El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación de las barreras burocráticas del ordenamiento jurídico. Así, teniendo en consideración la importancia de la eliminación de las referidas barreras, a finales del 2016, se publicó el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, Nº 1256, con la finalidad de, entre otros, fortalecer las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, y regular a las barreras burocráticas. Entre las novedades de esta ley, se encuentra la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas; sin embargo, para el caso de las barreras burocráticas carentes de razonabilidad, se ha mantenido su inaplicación para el caso en concreto. Ante este escenario, en el presente trabajo de investigación, analizamos la propuesta de que la inaplicación con efectos generales también sea aplicable a las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas. A partir de la investigación realizada, se podrá evidenciar que nuestra propuesta cuenta con sustento jurídico, toda vez que (i) las entidades públicas se encuentran en la obligación de realizar un análisis previo de legalidad y razonabilidad a fin de emitir una medida contenida en una disposición administrativa, (ii) la barrera burocrática carente de razonabilidad contenida en una disposición administrativa mantiene ese carácter y no varía cada caso en concreto, y (iii) el ordenamiento jurídico vigente evidencia la importancia de que los ciudadanos tengan conocimiento de la declaración de una barrera burocrática carente de razonabilidad. Por último, con la finalidad de evidenciar la viabilidad de nuestra propuesta, se analizan tres (3) casos en los cuales se demuestra los efectos positivos para los agentes económicos y ciudadanos en general.

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la necesidad de la existencia de límites legales a la libertad de empresa en cuanto el acceso de las universidades privadas a la prestación del servicio de educación superior universitario, considerando que el Estado debe garantizar que dicho servicio cuente con condiciones mínimas de calidad, resguardando de esa manera el derecho fundamental a la educación. Debemos indicar que si bien con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se estableció una regulación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior universitaria, hace unos meses el Congreso de la República modificó dicha Ley con la promulgación de la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Cabe mencionar que las principales modificaciones están referidas a cambiar la naturaleza de la Sunedu, restarle funciones en cuanto al licenciamiento de programas, escuelas y facultades, y modificar la forma de elección de los miembros de su Consejo Directivo. A partir de esta situación, consideramos que resulta relevante recordar los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la Ley 30220, los cuales fundamentan la necesidad de que la Ley 31520 sea derogada por afectar el derecho constitucional a la educación. Esta propuesta de derogación tiene como objetivo evitar que la Ley 30220 pierda su esencia y garantizar la calidad de la educación superior universitaria.

El presente informe jurídico versará sobre el análisis de la Resolución N° 1255-2004/CPC de fecha 24 de noviembre de 2004 (en adelante la “RESOLUCIÓN”), emitida por la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante la “COMISIÓN”), la cual tiene como materia de análisis la comisión de prácticas discriminatorias realizada por la empresa UNITED DISCO S.A. (en adelante “AURA”), misma que fue denunciada de oficio por la Comisión, en razón a la vulneración de derechos constitucionales. Asimismo, el presente informe jurídico también versará sobre el análisis de la Resolución N° 0939-2005/TDC-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2005 (en adelante la “RESOLUCIÓN FINAL”) emitida por la Sala de Defensa de la Competencia (en adelante la “SALA”), misma que resuelve el recurso de apelación presentado por Aura contra la Resolución, la cual tiene como materia de análisis, la prueba indiciaria y los sucedáneos medios probatorios. Para el presente informe, nos basaremos en los conocimientos adquiridos a lo largo del presente Programa de Segunda Especialidad, en jurisprudencia pertinente establecida por el Tribunal Constitucional, consulta con organizaciones de derechos humanos y también con autores que aborden sobre todo los conceptos que se aborde en el Marco Jurídico Conceptual. Finalmente concluiremos respecto a los limites establecidos al ejercicio de los derechos de la libertad de empresa y libertad de contratación contra el derecho a la dignidad de las personas y a la no discriminación respecto a su origen étnico y su indefensión ante actos discriminatorios por parte de empresas de servicio. / This legal report will deal with the analysis of Resolution No. 1255-2004 / CPC dated November 24, 2004 (hereinafter the "RESOLUTION"), issued by the Consumer Protection Commission (hereinafter the "COMMISSION"), whose subject of analysis is the commission of discriminatory practices carried out by the company UNITED DISCO SA (hereinafter “AURA”), which was denounced ex officio by the Commission, due to the violation of constitutional rights. Likewise, this legal report will also deal with the analysis of Resolution No. 0939-2005 / TDCINDECOPI dated August 26, 2005 (hereinafter the “FINAL RESOLUTION”) issued by the Competition Defense Chamber (in hereinafter the “ROOM”), which resolves the appeal filed by Aura against the Resolution, which has as its subject of analysis, the circumstantial evidence and the substitute means of evidence. For this report, we will base ourselves on the knowledge acquired throughout this Second Specialty Program, on pertinent jurisprudence established by the Constitutional Court, consultation with human rights organizations and with authors that address above all the concepts addressed in the Conceptual Legal Framework. Finally, we will conclude with respect to the limits established for the exercise of the rights of freedom of business and freedom of contract against the right to dignity of people and nondiscrimination with respect to their ethnic origin and their defenselessness against discriminatory acts by companies of service.