La siguiente investigación discute los cambios en los patrones de fiscalización y sanción ambiental del sector minero e hidrocarburífero. ¿Qué explica los cambios o continuidades ocurridos en el ejercicio de las funciones de fiscalización y sanción ambiental a cargo del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? Los esfuerzos por darle a este tema un tratamiento especial se fueron concretando en ubicar a las entidades ambientales de manera independiente de otras esferas que pertenecen también a la administración pública del Estado. ¿Cómo se ha desarrollado el ejercicio de las funciones de fiscalización y sanción ambiental del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? ¿Qué factores explican el cambio en el número y tipo de acciones de fiscalización y sanción del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? ¿Cuál es la relación entre los cambios institucionales y capacidades ocurridos al interior del OEFA y la variación en los indicadores de fiscalización y de sanción ambiental, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014?

¿Cómo se regula el agua entre el sector agrícola y el minero, intensivos en agua, en un contexto de déficit hídrico? ¿Qué reglas formales gobiernan la distribución de agua en fuentes hídricas? Desde el enfoque de la economía institucional, la presente investigación explica la importancia de las instituciones nacionales y locales en la regulación del agua del Perú, por medio de un estudio de caso en la cuenca alta de Locumba. El déficit hídrico y el uso compartido del agua entre la actividad minera y agropecuaria caracterizan a la cuenca alta de Locumba como recurso de uso común. Se utiliza una metodología de análisis institucional, compuesto por una reconstrucción de la historia de la cuenca, a través del rastreo de las licencias de uso en archivos locales, y por una breve lectura de la historia bajo los lentes institucionales de Ostrom. Se concluye que, desde la década de 1950, las licencias de uso de agua (enmarcadas en el Código de aguas de 1902, el Código de minería de 1950 y Ley de Aguas 1969) no se otorgaron bajo información completa del recurso, ni mecanismos de supervisión del cumplimiento de la licencia del usuario minero. La credibilidad en el sistema de regulación no es construida por los agentes a lo largo del tiempo, lo cual aporta a la formación del conflicto social del 2011 y una serie de intentos de auto-organización mediante Mesas de Trabajo. Bajo la Ley de Recursos Hídricos del 2009, la Autoridad Nacional del Agua no implementa mecanismos claros y creíbles de supervisión de licencias de uso de agua en la cuenca alta de Locumba, la Autoridad solicita al usuario minero reportes sobre su consumo e información del comportamiento hidrológico e hidrogeológico en la cuenca alta.

La década pasada será recordada por el crecimiento sin precedentes del PBI Nacional. Este crecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por la inversión privada dirigida a actividades de exploración y explotación de minerales. Estas actividades económicas se han desarrollado en zonas alejadas del país donde, históricamente, el Estado ha tenido una presencia mínima y la población rural se ha organizado, casi por su cuenta, en comunidades nativas o campesinas.

Esta investigación trata sobre la importancia que tiene la minería artesanal en la economía familiar campesina en la comunidad campesina de Ayahuay (Apurímac). A partir de una observación y análisis del uso de tiempo de las familias, se identifica a tres tipos de familias de mineros: mineros constantes, mineros intermitentes (activos y pasivos) y ex mineros. Estas familias no solo se dedican a la minería, sino también a la agricultura, ganadería, trabajos eventuales, comercio, transporte, entre otras actividades, en una lógica de pluriactividad. La prioridad e importancia de cada actividad varía en cada familia de acuerdo a sus objetivos, limitaciones y prioridades. No obstante, podemos distinguir dos grupos de familias: el grupo de familias de mineros contantes y ex mineros transportistas o con empleo, caracterizado por ser menos pluriactivo (más especializado) y con estrategias menos campesinas; y el grupo de familias de mineros intermitentes y ex mineros no transportistas y sin empleo, caracterizado por ser más pluriactivo y con estrategias más campesinas.

El control de las actividades asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual ha devenido en un problema público, reconocido como tal por el Estado; no obstante, en el proceso de implementación de la política pública se han observado dificultades para que las medidas adoptadas tuvieran presencia efectiva en Madre de Dios durante el periodo 2012 – 2015. Dentro de las razones se destaca los débiles mecanismos de coordinación y articulación, la asignación presupuestal deficiente y las prácticas de corrupción. Como consecuencia de ello, las prácticas asociadas a la trata de personas en la finalidad de explotación sexual no sólo se desarrollaron con relativa normalidad, sino que lograron expandir su presencia en la localidad. En este sentido, con esta investigación se ha buscado describir las actividades asociadas a la trata de personas, determinar las brechas en la cobertura territorial de las medidas de control de las prácticas identificadas y explicar el impacto de las brechas de cobertura territorial en Madre de Dios. Si bien existen estudios que dan cuenta de las limitaciones del Estado para dar una respuesta al fenómeno de la trata de personas, aún no abordan las brechas de las capacidades estatales en la cobertura territorial y el impacto de las mismas. Es así que el presente estudio partirá desde el análisis de las capacidades estatales para el logro de sus objetivos a nivel territorial. / Trabajo de investigación

En tiempos recientes, los grandes proyectos de inversión en hidrocarburos han sido la fuente de los más graves conflictos sociales ocurridos en el Perú. Las organizaciones sociales y campesinas afectadas por los efectos negativos de las empresas extractivas han exigido principalmente respeto por el medio ambiente y una mejor redistribución de las riquezas generadas. En algunos casos, estas exigencias se han canalizado a través de protestas que han infringido el orden público (bloqueos de carreteras, daños a la propiedad pública y privada, y otros actos asociados a disturbios y perturbaciones a la tranquilidad pública). Frente a ello, una de las formas de respuesta del Estado ha sido poner en funcionamiento su poder coercitivo en la modalidad de persecución penal; así, se han abierto procesos judiciales contra varios de los dirigentes sociales que han liderado estos movimientos, acusándoles por la comisión de diversos delitos que implican potencialmente prisión efectiva y penas elevadas.

