La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación

Las criptomonedas actualmente tienen gran protagonismo entre inversionistas; sin embargo, resulta preocupante que, así como generan ganancias de forma impresionante, sean utilizadas en delitos como el lavado de activos siendo ocasionado por la ausencia normativa dentro del marco peruano y en razón a este problema surge el propósito de esta investigación al proponer la incorporación normativa del uso de estas como modalidad de dinero frente a la comisión del delito antes mencionado. Haciendo uso de un paradigma interpretativo o también conocido como cualitativo - aplicado, esto debido a que se usará la técnica del análisis documental y como instrumento el estado del arte compuesta por una búsqueda de libros, revistas, doctrina, tesis, entre otras fuentes. Tras los resultados de este estudio, se logró evidenciar dos tipos de legislaciones que estudian a las criptomonedas como moneda de curso legal: “El Salvador” con “República Centro Africana” y las que las consideran como modalidad de dinero siendo “Venezuela”, “Panamá” y “Japón”. Además, dentro de las modalidades de la comisión de este delito fueron encontradas algunas como mercado P2P, exchange no reguladas, wallets frías, coin mixing y la compraventa de bienes y servicios. Finalmente, ante este análisis se planteó la propuesta en base a la teoría monetaria complementando el concepto de considerar a las criptomonedas como modalidad de dinero, siendo necesario una modificación del 1°, 2°, 3° y 5° art. en el D. L. N°1106. / Cryptocurrencies currently have a significant role among investors; however, it is worrying that, as they generate profits in an impressive way, they can be used to commit fraud, such as the commission of money laundering, due to the lack of regulation within the Peruvian regulatory framework. This problem is the reason for the purpose of this research, which proposes the incorporation of the use of cryptocurrencies as a modality of money in the face of the commission of the aforementioned crime. Using an interpretive paradigm, also known as qualitative-applied, this is because the technique of documentary analysis will be used and the state of the art will be used as an instrument, composed of a search of books, magazines, doctrine, theses, among other sources. After the results of this study, it was possible to identify two types of legislation that study cryptocurrencies as legal tender, being El Salvador and the Central African Republic, and those that consider them as a modality of money, being Venezuela, Panama, and Japan. In addition, within the modalities of the commission of this crime, some were found, such as P2P markets, unregulated exchanges, cold wallets, coin mixing, and the purchase and sale of goods and services. Finally, in light of this analysis, the proposal was made based on monetary theory, complementing the concept of considering cryptocurrencies as a modality of money, requiring an amendment to Articles 1, 2, 3 and 5 of Legislative Decree No. 1106.

This paper pretends to analyze the functioning and the limitations of some legal tools that the Peruvian state has posed as a part of his normative answer to the grave phenomenon of illegal gold mining, organized form of criminality whose utilities have surpassed the ones of drug trafficking. With this purpose, two axes of analysis has been proposed with incidence upon the illegal commercialization of gold: (i) the criminal tools, which specifically involve the crimes of illegal mining, clandestine commerce and money laundering; and (ii) the administrative tools, which involve the Legislative Decrees N° 1103 and 1107, the Supreme Decrees N° 012-2012-EM and N° 17-2009-MTC, among others. The authors have noticed several legislative policy errors in these elements and therefore implement recommendations to increase the global effectiveness of the regulation. / El presente trabajo apunta a evaluar el funcionamiento y las limitaciones de algunas de las herramientas jurídicas que el Estado peruano ha planteado como parte de su respuesta normativa frente al grave fenómeno de la minería ilegal, forma organizada de criminalidad cuyas ganancias ilícitas han superado en los últimos años a las del tráfico ilícito de drogas. Con tal finalidad, se han propuesto dos ejes de análisis con incidencia en la comercialización del oro ilegal: (i) las herramientas penales, que específicamente comprenden los delitos de minería ilegal, comercio clandestino y lavado de activos; y (ii) las herramientas administrativas, compuestas por los Decretos Legislativos No. 1103 y 1107, los Decretos Supremos No. 012-2012-EM y No. 17-2009-MTC, entre otros. Los autores han advertido diversos errores de política legislativa en estos elementos e implementan recomendaciones para incrementar la eficacia global de la regulación.