Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los estándares internacionales de la pena privativa de libertad adolescente son recogidos por la Ley 20.084 y su reglamento, estándares que demuestran una manifiesta finalidad preventivo-especial positiva de la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, lo cual no obsta a que uno de los objetivos de esta pena sea hacer efectiva la responsabilidad penal del adolescente infractor de ley, lo que a su vez demuestra también la existencia de una finalidad preventivo-general positiva. La coexistencia de ambas finalidades es también manifestación de la adopción del principio del interés superior del niño, lo cual importa, por un lado, que el adolescente privado de libertad debe ser visto como un sujeto de derechos, que no por estar privado de libertad pueda ver privado otros derechos como la educación, recreación u otros dispuestos por la normativa internacional y nacional atingente. Por otro lado, importa que el adolescente también es sujeto de obligaciones, lo que se traduce en que es susceptible de ser responsable penalmente por sus actos, y, por ende, ser privado de libertad. Las condiciones materiales de los centros de régimen cerrado de la Región Metropolitana entre los años 2013 y 2016 si bien no denotan un retroceso continuo, demuestran que muchos de los problemas que se pueden observar se repiten año a año, y que, en caso de solucionarse, dicha solución ha tomado un largo tiempo o termina siendo insuficiente, todo lo cual puede tener efectos negativos en las condiciones que propician la reinserción social de los jóvenes que han sido condenados a la pena de internación en régimen cerrado.