El presente trabajo desarrolla una investigación sobre “El Acceso a la Justicia de los sectores pobres a propósito de los consultorios jurídicos gratuitos PUCP y La Recoleta de PROSODE”. Este estudio empezó con una exploración sobre por qué las personas de los sectores pobres de Lima Metropolitana no acceden, acceden poco o no continúan con el servicio jurídico de PROSODE, pese a que este es gratuito. A partir de ello, se indaga sobre los actores involucrados y sobre la existencia de causas y barreras que limitan el acceso o la continuidad de las atenciones de casos llevados en los consultorios jurídicos gratuitos analizados. Se descubre que algunas de ellas pueden ser solucionadas en parte por PROSODE mientras que otras requieren una intervención adecuada del Estado como garante del derecho de acceso a la justicia. Desde esta perspectiva logramos identificar dos dimensiones: la primera, referida a los actores, que son el Estado y PROSODE; y la segunda, referida a las barreras del acceso a la justicia, tales como la pobreza, la ciudadanía limitada, la debilidad democrática, la corrupción y la discriminación por género. Nuestra investigación busca contribuir al campo de la gerencia social, ya que analiza actores sociales y políticos desde los enfoques de género y derecho; adquiere relevancia en las políticas sociales referidas al acceso a la justicia como iniciativa de la sociedad civil, pero también como parte de una propuesta de mejora e implementación de políticas públicas que contribuyan a garantizar el acceso de los más pobres a la justicia. Este trabajo formula recomendaciones orientadas a mejorar el acceso al sistema de justicia. Asimismo, puede constituirse en una herramienta de gran utilidad para generar propuestas de reforma que propongan la implementación o mejoramiento de consultorios jurídicos gratuitos, específicamente de los brindados por PROSODE. / Tesis

El presente trabajo desarrolla una investigación sobre “El Acceso a la Justicia de los sectores pobres a propósito de los consultorios jurídicos gratuitos PUCP y La Recoleta de PROSODE”. Este estudio empezó con una exploración sobre por qué las personas de los sectores pobres de Lima Metropolitana no acceden, acceden poco o no continúan con el servicio jurídico de PROSODE, pese a que este es gratuito. A partir de ello, se indaga sobre los actores involucrados y sobre la existencia de causas y barreras que limitan el acceso o la continuidad de las atenciones de casos llevados en los consultorios jurídicos gratuitos analizados. Se descubre que algunas de ellas pueden ser solucionadas en parte por PROSODE mientras que otras requieren una intervención adecuada del Estado como garante del derecho de acceso a la justicia. Desde esta perspectiva logramos identificar dos dimensiones: la primera, referida a los actores, que son el Estado y PROSODE; y la segunda, referida a las barreras del acceso a la justicia, tales como la pobreza, la ciudadanía limitada, la debilidad democrática, la corrupción y la discriminación por género. Nuestra investigación busca contribuir al campo de la gerencia social, ya que analiza actores sociales y políticos desde los enfoques de género y derecho; adquiere relevancia en las políticas sociales referidas al acceso a la justicia como iniciativa de la sociedad civil, pero también como parte de una propuesta de mejora e implementación de políticas públicas que contribuyan a garantizar el acceso de los más pobres a la justicia. Este trabajo formula recomendaciones orientadas a mejorar el acceso al sistema de justicia. Asimismo, puede constituirse en una herramienta de gran utilidad para generar propuestas de reforma que propongan la implementación o mejoramiento de consultorios jurídicos gratuitos, específicamente de los brindados por PROSODE. / Tesis

El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas. / Tesis

La forma en que nos movilizamos en una ciudad tiene una enorme influencia sobre cómo los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y obligaciones. Partiendo de esa premisa, el servicio de transporte público, como componente básico de la movilidad urbana, cumple una función esencial para los habitantes de una ciudad: si no se regula adecuadamente y se asegura un acceso equitativo al mismo, los ciudadanos verán limitadas sus posibilidades para moverse de un punto a otro, y tendrán, por lo tanto, menos oportunidades para acceder a servicios públicos, alcanzar mayores niveles de desarrollo y tener una vida urbana con mayor calidad. Los sectores de la sociedad con menos recursos económicos sufren más de ese impacto negativo. Esto cobra mayor sentido en Lima Metropolitana, donde más del 70% de su población utiliza diariamente el transporte público. Sin embargo, las acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) vinculadas a movilidad urbana durante los últimos años se han enfocado en otras prioridades. Entre los años 2015 y 2016 la MML ha invertido cerca del doble en obras que privilegian el uso de vehículos privados que en obras orientadas a mejorar el servicio de transporte de pasajeros. De esta forma, la ciudad estaría ejerciendo una forma de injusticia y exclusión social contra su población, utilizando recursos públicos para beneficiar sistemáticamente a unos pocos. Tomando como punto de partida los montos de inversión en movilidad en Lima Metropolitana y conceptos como justicia social y libertad desarrollados por John Rawls y Amartya Sen, se propone una investigación para comprender y analizar la influencia externa que sufren los funcionarios que toman este tipo de decisiones. Para ello, se propone adoptar como marco el fenómeno conocido como la captura política del Estado. En particular, por su posición de poder y relevancia en nuestra sociedad, se plantea estudiar la captura ejercida por la prensa escrita y las empresas constructoras sobre los funcionarios municipales / Tesis

El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.

La forma en que nos movilizamos en una ciudad tiene una enorme influencia sobre cómo los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y obligaciones. Partiendo de esa premisa, el servicio de transporte público, como componente básico de la movilidad urbana, cumple una función esencial para los habitantes de una ciudad: si no se regula adecuadamente y se asegura un acceso equitativo al mismo, los ciudadanos verán limitadas sus posibilidades para moverse de un punto a otro, y tendrán, por lo tanto, menos oportunidades para acceder a servicios públicos, alcanzar mayores niveles de desarrollo y tener una vida urbana con mayor calidad. Los sectores de la sociedad con menos recursos económicos sufren más de ese impacto negativo. Esto cobra mayor sentido en Lima Metropolitana, donde más del 70% de su población utiliza diariamente el transporte público. Sin embargo, las acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) vinculadas a movilidad urbana durante los últimos años se han enfocado en otras prioridades. Entre los años 2015 y 2016 la MML ha invertido cerca del doble en obras que privilegian el uso de vehículos privados que en obras orientadas a mejorar el servicio de transporte de pasajeros. De esta forma, la ciudad estaría ejerciendo una forma de injusticia y exclusión social contra su población, utilizando recursos públicos para beneficiar sistemáticamente a unos pocos. Tomando como punto de partida los montos de inversión en movilidad en Lima Metropolitana y conceptos como justicia social y libertad desarrollados por John Rawls y Amartya Sen, se propone una investigación para comprender y analizar la influencia externa que sufren los funcionarios que toman este tipo de decisiones. Para ello, se propone adoptar como marco el fenómeno conocido como la captura política del Estado. En particular, por su posición de poder y relevancia en nuestra sociedad, se plantea estudiar la captura ejercida por la prensa escrita y las empresas constructoras sobre los funcionarios municipales