En los tiempos modernos, el crecimiento económico ha generado recientemente una corriente que impulsa a la inclusión financiera de la población, a partir de diferentes sectores tanto públicos como privados. Esto ha venido generando una serie de condiciones que, desde la promulgación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera – ENIF, han venido dando las condiciones para abordar el tema de manera cada vez más urgente. El desarrollo de la tecnología en este sentido, también viene llevando a que cada vez el sistema financiero compita por brindar servicios cada vez más tecnificados y eficientes para administrar el dinero de sus clientes. Sin embargo, si consideramos que las personas más que clientes son ciudadanos y ciudadanas, en este contexto llama la atención la condición en la que se encuentran la mayoría de personas en nuestro país, donde dadas sus condiciones de vulnerabilidad de un gran porcentaje de la población, apenas cuentan con los medios necesarios para subsistir, con una serie de deficiencias en sus condiciones de vida, tanto sociales como económicas, y que dado en desarrollo del sector financiero, vienen siendo expuestos a una situación de riesgo al tener que interactuar con las instituciones financieras, en condiciones que no suelen ser las más adecuadas y que además vulneran sus derechos. Ante este hecho, el Estado empieza a generar ciertos esfuerzos, pero estos aún son incipientes, como se analiza en la presente investigación. / Tesis