La Licitación Pública objeto de análisis, fue convocada bajo la modalidad de concurso oferta y por un plazo de ejecución de 180 días calendario. Esta modalidad de contratación consiste en que el contratista debe cumplir con la elaboración del Expediente Técnico de Obra y la ejecución de la obra respecto de la cual elaboró el Expediente. Sin embargo, la ejecución de esta contratación fue deficiente debido a la falta de diligencia de la Entidad, el contratista no cumplió con ejecutar las prestaciones dentro del plazo establecido, y aun cuando la ampliación del plazo contractual se realizó de acuerdo a lo previsto en el artículo 175 de su Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado1 vigente al momento de los hechos; el plazo otorgado en la ampliación del plazo para la ejecución de la obra no habría razonable. En ese sentido, se realiza un análisis respecto al cumplimiento del principio de eficiencia en las contrataciones públicas pues, la atención de la necesidad pública no se dio en la oportunidad prevista en un inicio sino en un total de 562 días calendario. Asimismo, se analiza si la Entidad debe efectuar el pago de las prestaciones adicionales de obra teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley de Contrataciones con el Estado y el artículo 207 del Reglamento, ambos vigentes al momento de los hechos.

El presente trabajo busca analizar la naturaleza de las prestaciones adicionales de obra en un contrato de ejecución de obra bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y aquellas implicancias que, hasta la fecha, han sido determinantes para su obtención. A través de la presente investigación podremos cuestionar si el motivo real por el cual la Contraloría General de la República interviene en la autorización de adicionales que superan cierto monto contractual es, efectivamente el cuidado del tesoro público. Además, evaluaremos aquellas consecuencias que trae consigo el adicional de obra una vez que ya ha sido aprobado, tanto como en el marco de ejecución del contrato, así como en el marco del procedimiento administrativo en sí mismo en caso una de las partes involucradas no se encuentre conforme con la decisión de la Contraloría al momento de expedir su pronunciamiento respectivo sobre el adicional en cuestión. / This paper seeks to analyse the nature of additional services in a contract for the execution of works under the State Contracting Law and its Regulations and the implications that, to date, have been decisive in obtaining them. Through this research, we will be able to question whether the real reason why the Comptroller General of the Republic intervenes in the authorisation of additional services that exceed a certain contractual amount is, in fact, to protect the public treasury. Furthermore, we will evaluate the consequences of the additional work once it has already been approved, both within the framework of the execution of the contract as well as within the framework of the administrative procedure itself in case one of the parties involved does not agree with the decision of the Comptroller General when issuing its respective pronouncement on the additional work in question. / Trabajo académico