Tesis

La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada (por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de corrupción. / Tesis

La presente investigación trata sobre el conflicto que genera la medida de bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias cuando sus representantes son sometidos a investigación penal. Esta medida produce un conflicto entre diversos derechos amparados por la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia, a la propiedad y la relevancia de la no desaparición de pruebas incriminatorias que coadyuven al esclarecimiento de un presunto hecho delictivo.

La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada (por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de corrupción.

La presente investigación es un breve análisis sobre la aplicación del artículo 97° del código penal en el marco de un proceso cautelar seguido dentro de la Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. Al respecto el citado dispositivo normativo ofrece una interesante aproximación al derecho a la reparación y la efectividad de las resoluciones judiciales, ofreciendo una aplicación similar a la acción pauliana del código civil. En dicho contexto esta investigación aborda la relación del derecho a la reparación, la presunción de inocencia, estándares probatorios y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales. En dicho sentido, a través del análisis de la Resolución N° 1 se ha pretendido pretendemos aportar de alguna manera al adecuado entendimiento de las pretensiones civiles en sede penal, su correcta aplicación dentro de la tutela cautelar y como el derecho de inocencia requiere que se superen ciertos estándares probatorios mínimos con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los particulares, o hacerlos soportar cargas que resulten arbitrarias / This investigation is a brief analysis of the application of Article 97 of the penal code in the framework of a precautionary process followed within Resolution No. 1, of File No. 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. In this regard, the aforementioned normative device offers an interesting approach to the right to reparation and the effectiveness of judicial decisions, offering a similar application to the Paulian action of the civil code. In this context, this research addresses the relationship of the right to reparation, the presumption of innocence, evidentiary standards and the right to motivate judicial decisions. In this sense, through the analysis of Resolution No. 1 it has been intended that we intend to contribute in some way to the proper understanding of civil claims in criminal courts, their correct application within the precautionary protection and how the right of innocence requires that it be exceed certain minimum evidentiary standards in order not to leave individuals defenseless, or make them bear arbitrary burdens