Magíster en Gestión y Políticas y Pública / El Estado Plurinacional de Bolivia ha tenido a lo largo de su historia cambios institucionales enfocados a mejorar la gestión de los recursos humanos, a partir principalmente de leyes y normativas específicas del funcionariado público. Estas normativas permitieron establecer un cierto grado de profesionalización de los funcionarios públicos, sin embargo, hasta el momento no se ha propuesto una reforma enfocada a los directivos públicos. Por tanto, el presente estudio de caso intenta encontrar los determinantes principales que deben ser considerados a la hora de pensar en iniciar una reforma administrativa dirigida a la profesionalización de las Máximas Autoridades Ejecutivas del sector público boliviano. Para ello, se realiza una revisión de la experiencia internacional en cuanto a las principales características que dieron origen a distintos sistemas de gestión de altos directivos públicos en algunos países de la OCDE, que será complementada con entrevistas a expertos, con lo cual se podrá delimitar algunos campos de estudio a plantearse en un cuestionario enviado a directivos y autoridades de instituciones reguladoras, con el fin de extraer la percepción que se tiene en Bolivia. Es importante mencionar, que la estructura del servicio civil es un factor relevante a la hora de pensar en un cambio en el sistema de gestión de altos directivos públicos. Asimismo, se evidenció que el inicio de la reforma tiene su origen en componentes estructurales y algunos eventos coyunturales que desatan una crisis, con la consiguiente apertura de ventanas de oportunidad para el inicio de la reforma. En Bolivia, se tiene una sensación de que podría ser viable pensar en una nueva normativa que administre a las Máximas Autoridades Ejecutivas de entidades descentralizadas. Se le otorga un papel relevante al directivo público dentro la planificación de políticas públicas, dejando claro también la injerencia política que interfiere la gestión pública. Por tanto, pensando en una implementación de una reforma en este sentido, se propone comenzar con un piloto en alguna entidad pública que por su naturaleza, posea un nivel de profesionalización del empleo tal, que demande un directivo público capaz, y que en definitiva sea la bisagra entre el político y el funcionariado.