El presente trabajo se desarrolla en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a la empresa Pacific Stratus Energy S.A., luego denominada Frontera Energy del Perú S.A., en su calidad de operador del Lote 192, tras la verificación del supuesto incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 217 del Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, correspondiente al retiro de una instalación inactiva, referido a la línea de descarga de 12’ de la Batería Capahuari Sur, localizada en su área de operación. Al respecto, se analiza, de manera central, la actuación del Osinergmin en el desarrollo del procedimiento y la asignación de responsabilidad al administrado. Para ello, se desarrollan dos aspectos secundarios que coadyuvan a dilucidar la controversia principal. En primer lugar, se examina el tipo infractor respectivo y su delimitación. En segundo lugar, se reflexiona en torno a la falta de análisis de la autoridad sobre la posible calificación de la instalación como un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos. En este sentido, como resultado se verificará si Osinergmin actuó dentro del marco jurídico aplicable, partiendo, principalmente, del desarrollo de los principios del procedimiento administrativo y la potestad sancionadora de la Administración contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. / This research work is developed within an Administrative Sanctioning Procedure initiated by the Energy and Mining Regulatory Agency of Peru to the oil company Pacific Stratus Energy S.A., later named Frontera Energy del Perú S.A., in its capacity as operator of Block 192, after verifying the alleged non-compliance with the obligation contained in article 217 of the “Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, corresponding to the removal of an inactive installation, referred to the 12' discharge line of the Batería Capahuari Sur located in its area of operation. In this regard, we analyze mainly the regulatory agency performance in the procedure and the assignment of responsibility to the economic agent. For this purpose, two secondary aspects are developed that help to elucidate the main controversy. Firstly, the respective legal classification of the offence and its delimitation are examined. Secondly, lack of analysis by the authority on the possible qualification of the installation as a hydrocarbon environmental liability is reflected upon. Finally, it will be verified whether the regulator acted within the applicable legal framework based on the revision of the principles of administrative procedure and the sanctioning power of the Administration contained in the “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

En el sector de energía existen cargos, recargos y tarifas que se cobran con ocasión de la prestación de servicios públicos o de la venta o importación de determinados hidrocarburos. Estos se caracterizan por haber sido creados a través de normas jurídicas (principalmente con rango de ley), ser de carácter obligatorio, no ingresar al presupuesto nacional ni a fondos públicos, no constituir ingresos para los sujetos que los recaudan y ser administrados y/o regulados por el Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y la Minería. La presente investigación analiza, mediante el estudio de casos, la naturaleza jurídica de nueve de estos cargos, recargos o tarifas contrastándolos con los conceptos de tarifa de servicios públicos, tributo y de recursos parafiscales. Dado el escaso desarrollo del concepto de parafiscalidad en la doctrina y la jurisprudencia peruana, se construye una definición operativa a partir de la experiencia comparada (Francia, España y Colombia) y la regulación nacional existente. La investigación concluye que, en la mayoría de los casos, dado que lo recaudado no constituye ingreso para quien lo recauda ni constituye ingreso público, estos no tienen naturaleza de tarifa ni de tributo sino que son recursos parafiscales. Ello cuestiona la posición tanto del sector de energía y minas como del organismo regulador según la cual estos cargos, recargos y tarifas tienen naturaleza tarifaria. / In the energy sector there are charges, surcharges and fees that are charged for the provision of public services or the sale or import of certain hydrocarbons. These are characterized by being created through legal rules (mainly with the rank of law), be mandatory, do not enter the national budget or public funds, do not constitute income for the subjects who collect and be administered and / or Regulated by the Supervisory Body for Investment in Energy and Mining. The present study analyzes, through the case study, the legal nature of nine of these charges, surcharges or rates in contrast to the concepts of public service tariff, tribute and parafiscal resources. Given the limited development of the concept of parafiscalism in Peruvian doctrine and jurisprudence, an operational definition is constructed based on comparative experience (France, Spain and Colombia) and existing national regulation. The investigation concludes that, in most cases, since the proceeds do not constitute income for the person who collects it and does not constitute public income, they are not tax or tax nature, but rather are parafiscal resources. This challenges the position of both the energy and mining sector and the regulatory body that these charges, surcharges and tariffs are tariff-based.

