El presente trabajo explora el comportamiento pendular que la regulación de la gestión de intereses ha exhibido en el Perú en las últimas dos décadas, lapso en que se pasó de un vacío regulatorio que coincidió con un período de alta incidencia de corrupción (1990-2000) hasta el año 2003 con la promulgación de la Ley que regula la gestión de intereses en la gestión pública –Ley 28024– que, a la fecha, no ha sido adecuadamente implementada. La investigación analiza la Ley 28024 a la luz de las lecciones internacionales, y mejores prácticas planteadas por la OCDE y por el estudio de experiencias pertinentes en América Latina; mapea a los actores y al ambiente en el cual se producen las gestiones de intereses en el Perú en la actualidad; y recoge, mediante entrevistas en profundidad, las opiniones y recomendaciones de una muestra de expertos peruanos con el objetivo de entender por qué la Ley 28024 no pudo ser implementada. A partir de ello, es posible plantear lineamientos para una ley de gestión de intereses de segunda generación que logre contribuir a consolidar instituciones democráticas y a tomar decisiones de políticas públicas mejor informadas en el Perú.