El Estado Peruano pretende lograr una modernización en sus estructuras que le permita estar al servicio del ciudadano y gestionar por resultados en una forma eficiente y eficaz, tal como se estableció con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rumbo al 2021, aprobada en el año 2013, cuya visión a puertas del 2021, no ha podido concretarse del todo, así esta política pública orientada a resultados al servicio del ciudadano cuenta con tres ejes transversales como lo son el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la articulación interinstitucional, siendo que el Gobierno Abierto es el que permite al ciudadano obtener fácilmente información relevante y comprensible, para garantizar y promover la transparencia y cuyo reto es asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Es así que, en el año 2017, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Autoridad Nacional), siendo unas de sus funciones principales la de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública como garantía de la existencia de mecanismos que faciliten el acceso a la información pública y del respeto a la normatividad sobre la materia, con ella el Tribunal de Transparencia y acceso a la información (en adelante el Tribunal), contribuyen con la solución de controversias en éste ámbito, siendo importante la revisión de sus pronunciamientos en el marco del derecho de acceso a la información pública.