¿Bajo qué condiciones las demandas, actores y discursos que se construyen en la arena de la movilización social pueden proyectarse a la arena de la representación política y la competencia electoral a nivel local? La tesis aborda la compleja relación entre arena social y electoral a partir del caso de la movilización social en contra de los planes de extracción minera a gran escala en una provincia rica en biodiversidad ubicada en la sierra norte del Perú. A partir de la reconstrucción de la experiencia electoral de la organización política local “Agro Sí”, el estudio describe cómo los recursos organizativos y discursivos asociados a la protesta en contra de la minería en esa zona– y en contra del proyecto minero “Río Blanco” en particular- fueron capitalizados por políticos locales para acceder al gobierno municipal. Proponemos que el caso expresa un tipo de representación que logró traducir elementos de la lógica contenciosa a la arena electoral. Sin embargo, en ausencia de partidos, persistencia del personalismo y una economía política donde las decisiones sobre el extractivismo se concentran aun en el nivel nacional de gobierno, esta representación subnacional no está exenta de tensiones entre las organizaciones sociales de base y los gobernantes electos.

Los conflictos por la tierra y el territorio en la Amazonía peruana, especialmente en el marco de actividades extractivas, se han consolidado como uno de los retos más relevantes y urgentes para el Estado peruano en las últimas décadas, debido a los impactos que continúan teniendo en lo social, político y ambiental. Ante la frecuente incapacidad de los organismos gubernamentales competentes de brindar soluciones adecuadas, las comunidades y organizaciones indígenas vienen adoptando, cada vez más, diversas estrategias para obtener soluciones a sus demandas a través de la vía judicial. En este contexto, a través de un estudio comparado a nivel subnacional, este trabajo analiza dos casos emblemáticos de lucha por la defensa del territorio ancestral mediante la conformación de coaliciones entre comunidades indígenas y ONG, a fin de identificar qué factores pueden resultar más relevantes para explicar el éxito o fracaso de estos procesos de lucha. El análisis de los dos casos emblemáticos revela la particular importancia que tuvo el funcionamiento interno de las coaliciones de sociedad civil - especialmente todo lo relacionado a los liderazgos que dirigieron la lucha y a la cohesión interna que se logró forjar a lo largo del proceso- y, en menor medida, la ejecución de la estrategia de incidencia mediática que complementó las acciones por la vía judicial y política. / Conflicts over land and territory in the Peruvian Amazon, especially in the context of extractive activities, have been consolidated as one of the most relevant and urgent challenges for the Peruvian State in recent decades, due to continuing social, political and environmental impacts. Given the frequent inability of the government agencies to provide adequate solutions, indigenous communities and organizations are increasingly adopting various strategies to obtain solutions to their demands through the courts. In this context, through a comparative study at the subnational level, this paper analyzes two emblematic cases of the fight for the defense of ancestral territory through the formation of coalitions between indigenous communities and NGOs, in order to identify which factors may be most relevant to explain the success or failure of these struggle processes. The analysis of the two emblematic cases reveals the particular importance of the internal functioning of civil society coalitions - especially the actions related to the leaders who led the struggle and the internal cohesion that was forged throughout the process - and, to a lesser extent, the media advocacy strategy that accompanied the actions through judicial and political channels.

La presente investigación tiene como unidad de análisis la política de fiscalización ambiental de la pequeña minería y minería artesanal, implementada por el Gobierno Regional de Arequipa, durante el periodo 2007- 2013. Como sabemos, las competencias de promoción, supervisión y fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal fueron transferidas a los gobiernos regionales en el marco del proceso de descentralización iniciado el año 2002. La puesta en marcha de estas competencias por los Gobiernos Regionales,también se han dado,bajo otro proceso, el del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país, que cobró mayor importancia con la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008.

El presente análisis surge a partir de la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Campesina de Asacasi debido al otorgamiento de concesiones mineras dentro de su territorio sin que se haya efectuado previamente una consulta. En última instancia, esta fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional, principalmente, porque se estimó que el mero otorgamiento de la concesión minera no conllevaba una afectación directa a los derechos de la referida comunidad. Por ende, no correspondía que el Estado Peruano realice la consulta antes de otorgar la concesión. En ese entender, a lo largo de este informe, se cuestionará dicha decisión, pues, es contraria a normativa y jurisprudencia internacional. Específicamente, se emplea aquello desarrollado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se aplica lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Como consecuencia de la evaluación, este informe postula que, en el ordenamiento peruano, la concesión minera implica una afectación a la esfera jurídica de los derechos de los pueblos indígenas. Por ende, antes de su otorgamiento, es necesario que el Estado Peruano realice la consulta a los pueblos interesados. / This analysis arises from the amparo lawsuit filed by the Campesino Community of Asacasi due to the granting of mining concessions within their territory without prior consultation. In the last instance, the Constitutional Court declared it unfounded, mainly because it considered that the mere granting of the mining concession did not directly affect the rights of the community. Therefore, it was not appropriate for the Peruvian State to carry out the consultation before granting the concession. In this understanding, throughout this report, this decision will be questioned, as it is contrary to international norms and jurisprudence. Specifically, we use the provisions of Convention 169 of the International Labour Organization and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Likewise, what is stated by the Inter-American Court of Human Rights on the matter is applied. As a consequence of the evaluation, this report postulates that, in the Peruvian legal system, the mining concession implies an affectation of the legal sphere of the rights of indigenous peoples. Therefore, before granting the concession, the Peruvian State must consult with the indigenous peoples concerned.