La obra de jueces y legisladores en materia de desarrollo y garantía de los derechos integran un compacto normativo de contornos no siempre precisos y abierto a las transformaciones que producen sobre el mismo las innovaciones legislativas y los respaldos y las recreaciones jurisprudenciales. No obstante, la experiencia española es en esto particularmente inflexible, y deja pocas dudas en cuanto al monopolio del legislador estatal sobre el régimen básico de los derechos fundamentales.