Muchas veces, en los procesos disciplinarios contra jueces de paz, la determinación de la responsabilidad disciplinaria efectuada por los órganos de control de la magistratura se limita a una actividad subsuntiva o lógica deductiva; de los hechos del caso, a constatar si encajan con la premisa normativa (del catálogo de faltas disciplinarias de los jueces de paz), y si es así, se aplica necesariamente la consecuencia jurídica prevista (sanción disciplinaria).Al reducirse la solución del caso a eso, no hay lugar para la responsabilidad administrativa subjetiva, para la argumentación o para la aplicación de los principios orientadores del régimen disciplinario del juez de paz, y por lo tanto se vuelve muy probable que si para los órganos de control los hechos configuraron una falta muy grave, esto acarree la destitución del juez de paz. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo académico busca responder tres preguntas: i) ¿en qué se sustenta el control disciplinario a jueces de paz?; ii) ¿cuándo estaría justificado destituir a un juez de paz?; y iii) ¿la aplicación de los principios orientadores del régimen disciplinario del juez de paz, aseguran el respeto de sus derechos en un procedimiento disciplinario? Al respecto, se mencionará que los jueces de paz están sujetos al control ciudadano, de la comunidad o vecindad que los eligió para asumir dicho cargo y a la vez, al control institucionalizado de parte del Poder Judicial porque el juez de paz es parte de la corporación judicial, y este es el control disciplinario. También, como opinión personal, que la responsabilidad administrativa subjetiva y el dolo, específicamente, debería ser condición necesaria para destituir a un juez de paz, y que la formulación de los principios orientadores del régimen disciplinario del juez de paz en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Juez de Paz aportan al análisis de la responsabilidad disciplinaria, las características propias y la esencia de la justicia de paz, y dotarían de razonabilidad y proporcionalidad la sanción disciplinaria contra un juez de paz.

El presente trabajo tiene por objetivo determinar los estándares constitucionales que se deben observar en el ejercicio de la potestad sancionadora manifestada en la destitución de jueces por incumplimiento del precedente constitucional (PC) o la doctrina constitucional vinculante (DCV). Para tal fin, fueron analizados un total de 36 procesos disciplinarios con pedido de destitución (correspondientes al periodo que va del año 2006 al 2018) cuyo cargo imputado a los jueces y juezas de las diferentes instancias del Poder Judicial fue no haber tenido en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional a la hora de emitir sus resoluciones, conforme a lo dispuesto en los artículos VI y VII del Nuevo Código Procesal Constitucional. Analizado el problema de estudio y la forma como se llevaron los procesos ante la Oficina de Control de la Magistratura, se identificaron seis estándares constitucionales que recomendamos que la actual Junta Nacional de Justicia debe considerar: (i) los actos de contenido jurisdiccional como límite al control administrativo sancionador, (ii) diferencia entre lo que es inobservancia y desacato frontal del PC, (iii) consideración de criterios objetivos para graduar la sanción, (iv) garantía de reserva legal de la competencia y tipicidad de las infracciones, (v) garantía frente a intereses o conflictos de índole político-jurisdiccional, y (vi) necesidad de que el Tribunal Constitucional implemente una justicia constitucional dialógica. Estos estándares deben considerarse exclusivamente cuando el cargo imputado sea el incumplimiento de la DCV o el PC. / The present study aims to determine the constitutional standards that must be considered in the exercise of the sanctioning power expressed itself in the dismissal of judges due to breaching constitutional precedent or constitutional doctrine of binding precedent. For this purpose, a total of 36 disciplinary processes with request for dismissal were analyzed (over the period from 2006 to 2018) in which, judges from various instances of the Judicial Branch were accused of not taking into account the resolutions of the Constitutional Court when issuing their judgments, as provided in Articles VI and VII of the New Constitutional Procedural Code. After analyzing the problem under study and the way how the processes were handled before the Office of Control of the Magistracy, six constitutional standards we recommend the current National Judicial Board should consider were identified: (i) the acts of jurisdictional nature as a limit of the sanctioning administrative control; (ii) distinction between non-compliance and frontal contempt of the constitutional precedent; (iii) consideration of objective criteria for graduating the sanction; (iv) guarantee of legal reserve of competence and typicity of infractions; (v) guarantee against political-jurisdictional interests or conflicts; and (vi) the necessity for the Constitutional Court to implement a dialogic constitutional justice. These standards must be considered exclusively when the imputed charge is non-compliance with the constitutional doctrine of binding precedent or the constitutional precedent.

En el presente trabajo se reflexionará sobre la gradualidad de las sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia. El análisis se centrará en la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia y el ejercicio discrecional de la misma en la gradualidad de sanciones. De esa forma, se verificará la importancia de la potestad discrecional de la Junta Nacional de Justicia y su aplicación en las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará si la aplicación de la gradualidad de sanciones por la Junta Nacional de Justicia se realiza de forma adecuada, para lo cual se efectuará un balance de las resoluciones emitidas por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura mediante las cuales determinó que, si bien no correspondía la imposición de la sanción de destitución, si era pertinente una sanción menor, así como las perspectivas de mejora que afronta la Junta Nacional de Justicia. / Trabajo académico