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones de forma continua desde la declaración del estado de emergencia nacional por el brote de la COVID-19, ya que el cumplimiento de esta característica de los servicios públicos es indispensable para su prestación. Así, el objetivo de esta investigación es determinar si el marco normativo dispuesto permitió preservar la continuidad del servicio de telecomunicaciones, en concordancia con los derechos de los usuarios y de las empresas concesionarias. A partir del análisis elaborado, se advierte que las medidas adoptadas por las autoridades del sector de telecomunicaciones fueron oportunas para asegurar la continuidad y análogas con lo previsto en la regulación internacional, sin perjuicio de las diferencias que se presentan con las medidas promulgadas en otros sectores y que pudieron ser adoptadas para los servicios públicos de telecomunicaciones en favor de los usuarios.

Ante el avance de la propagación del coronavirus (COVID-19), el 15 de marzo del 2020 se publicó el Decreto de Urgencia 26-2020 que creó el “trabajo remoto” como una de las medidas excepcionales y temporales para prevenirla. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar si debería optarse por reconocerlo como una figura independiente con las modificaciones pertinentes o adherirlo a una legislación general sobre el trabajo a distancia. Asimismo, como objetivos específicos, primero, se busca establecer el panorama normativo del trabajo a distancia vigente, mediante la comparación y búsqueda de desventajas/vacíos de las normas preexistentes para determinar si el trabajo remoto ofrece una solución novedosa o factible. Segundo, se determinan las implicancias actuales y futuras mediante el mantenimiento de la figura actualmente estudiada. Para el cumplimiento de tales objetivos, tomando como patrón la tipología de la Guía de investigación de en Derecho de la CICAJ, la presente investigación se sitúa en aquella de carácter dogmático o documental; mientras que su objeto de estudio se centrará en la dogmática jurídica. La conclusión principal arriba a que el trabajo remoto no regula un supuesto completamente novedoso, sino que se suma a la legislación previa sobre el trabajo a distancia: trabajo a domicilio y teletrabajo; perpetuando falencias previas y creando nuevas inconsistencias. De esta forma, constituirlo como un modelo permanente, más allá del periodo establecido originalmente, sería un retroceso en la implementación del trabajo a distancia en el Perú. / Faced with the advance of the spread of the coronavirus (COVID-19), on March 15, 2020 was published the Emergency Decree 26-2020 that created "remote working" as one of the exceptional and temporary measures to prevent it. The aim of this research paper is to analyse whether remote working should be recognised as an independent figure with appropriate modifications or adhered to general legislation on distance work. In addition, as specific objectives, the first objective is to establish the current regulatory framework for distance working, by comparing and searching for disadvantages and pros in pre-existing laws to determine whether remote working offers a novel or feasible solution. Second, the current and future implications are determined by maintaining the figure currently studied. In order to achieve these objectives, taking as a standard the typology of the CICAJ Research Guide in Law, the present research is situated in that of a dogmatic or documentary nature; while its object of study focuses on the legal dogmatic. The main conclusion is remote working doesn’t regulate a completely novel assumption, but adds to the previous legislation on distance working: home working and telework; perpetuating previous shortcomings and creating new inconsistencies. Thus, constituting it as a permanent model, beyond the period originally established, would be a setback in the implementation of distance working in Peru.

La tesis aborda una institución de gran relevancia en el Derecho Constitucional peruano a lo largo de su historia, y que ha recobrado inusitado interés mundial a causa del fenómeno del terrorismo global: se trata del estado de emergencia frente a amenazas de naturaleza política a inicios del siglo XXI. Su hipótesis es la siguiente: es necesario introducir cambios en el marco normativo (Constitución y leyes), así como en la interpretación y en la jurisprudencia constitucional relativos al estado de emergencia constitucional frente a amenazas de naturaleza política, a fin de sujetar éste a las exigencias del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho. La investigación combina el método dogmático ―consulta de fuentes normativas (Constituciones, leyes, reglamentos), repertorios de jurisprudencia y libros y artículos académicos de doctrina legal― con una aproximación al conocimiento empírico de la problemática a abordar, para lo que elabora dos «Bases de Datos de Decretos Supremos y Resoluciones Supremas relativos a Estados de Emergencia Constitucional» que abarcan dos arcos temporales (años 1980-1992 y 2013-2017), cuyas principales características son analizadas. La investigación también recurre al método interdisciplinario, al incluir enfoques y consulta de fuentes de historia, ciencia política y ciencias sociales. Entre los principales hallazgos está que el uso del estado de emergencia en el Perú muestra manifiestas transgresiones del orden constitucional, tales como el no cumplimiento de las causales habilitantes, la violación de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, la ausencia de controles efectivos de naturaleza política y jurisdiccional, entre otros. Es indispensable, en consecuencia, corregir ciertas prácticas identificadas en la presente investigación doctoral, a fin de restaurar el verdadero sentido y alcance de la Constitución de emergencia del Perú, permitiendo así la mejor realización del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho, inclusive bajo condiciones de anormalidad constitucional.

El objetivo de la tesis es conocer las estrategias de supervivencia desarrolladas por mujeres trans de Lima Metropolitana como respuesta a los factores de vulnerabilidad experimentados durante la crisis sanitaria y social debida al Covid-19. Para ello, se realizaron seis entrevistas a profundidad y dos grupos focales a mujeres trans de Lima Metropolitana. A partir de las entrevistas y de los grupos focales, se identificaron los factores de vulnerabilidad experimentados a lo largo de sus trayectorias de vidas y se los comparó con los factores de vulnerabilidad experimentados durante la pandemia para ver si estos se han modificado, agudizado o se han generado nuevos. Asimismo, se buscó conocer si las estrategias que desarrollan durante este periodo han sido un soporte para la reproducción de sus condiciones de vida. Siguiendo el enfoque del curso de vida, identificamos a las medidas del Estado diseñadas e implementadas para prevenir el contagio del Covid-19 y salvaguardar la vida de todos los peruanos como un factor de vulnerabilidad que las expuso a índices de pobreza, desempleo y precariedad de vivienda aún más altos, además de aumentar la violencia transfóbica y quitarles sus planes de vida futuros. Además, identificamos un discurso transfóbico que permea todos los aspectos de la vida de las entrevistadas y las lleva a vivir en los márgenes sociales. Para comprender la violencia y transfobia que afectan a las mujeres trans entrevistadas, desarrollamos la teoría de la imposición de la realidad y la retórica del engaño sexual de Talia Mae Bettcher. Pasamos de la pregunta por qué se cree que se nace hombre o mujer, a la pregunta por qué se cree que nacemos heterosexuales y cisgéneros. Esto nos llevó del debate sobre las relaciones de género, al debate en torno a la sexualidad y la identidad de género.