Los gastos de responsabilidad social ejecutados por las empresas mineras están estrechamente alineados a una estrategia empresarial que permite la producción y mantenimiento de la fuente generadora de renta. Ahora bien, nuestra legislación permite que dichos gastos sean deducibles a través de la figura de gastos de licencia social, gastos incurridos en virtud de los compromisos previos asumidos con las comunidades aledañas a la zona de influencia del proyecto minero, inversiones en infraestructura que constituyan servicio público y donaciones. En el presente trabajo se analiza la importancia de la ejecución de los gastos de responsabilidad social en un contexto de alta conflictividad que se presenta entre la empresa minera y las comunidades aledañas, y cómo nuestra legislación tributaria sí permite, a través de diversas figuras, la deducibilidad de los mismos, tomando en cuenta que el tributo no tiene únicamente una finalidad recaudatoria sino también una función social.

El presente trabajo centra en el análisis de la sentencia del Expediente N.º 03066-2019-PA/TC, en el que delibera sobre el Derecho a la Consulta Previa y su relación en la concesión minera. Los problemas jurídicos planteados a raíz de la sentencia son los siguientes: En primer lugar, desarrollar si la consulta Previa es un derecho constitucional reconocido en el ordenamiento interno; en segundo lugar, desarrollar el motivo por el cual el otorgamiento de concesión minera vulnera el derecho a la consulta previa; y, finalmente, si el proceso de amparo es un medio idóneo para proteger el Derecho a la Consulta Previa. De esa forma, se desarrollará una respuesta ordenada en relación a los 3 problemas principales. Cada una de las preguntas se desarrollarán en el marco de la teoría jurídica, haciendo uso de jurisprudencia internacional y nacional, doctrina nacional y una visión antropológica. Habiendo resuelto cada de una de las preguntas, se logrará conocer los motivos por los que la Consulta Previa es un derecho constitucional reconocido en el ordenamiento orgánico. Asimismo, se logrará conocer por qué el territorio indígena puede afectado por las concesiones mineras, tomando en consideración una visión antropológica de territorio indígena. Finalmente, habiendo respondiendo las preguntas previas, se determinará que el proceso de amparo es un medio idóneo para la tutela del derecho a la Consulta Previa, demostrando que el Tribunal Constitucional se alejó de la jurisprudencia precedente en relación a la consulta Previa. / This paper focuses on the analysis of the ruling in Case No. 03066-2019-PA/TC, which focuses on the Right to Prior Consultation and that produced by the mining concession. The legal problems raised as a result of the ruling: Firstly, develop whether Prior Consultation is a constitutional right recognized in the domestic system; secondly, develop the reason why the granting of a mining concession violates the right to prior consultation; and, finally, whether the protection process is an ideal means to protect the Right to Prior Consultation. In this way, an ordered response will be developed in relation to the 3 main problems. Each of the questions will be developed within the framework of legal theory, using international and national jurisprudence, national doctrine and an anthropological vision. Having resolved each of the questions, it will be possible to know the reasons why Prior Consultation is a constitutional right recognized in the organic system. Likewise, it will be possible to know why the indigenous territory may be affected by mining concessions, taking into consideration an anthropological vision of indigenous territory. Finally, having answered the previous questions, it will be determined that the protection process is an ideal means for the protection of the right to Prior Consultation, demonstrating that the Constitutional Court moved away from the preceding jurisprudence in relation to Prior consultation.