Las enormes ventajas que reporta el tratamiento de datos, particularmente cuando se verifica por medios informáticos, encubren un riesgo de proporciones, el que se concreta al recaer las operaciones de procesamiento sobre datos personales, ya que su colecta, almacenamiento y empleo suministra un volumen de información sin precedentes sobre personas determinadas o determinables, con el consiguiente menoscabo para las libertades y derechos de éstas. Nuestro legislador no ha podido permanecer ajeno a los peligros inherentes a la penetración de las modernas tecnologías en la intimidad de las personas, muy especialmente aquellos resultantes del tratamiento de sus datos personales; es así como, tras largos años de discusión parlamentaria, vino a dar a luz la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Sin embargo, la normativa en cuestión omitió establecer un adecuado sistema de control, a fin de cerciorarse del cumplimiento de sus preceptos; muy en especial, la ley prescinde de una autoridad de control que vele por la realización de sus mandatos, lo cual socava toda pretensión de obtener un nivel de protección adecuado a los derechos de las personas concernidas. La presente tesis, tras considerar el desarrollo en el derecho comparado del régimen jurídico aplicable al tratamiento de datos personales, así como la concreción que ha merecido en Chile, se detiene en los diversos mecanismos de control previstos para garantizar la eficacia de la normativa en examen, con especial énfasis en la institución de un organismo público encargado de promover e informar a la comunidad sobre la legislación aplicable, fiscalizar el cumplimiento de ella y sancionar su infracción, o bien instar por la sanción del infractor, en su caso. Finalmente, tras hilar las principales conclusiones a que el estudio arriba, se esboza una propuesta con miras a incorporar a nuestra institucionalidad una autoridad de control en materia de tratamiento de datos personales, mediante la cual brindar eficacia a las previsiones legislativas