El presente trabajo busca determinar si el proceso de Hábeas Corpus interpuesto por Jorge Bracamonte y Ana Vidal en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de migraciones, debió haber sido declarado fundado en todos sus extremos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, la investigación parte de la hipótesis principal de que efectivamente este proceso cumple con los requisitos para ser fundado por completo, en tanto, los oficios emitidos por el MINREE mediante los cuales se solicitaba el pasaporte en vigencia como requisito a todo ciudadano venezolano a excepción de aquellos que fuesen mayores de 70 años, mujeres embarazadas y niños o niñas sin partida de nacimiento, resultaron ser no sólo una burocratización del proceso migratorio sino un arbitrariedad que afectó la libertad de tránsito y derechos conexos de los migrantes venezolanos. Por ello, para su corroboración, se han evaluado el expediente tanto en su parte procesal como de fondo, apoyado en la sistematización de una serie de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, en jurisprudencia nacional y doctrina en la materia. Para de ese modo concluir que, en el proceso efectivamente se han afectado derechos como, el derecho a la libertad de tránsito y derechos conexos como el derecho de solicitar refugio y el derecho igualdad y no discriminación. Por lo que, el proceso debió ser declarado fundado en todos sus extremos efectivamente. Al ser esa nuestra perspectiva nos parece criticable el razonamiento del TC en este caso en varios de sus extremos, ya que desconocen parte de sus obligaciones estatales, han descuidado la oportunidad de mencionarse alrededor de temas tan vigentes como la migración en el Perú y no ha cumplido con la efectividad que una garantía como el Habeas Corpus exige en materia de protección de derechos. / This paper seeks to determine whether the Habeas Corpus process filed by Jorge Bracamonte and Ana Vidal against the Ministry of Foreign Affairs and the Superintendence of Migration should have been declared founded in all its aspects by the Constitutional Chamber. In this sense, the investigation is based on the main hypothesis that this process effectively meets the requirements to be founded in its entirety, since the official letters issued by the Ministry of Foreign Affairs requesting a valid passport as a requirement for all Venezuelan citizens except for those over 70 years of age, pregnant women and children without birth certificates, turned out to be not only a bureaucratization of the migratory process but an arbitrariness that affected the freedom of transit and the related rights of Venezuelan migrants. Therefore, for its corroboration, the file has been evaluated both in its procedural and substantive part, supported by the systematization of a series of international instruments on Human Rights, in the national jurisprudence and in the doctrine on the matter. To conclude that the process has effectively affected rights such as the right to freedom of transit and related rights such as the right to seek refuge and the right to equality and non-discrimination. Therefore, the process should have been declared effectively founded in all its extremes. This being our perspective, the reasoning of the Constitutional Court in this case seems to us criticized in several of its extremes, since it ignores part of its state obligations, it has left aside the opportunity to mention current issues such as migration in Peru, and it has not complied with the effectiveness that a guarantee such as Habeas Corpus requires in terms of protection of rights.

El presente informe contiene un análisis jurídico de los alcances de la jurisdicción arbitral y tiene como principal insumo la emisión de la sentencia en el Expediente No. 6167-2005-PHC/TC. Dicho caso se origina en la contienda arbitral entre Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., y Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. La elección del expediente obedece a su riqueza y diversidad temática ya que encontramos en él distintas ramas del Derecho relacionadas con el proceso, como el arbitraje, el proceso penal y el proceso constitucional. Así, en cada una de estas materias se analiza los principales problemas que se presentan en el caso. Por consiguiente, el informe abarca relevantes materias referidas a estas especialidades, tales como la recusación de un árbitro, los recursos en el arbitraje, de la renuncia de un árbitro y si poseen la calidad de vocales de la Corte Suprema, del hábeas corpus y del recurso de agravio constitucional. Para dar respuesta a los problemas que surgen del expediente se acude a jurisprudencia y doctrina en materia arbitral, procesal y constitucional. El informe concluye que el arbitraje es una vía alternativa para la solución de conflictos de orden constitucional que, como vía jurisdiccional independiente, cuenta con las facultades que impiden la intromisión de cualquier tercero en esta jurisdicción, reconocida como tal por la Constitución. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en su labor como máximo intérprete de la Constitución, distingue y reconoce la competencia de los árbitros para tomar decisiones en el ámbito que se desarrollan.