Chile logró instalar en sus instituciones una política indispensable en el desarrollo de las democracias modernas: el de la transparencia y acceso a la información pública. El presente estudio da cuenta de los factores que facilitaron y dificultaron la aplicación de esta política pública en 2009 y de cómo las instituciones del Gobierno Central comenzaron a cambiar ante los desafíos de la Ley 20.285 (LAIP). Con base en este diagnóstico, se hacen propuestas de mejora de la implementación de esta nueva política pública, que de aplicarse de manera eficaz, contribuiría a dar pasos importantes hacia una variable indispensable para medir la calidad de la democracia, el accountability. Esta investigación sólo se enfoca a la transparencia pasiva en las instituciones del Gobierno Central. Debido a que la transparencia y acceso a la información como una política pública con regulaciones y sanciones es un tema nuevo en Chile, fue necesario aplicar un estudio exploratorio, mediante entrevistas semiestructuradas a stakeholders y a quienes coordinaron los grupos de trabajo para implementar la LAIP, que permitiera identificar hipótesis sobre aquellos factores que facilitarían y/o dificultarían la implementación de la LAIP, así como conocer la forma en que se estaban adecuando las distintas instituciones para su aplicación. Sobre la base de los ámbitos identificados en el estudio exploratorio: gestión documental, momentos previos a la implementación de la LAIP, claridad normativa, tipo de capacitación, desafíos del cambio y ciudadanía informada de sus derechos, se elaboró un cuestionario que incluía variables específicas, el que fue aplicado a una muestra representativa de las instituciones del Gobierno Central. Los encuestados en este caso fueron quienes implementan de manera directa la política de transparencia pasiva, pues son ellos quienes conocen de los problemas que surgen al implementar la LAIP. Los hallazgos de la investigación señalan que en esta política pública del tipo top down, hubo eslabones defectuosos que redujeron la eficacia de la implementación, entre ellos, que los recursos financieros y humanos no estuvieron disponibles y que los tiempos de adaptación no fueron adecuados, en consecuencia, la instalación de las capacidades mínimas de operación para poder cumplir con la transparencia pasiva debió ser lenta y progresiva. El estudio cuantitativo mostró que durante la implementación, algunos elementos se resolvieron de manera adecuada, como la coordinación de los equipos de trabajo en los momentos previos a la vigencia de la LAIP; la capacitación a los funcionarios públicos, y un visible liderazgo de las autoridades al involucrarse en la transformación de las instituciones. Sin embargo, se identificaron temas que dificultan la plena aplicación de la transparencia pasiva, algunos a resolverse a largo plazo y otros que deben atenderse con prioridad, entre los que destacan: la modificación de la política de gestión documental; la falta de claridad de la LAIP y de su reglamento; una ciudadanía que todavía no está ejerciendo en forma plena su derecho de acceso a la información al desconocer los beneficios y límites de la Ley, aspecto que no permite avanzar hacia un accountability efectivo. Para atender lo anterior, las propuestas de mejora apuntan a un plan estratégico a desarrollar en tres etapas, y de manera paralela, las recomendaciones indican reforzar una gestión del cambio con el involucramiento de los directivos hacia los nuevos valores públicos; una política de promoción de los beneficios y límites de la LAIP, acompañado de la instalación de un observatorio desde la ciudadanía, que genere mayor participación y escrutinio público.