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Las mujeres chilenas de principios del siglo XXI no son iguales a las de fines del XX, ni tampoco lo es la familia como institución, el espacio donde simbólica, cultural, social y legalmente se ha adscrito a la mujer (INE, 1992 y 2002; Gubbins, Browne, Bagnara, 2003; Valdés, 2004). Ha aumentado la esperanza de vida de las mujeres, junto con la disminución de la natalidad y un mayor espaciamiento entre hijos. Además, las mujeres han incrementado la participación laboral y ha crecido el número de jefas de hogar. Los indicadores de desarrollo humano presentan mejorías en términos globales para las mujeres, con una cobertura educacional casi universal, altas tasas de alfabetización, mejoras tecnológicas y mayor acceso a éstas (facilitando tareas domésticas, por ejemplo), con los consiguientes cambios culturales que han contribuido a consagrar más derechos para las mujeres. Sin embargo, a pesar de las mejoras evidentes en la condición de las mujeres en Chile en comparación a veinte, cincuenta o cien años, y la consagración de imágenes de mujeres modernas e independientes, se mantienen o renuevan discriminaciones de género: las mujeres continúan recibiendo salarios inferiores que los varones por realizar labores similares; las tareas domésticas siguen preferentemente a cargo de las mujeres, la participación política es exigua en espacios de poder formales y la participación laboral femenina ha impactado en las relaciones de poder al interior de las relaciones de pareja. Estos cambios no han sido lineales ni progresivos. Y se definen y redefinen en tensión con los roles tradicionales asociados a hombres y a mujeres. Así, junto a la emergencia de las mujeres en el espacio público –proceso que ha sido conflictivo, progresivo, en constante tensión con los roles tradicionales-se han visibilizado también problemáticas propias de los roles de género y característicos del espacio doméstico, al que se asocia/ba a las mujeres. Entre ellos se cuenta el de la violencia contra la mujer, temática sobre la cual se refiere la presente investigación. Es decir, a pesar de (o quizás debido a) que hoy las mujeres chilenas cuentan con mayores beneficios, más derechos y garantías y más herramientas que permiten su autonomía, la violencia en su contra sigue siendo uno de los problemas de salud pública (CEPAL, 2007) y de seguridad más relevante (CEDEM, s.f.).