La presente investigación pretende poner en evidencia el grave problema de contaminación del agua potable, la cual es suministrada a numerosos ciudadanos en condiciones que no resultan idóneas para su consumo, ocasionando daños en la salud y afectando otros derechos fundamentales vinculados directamente a la dignidad humana. La falta de intervención inmediata por parte del Estado y el organismo regulador conlleva a una vulneración del derecho fundamental a la salud sobre todo en distritos pequeños que muchas veces son olvidados por el gobierno de turno, como lo es el distrito de Pacora que actualmente atraviesa por una alarmante contaminación de arsénico en el agua potable. En ese sentido, como objetivo general de esta investigación se planteó proponer parámetros mínimos de regulación administrativa con respecto al acceso de agua saludable para evitar la vulneración del derecho de salud por contaminación de arsénico en el distrito de Pacora; lo cual nos permitió llegar a la conclusión de la necesidad a nivel nacional de creación de políticas públicas integrales y eficaces que puedan ser sostenidas en el tiempo para lograr tener un desarrollo en el acceso de agua potable de calidad y dar prioridad a una mejor inversión en el sector salud.

The Mexican energy reform in December 2013 has represented a radical change in the structure of the sector, which has grown from a public monopoly to a competitive market. This article aims to analyze the attributions and the legal and administrative nature which has be granted to the Energy Regulatory Commission (CRE) after the normative change that will play a key role in the correct implementation thereof. The nodal problem is to confirm if the CRE has being given the correct legal instruments to develop its function autonomously and transparently. / La reforma energética mexicana de diciembre de 2013 ha representado un cambio radical en la estructuración del sector, el cual ha pasado de ser un monopolio público a un mercado de libre competencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar las atribuciones y la naturaleza jurídico administrativa que se ha concedido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tras el cambio normativo, dado que este, en calidad de organismo regulador del sector, tendrá un rol fundamental en la correcta implementación de la misma. El problema nodal de la cuestión reside en corroborar si se ha dotado a la CRE de los correctos instrumentos jurídicospara desenvolver su función de forma autónoma y transparente.