Durante los últimos años el número de conflictos socio-ambientales (CSA) en el Perú se ha incrementado notablemente, a pesar del crecimiento económico nacional, las reformas en el manejo ambiental y políticas redistributivas que el Estado ha promulgado y de los programas sociales que las empresas mineras realizan. Esto se da, además, en un contexto de creciente demanda internacional por los minerales, mayor interés en la conservación del medio ambiente (nacional e internacional) e incremento de las demandas de las comunidades locales que reclaman ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones del manejo de los recursos que yacen donde habitan. A pesar de que se encuentra evidencia de una correlación negativa entre la aparición de los CSA y una caída en la rentabilidad mensual de las acciones, ésta no es estadísticamente significativa al incluir errores estándar robustos a la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación. Sin embargo, sí se encuentra evidencia de un incremento en la compra-venta de las acciones cuando los conflictos culminan y un aumento de la variabilidad del precio en el mes en que el conflicto culmina y, en sentido opuesto, cuando el este inicia. La principal conclusión del documento es que los CSA afectan al mercado bursátil a través de incrementos en la incertidumbre, en este caso, de la rentabilidad o futuro de los proyectos mineros que son sujetos de conflicto con las comunidades. Si bien esto no se materializa en un impacto en la rentabilidad, si parece ser señal de que la aparición de un conflicto vuelve cautelosos a los inversionistas, mientras que el final de estos los mismos les brinda mayor seguridad. / Tesis

Durante los últimos años el número de conflictos socio-ambientales (CSA) en el Perú se ha incrementado notablemente, a pesar del crecimiento económico nacional, las reformas en el manejo ambiental y políticas redistributivas que el Estado ha promulgado y de los programas sociales que las empresas mineras realizan. Esto se da, además, en un contexto de creciente demanda internacional por los minerales, mayor interés en la conservación del medio ambiente (nacional e internacional) e incremento de las demandas de las comunidades locales que reclaman ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones del manejo de los recursos que yacen donde habitan. A pesar de que se encuentra evidencia de una correlación negativa entre la aparición de los CSA y una caída en la rentabilidad mensual de las acciones, ésta no es estadísticamente significativa al incluir errores estándar robustos a la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación. Sin embargo, sí se encuentra evidencia de un incremento en la compra-venta de las acciones cuando los conflictos culminan y un aumento de la variabilidad del precio en el mes en que el conflicto culmina y, en sentido opuesto, cuando el este inicia. La principal conclusión del documento es que los CSA afectan al mercado bursátil a través de incrementos en la incertidumbre, en este caso, de la rentabilidad o futuro de los proyectos mineros que son sujetos de conflicto con las comunidades. Si bien esto no se materializa en un impacto en la rentabilidad, si parece ser señal de que la aparición de un conflicto vuelve cautelosos a los inversionistas, mientras que el final de estos los mismos les brinda mayor seguridad.

La importancia del sector extractivo en nuestro país como factor de desarrollo y crecimiento, radica sin lugar a dudas, en el impacto que genera en la cadena productiva, comercial y de generación de empleo nacional, lo cual resulta importante para el sostenimiento de la dinámica económica ya que esta actividad implica la apuesta de grandes inversiones por parte de importantes conglomerados empresariales extranjeros como nacionales que buscan posicionarse en el mercado mundial de la comercialización de minerales y explotación de recursos naturales. Siendo este el escenario en el cual confluyen además las exigencias propias de un mundo globalizado, las empresas del sector en aras de establecer un equilibrio entre el mantenimiento de su producción y el desarrollo local de las poblaciones cercanas al proyecto han comenzado a incluir progresivamente en sus planes estratégicos programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, el tratamiento tributario respecto a la deducibilidad sobre este tipo de gastos no ha encontrado uniformidad en los pronunciamientos de las principales entidades resolutoras, encontrándose criterios divergentes, como el que sostiene la Administración Tributaria (SUNAT) la cual ha considerado por desestimar en diversas oportunidades la posibilidad de deducir estos desembolsos al no considerarlos necesarios para producir y/o mantener la fuente generadora de renta calificándolos como meras liberalidades; no obstante, también se perfila una postura más amplia asumida progresivamente por el Tribunal Fiscal, en ciertos casos obedeciendo a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Esta situación genera una afectación a los contribuyentes debido a la falta de seguridad jurídica que se otorga a sus inversiones lo que pudiera traer como consecuencia posibles perjuicios económicos debido a la pérdida del escudo fiscal de dichos gastos. El presente trabajo de investigación desarrolla una revisión doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de las implicancias tributarias y constitucionales que se suscitan al pretender la deducción sobre este tipo de gasto, además se busca determinar los alcances y límites del principio de causalidad y la importancia de la fehaciencia de los gastos realizados a fin de determinar si en efecto tales gastos deben considerarse como deducibles, tomando en cuenta los principales gastos por RSE incurridos por empresas extractivas.