La interrupción voluntaria del embarazo en el Perú es una conducta prohibida por el Código Penal; castigo que se extiende a la mujer, y a los médicos que le coadyuven. La única excepción es la interrupción gestacional por indicación terapéutica cuando es el único medio de salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave o permanente. En este contexto de prohibición general y única excepción, no solo muchas mujeres desconocen de esta opción, sino que muchos médicos dudan de hacer esta recomendación o de aprobarla. En el año 2001, una mujer adolescente se vio en la necesidad de este procedimiento y se encontró con médicos que en base a una interpretación incorrecta y restrictiva de la norma penal, se lo negaron. Ella denunciaría el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que encontraría al Estado peruano responsable de vulnerar sus derechos a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, a las medidas de protección que su condición de adolescente le requería y a que el Estado garantice la protección de los derechos antes mencionados; derechos contenidos en el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En base a un análisis del contenido esencial de cada uno de los derechos alegados como vulnerados, una revisión de su estándar de protección y apelando a algunos principios del derecho, concluimos que en el caso bajo análisis, el Estado peruano habría violado no solo los derechos identificados por el Comité, sino además el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al goce de sus derechos civiles en igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, y su derecho a la vida.