Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de la Información / La Tesorería General de la República tiene como misión recaudar, invertir y distribuir los recursos del fisco. Genera valor cuando cumple sus obligaciones de forma oportuna y transparente. Es en este contexto que es necesario para la Tesorería formalizar, diseñar y optimizar sus procesos de negocio. Entre las funciones de distribución son de especial relevancia las obligaciones legales de fiscalización y el pago de ayudas sociales que entrega el Estado a los ciudadanos. Entre ellos se encuentra el pago del bono post laboral a ex funcionarios del Servicio Público, el que consiste en el pago de un bono mensual no imponible a funcionarios con bajas tasas de reemplazo y que además deben cumplir una serie de requisitos que establece la ley 20.305 y otras leyes complementarias. En la etapa de fiscalización se debe analizar un gran número de leyes de alta complejidad, este análisis se realiza de forma manual provocando que el proceso se ralentice y sea propenso a errores de interpretación, generando perjuicio tanto al beneficiario como a los recursos del Estado. El proyecto abordó esta problemática, proponiendo como objetivo optimizar la fiscalización y pago del bono post laboral a través del diseño de un nuevo proceso que interpreta la normativa legal, la estandariza y automatiza la validación de requisitos. Para la implementación del rediseño del proceso, se desarrolló una plataforma integrada para la validación automática de requisitos del Bono Post Laboral y la generación automática de oficios de rechazo que son enviados por Tesorería a los Servicios Púbicos. El principal desafío del proyecto fue lograr el análisis e interpretación de cada ley para generar reglas estandarizadas y automatizadas para la validación de requisitos, y así poder aplicarlas a todas las solicitudes a nivel nacional. La transición desde un análisis manual a uno automatizado fue un gran desafió para los analistas de operaciones, quienes debieron aprender a utilizar una nueva herramienta con un proceso enfocado en el beneficiario. El proyecto generó importantes ahorros en la Tesorería en su primer semestre de implementación el 2015. El tiempo de fiscalización de una solicitud disminuyo de 5 horas promedio a sólo 1 hora generando más de 2.600 horas de ahorro. Además, más de 3.000 ex funcionarios públicos podrán conocer antes si recibirán el pago del beneficio, ya que se redujo la decisión de pertinencia del pago de 10 días promedio a solo 4. Ahora, la Tesorería cuenta un proceso automatizado, integrado y confiable, que le permite entregar información oportuna y transparente a los ciudadanos.