el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA / Trabajo académico

En este informe se analiza la Resolución Nº 004-2014-OEFA/TFA-SEP1, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La justificación radica en los constantes cambios normativos administrativos, el alto nivel de especialidad y el enfoque interdisciplinario para su resolución. Se parte de la hipótesis que la Resolución no respeta principios y normas del ordenamiento administrativo, ambiental y minero, todo lo cual nos aleja de la verdad material -reconocida como un valor que orienta la actividad del proceso sancionador- y de los fines del derecho administrativo -entre ellos, conocer si en el caso particular existió o no daño ambiental y cómo debe diferenciarse el daño potencial y el daño efectivamente causado-. Para ello se analiza la legislación vigente al momento de la Resolución, así como doctrina autorizada nacional y comparada y jurisprudencia. En este trabajo se concluye que la Resolución no cumple con los plazos previstos por el ordenamiento para su emisión, transgrede el principio de tipicidad -tano en el aspecto relacionado a las normas sustanciales como en lo relacionado a la norma tipificadora-. En consecuencia, la Resolución no es correcta, ya que no se analizaron aspectos relevantes que hubieran cambiado el sentido del pronunciamiento.

el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA

La presente investigación busca plantear una definición armonizadora de emergencias ambientales en la Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, en base al estudio de las Declaratorias de Emergencias Ambientales (DEA) en un contexto nacional y comparativo a propósito del análisis del Caso Repsol sobre el derrame de petróleo marino costero más significativo en el Perú. En la primera y segunda sección se estudiará las emergencias ambientales en un contexto comparado y nacional para la propuesta de una definición armonizadora que considere también lo regulado en normativa específica: Declaratoria de Emergencia Ambientales en la Ley N.° 28804; Declaratoria de emergencias climáticas en la Ley N.° 30754; Declaratoria de emergencias de residuos sólidos, Decreto Legislativo N.° 1278; Declaratoria de emergencias por recursos hídricos en la Ley N.º 29338; Estado de emergencias por gestión de desastres en el marco del SINAGERD; y los reportes de emergencias ambientales en el marco del SINEFA. De esta manera, y evaluado los criterios para establecer una DEA en el caso Repsol en comparación con otros casos no declarados en la tercera sección, se determinará que además de la necesidad de un concepto armonizador, es necesario establecer mayor articulación multisectorial de la información reportada para la toma decisión, así como también, de reflexionar medidas regulatorios que busquen optimizar los planes de contingencias, seguros de caución ambientales y en pensar como última medida a la revocación de la certificación ambiental ante el incumplimiento de medidas administrativas dictadas por el OEFA en el marco de la DEA. / This article proposes a harmonized definition of environmental emergencies in the General Law of the Environment in Peru, based on the study of the Environmental Emergency Declarations (DEA) in a national and comparative context regarding the analysis of the Repsol case on the most significant oil spill. In the first and second section, environmental emergencies will be studied in a comparative and national context for the proposal of a harmonized definition that also considers what is regulated in specific regulations: Environmental Emergency Declaration; Declaration of Climate Emergencies; Declaration of Solid Waste Emergencies; Declaration of Water Emergencies in Act; State of Disaster Management Emergencies under SINAGERD; and environmental emergency reports under SINEFA. In this way, and evaluated the criteria for an environmental emergency declaration in the Repsol case compared to other cases not declared in the third section, it will be determined that in addition to the need for a harmonizer concept, it is necessary to establish greater multisectoral articulation of the information reported for the authorities, as well as to reflect on regulations that seek to optimize contingency plans, environmental insurance and the revocation of environmental certification as the ultimate sanction for failure to comply with administrative actions issued by the OEFA under the DEA.

El desarrollo del presente trabajo pretende brindar los criterios para la aplicación del principio de causalidad esbozado en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito administrativo respecto de titulares de la actividad de gran y mediana minería, en los casos de fusión de personas jurídicas que implican la extinción de las mismas. Hasta la fecha, en los supuestos de extinción y fusión de personas jurídicas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental aplica la sucesión procesal de personas jurídicas y continúa los procedimientos sancionadores contra la persona jurídica subsistente del proceso de fusión. Al respecto, considero que esta acción puede ser perfeccionada. De esta manera, como se desarrollará en el presente trabajo, considero que existen documentos elaborados por los órganos de este organismo que deben ser considerados para la configuración del pasivo contingente en la transferencia de patrimonio en bloque y universal que implica la fusión de las personas jurídicas. Específicamente, se está hablando del informe de supervisión y del informe final de instrucción. Ambos documentos deberían ser considerados en el pasivo contingente para así evitar la elusión de la responsabilidad administrativa por parte de las personas jurídicas subsistentes.