El presente estudio se enfoca en la interacción entre las redes de actores tanto de la empresa como de las comunidades, construidas en torno a los asuntos sociotécnicos y la participación de actores comunicativos en dichas redes, en torno a los EIA de los megaproyectos de Tía María y de Conga en el Perú entre el 2009 y el 2012. La revisión de la “Teoría del Actor Red” ayuda a comprender las discusiones que emergen sobre los EIA, sin embargo, esta teoría no profundiza el rol que cumplen los actores comunicativos. Para explicar su aporte en los conflictos socioambientales se emplea el concepto de “coaliciones discursivas” (Hajer, 2003; Fischer 2003). Se revisó la normatividad sobre el EIA, y se realizaron entrevistas a informantes claves de la red de actores sociotécnica y miembros de las coaliciones discursivas. Se analiza cualitativa y cuantitativamente la presencia de lo sociotécnico en el periodismo tradicional y en el digital, tanto nacional como regional y local. Se encuentra que las estrategias de comunicativas tienen un papel clave en la conformación de la red de actores que realiza la empresa y también en la red de actores contestataria. Actores comunicativos y no comunicativos (ingenieros, periodistas, instituciones, especialistas y ciudadanos de a pie) conforman las “coaliciones discursivas. Ellos cuestionan las premisas socio-técnicas en el espacio público, buscando afectar las decisiones gubernamentales. Se observa un círculo virtuoso entre las coaliciones discursivas, los artefactos sociotécnicos y las acciones de movilización para la apertura de la caja negra (desestabilización de las premisas científicas del EIA) logrando detener la aprobación del EIA de ambos proyectos extractivos. Además, las coaliciones discursivas cuestionaron el sistema de evaluación ambiental vigente creando condiciones para el desarrollo de una nueva institucionalidad pública denominada Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles. / This study focuses on the interaction between the networks of actors of both the company and the communities, built around sociotechnical issues and the participation of communicative actors in these networks, around the EIAs of the Tía María and Conga megaprojects in Peru between 2009 and 2012. The revision of the "Network Actor Theory" helps to understand the discussions that emerge about EIAs, however this theory does not deepen the role played by communicative actors. To explain their contribution to socio-environmental conflicts, the concept of "discursive coalitions" is used (Hajer, 2003; Fischer 2003). The regulations on the EIA were reviewed, and interviews were conducted with key informants of the network of sociotechnical actors and members of the discursive coalitions. The presence of the sociotechnical in traditional and digital journalism is analyzed qualitatively and quantitatively, both nationally, regionally and locally. It is found that communication strategies have a key role in the formation of the network of actors carried out by the company and also in the network of protest actors. Communicative and non-communicative actors (engineers, journalists, institutions, specialists and ordinary citizens) make up the "discursive coalitions. They question the socio-technical premises in the public space, seeking to affect government decisions. A virtuous circle is observed between the discursive coalitions, the sociotechnical artifacts and the mobilization actions for the opening of the black box (destabilization of the scientific premises of the EIA) managing to stop the approval of the EIA of both extractive projects. In addition, the discursive coalitions questioned the current environmental assessment system, creating conditions for the development of a new public institution called the National Environmental Certification Service for Sustainable Investments.

El objetivo del presente Trabajo es sistematizar los resultados de la gestión social desarrollada por la empresa minera Chinalco en la etapa posterior a la mudanza (posmudanza) del reasentamiento de la ciudad de Morococha. El proceso de reasentamiento empieza el 2006, con el anuncio de la empresa de financiar la reubicación de toda la ciudad como parte del desarrollo del proyecto Toromocho y de hacerlo teniendo como referencia los estándares sociales del Banco Mundial para el marco de compensación y restitución de activos. La mudanza empieza el año 2012, y en el primer año se mudan más del 90% de las familias beneficiarias del proceso. La presente investigación se centra en la gestión de los principales retos posmudanza: la implementación de los compromisos sociales de la empresa en la nueva ciudad y la culminación del proceso de mudanza de las familias que aún residen en la antigua ciudad. Adicionalmente, en esta etapa se empieza la negociación del Convenio entre los representantes de Morococha y la empresa, el cual busca definir la inversión social de la empresa para toda la vida útil de la mina. La investigación también analiza la trayectoria de la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento de la Ciudad de Morococha, espacio de diálogo multiactor que juega un papel importante para el monitoreo del proceso. A octubre del 2022, se ha logrado mudar al 99.5% de las familias, no hay invasiones ni familias retornantes en la antigua ciudad y los cuestionamientos a la empresa no han devenido en una escalada de conflictos.

El presente caso abarca el análisis de la sanción impuesta por el Consejo Directivo del Osinergmin mediante la Resolución N°131-2010-OS/CD en el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Southern sucursal Perú por incumplimiento de normas ambientales y de dos programas de manejo y adecuación ambiental en la Fundición y Refinería de Cobre – Ilo. Para ello, el presente trabajo busca analizar si los argumentos con los cuales se impuso la sanción siguieron la logica conforme a los límites y parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico peruano, la jurisprudencia y la doctrina. A partir del análisis, se concluye que la ejecución del procedimiento sancionador vulneró los principios de legalidad, tipicidad, non bis idem, el principio de veracidad y licitud. Ello, debido a que Osinergmin desconoció los alcances y límites de los principios antes mencionados, y porque valoró inadecuadamente las actas de fiscalización que se obtuvieron sobre Southern, las cuales fueron el sustento principal para imponer la sanción. / This case covers the analysis of the sanction imposed by the OSINERGMIN Board of Directors through Resolution No. 131-2010-OS/CD in the administrative sanctioning procedure initiated against Southern branch Peru for non-compliance with environmental standards and two management programs and Environmental adaptation in the Copper Smelter and Refinery – Ilo. To achieve this, the present work aims to analyze whether the arguments with which the sanction was imposed were exercised in accordance with the limits and parameters established in the Peruvian legal system, jurisprudence and doctrine. Based on the analysis, it is concluded that the execution of the sanctioning procedure violated the principles of legality, typicality, non bis idem, the principle of truthfulness and legality. This occurs because Osinerming did not know the scope and limits of the aforementioned principles, and because it inadequately assessed the inspection reports obtained on Southern, which were the main basis for imposing the sanction.