Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo principal efectuar una revisión de los fundamentos jurídicos y económicos de las medidas de mitigación impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en procesos consultivos, enfocadas en aquellas establecidas con ocasión de las operaciones de concentración horizontal sometidas a su conocimiento. Lo anterior, con la finalidad de consolidar los criterios tradicionalmente utilizados por los operadores del sistema de control de concentraciones en nuestro país. Para dichos efectos, este trabajo se divide en dos Secciones: La primera de ellas, servirá de marco teórico a este estudio, por lo cual se exponen los alcances de la potestad consultiva del Tribunal de la Libre Competencia como encargado del sistema de control de operaciones de concentración, así como sus características, finalidad y posibilidades frente a una consulta (aprobación pura y simple, aprobación sometida a medidas de mitigación o rechazo); posteriormente, se analizan los fundamentos económicos en los que tradicionalmente se ha basado el Tribunal de la Libre Competencia para inclinarse por una u otra hipótesis; y, finalmente, se elabora una conceptualización de las medidas de mitigación, así como los principios doctrinarios y jurisprudenciales que orientan su aplicación. En la segunda Sección, se emplearán los conceptos estudiados en la primera parte para realizar una sistematización de las medidas de mitigación impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en procedimientos consultivos, así como una revisión crítica de las mismas, esfuerzo sin precedentes dentro de la literatura jurídica nacional

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.