La “inmunidad parlamentaria” es una garantía de las asambleas legislativas para proteger su autonomía frente a los demás poderes del Estado. Así tal cual, ha sido un dogma a lo largo de nuestra historia republicana (y también de toda la historia del constitucionalismo comparado). Su data es casi en paralelo con la aparición del Estado liberal francés durante el siglo XVIII, y desde entonces ha sido incorporado con diversos matices en los nuevos estados democráticos. Precisamente su longevidad y el advenimiento de la crisis de representación de las asambleas legislativas bien iniciado el siglo XX, han obligado a los Estados ha tener que replantear el objeto de la inmunidad parlamentaria, mucho más con la consolidación de la “era de los derechos”; ambos fenómenos surgidos durante el período de entreguerras. Se entiende desde entonces que la legitimidad democrática se evidencia en la disposición de promover y proteger los derechos ciudadanos. Y por otro lado, en la exigencia que los gobernantes respondan por sus actos, sin que medien privilegios que les confieran impunidad. Este nuevo panorama ha llegado al extremo de replantear la configuración de la teoría de la soberanía popular, generándose un amplio debate sobre la representación, poniendo en tela de juicio una serie de instituciones propias del Poder Legislativo, entre ellas, de la propia inmunidad parlamentaria. / Tesis

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. / Trabajo académico

La “inmunidad parlamentaria” es una garantía de las asambleas legislativas para proteger su autonomía frente a los demás poderes del Estado. Así tal cual, ha sido un dogma a lo largo de nuestra historia republicana (y también de toda la historia del constitucionalismo comparado). Su data es casi en paralelo con la aparición del Estado liberal francés durante el siglo XVIII, y desde entonces ha sido incorporado con diversos matices en los nuevos estados democráticos. Precisamente su longevidad y el advenimiento de la crisis de representación de las asambleas legislativas bien iniciado el siglo XX, han obligado a los Estados ha tener que replantear el objeto de la inmunidad parlamentaria, mucho más con la consolidación de la “era de los derechos”; ambos fenómenos surgidos durante el período de entreguerras. Se entiende desde entonces que la legitimidad democrática se evidencia en la disposición de promover y proteger los derechos ciudadanos. Y por otro lado, en la exigencia que los gobernantes respondan por sus actos, sin que medien privilegios que les confieran impunidad. Este nuevo panorama ha llegado al extremo de replantear la configuración de la teoría de la soberanía popular, generándose un amplio debate sobre la representación, poniendo en tela de juicio una serie de instituciones propias del Poder Legislativo, entre ellas, de la propia inmunidad parlamentaria.

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria.