El presente trabajo de investigación aborda el riesgo que el Estado enfrenta constantemente en los procesos de selección de sus proveedores debido al gran número de procedimientos administrativos sancionadores por la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta en dichos procesos. Este riesgo se circunscribe a la posibilidad de contratar con proveedores no calificados quienes para obtener los contratos estatales falsifican documentos o presentan documentos con contenido inexacto que les permite superar las exigencias que las entidades públicas consignan en sus requisitos obligatorios o en sus componentes de evaluación. La investigación muestra el elevado número de procedimientos administrativos sancionadores por presentar documentos falsos y/o inexactos en relación con el número total de procedimientos, verificando con esta estadística el riesgo que asume el Estado durante el desarrollo de sus procedimientos de selección de proveedores de contratar con empresas no calificadas, obligándonos a analizar si es necesario reformular la visión e interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos de selección, como son la simplificación administrativa y el principio de presunción de veracidad; así como instaurar criterios nuevos –y distintos– en los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Se analiza por qué es posible que los proveedores presenten tan fácilmente la documentación falsificada, encontrando que una de las razones es que la simplificación administrativa se aplica sin ninguna restricción a todos los procedimientos administrativos, sin considerar su naturaleza. Asimismo, se plantean criterios adecuados para aplicar el principio de presunción de veracidad en el ámbito de la contratación pública, como, por ejemplo, tener más control y prevención cuando se traten de documentos elaborados o producidos por agentes privados, que son los más falsificados.