La falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por parte del Registro Nacional de Estado Civil (RENIEC) al excluirlos del padrón electoral, acarrea en la vulneración del derecho al sufragio y de derechos conexos como el derecho-principio de igualdad y el mandato de no discriminación. Al respecto, el Decreto Legislativo Nº 1384 reconoce la capacidad jurídica de este grupo transitando de un modelo de sustitución (interdicción) a un modelo de designación de apoyos y salvaguardias, haciendo referencia a dos supuestos: el primero, se refiere a aquellas personas que previo a la entrada en vigencia de la presente norma cuenta con una sentencia firme de interdicción y el segundo, hace referencia a aquellas personas que tiene una interdicción en trámite; quedando sin efecto la interdicción en cualquiera de los supuestos. Por su parte, la posición del RENIEC frente al mandato legal señala que, no tiene facultades para dejar sin efecto una resolución judicial de interdicción; excluyendo a dicho grupo de personas de la participación política. En el presente trabajo, se cuestiona esta perspectiva y se plantea que el RENIEC debe realizar una interpretación conforme y no formalista ni literal, de conformidad con las normas del bloque de constitucionalidad nacional y convencional antes de emitir un acto administrativo que genere efectos perniciosos en los administrados, garantizando de esta manera una debida motivación y seguridad jurídica. La realización de esta interpretación posee sentido si se piensa en clave de derechoprincipio de igualdad y del mandato de no discriminación, por medio de los cuales se garantiza el derecho al sufragio de este grupo de personas. Finalmente, es posible concluir que no se debe de esperar un mandato judicial para restablecerles su capacidad jurídica y devolverles sus derechos.

El presente trabajo busca determinar que el internamiento involuntario es lesivo para los derechos de las personas con discapacidad mental tal así que vulnera el derecho a la libertad personal, derecho a la salud y a la vida independiente, lo cual dista del objetivo terapéutico bajo el cual es implementado y que logra más bien, dificultar su inserción en la sociedad. Esto se ejemplifica a partir de numerosos casos que son abordados en la jurisprudencia nacional e internacional que demuestran que el internamiento sin consentimiento de la persona con discapacidad puede ocasionarle graves daños a su persona hasta causarle la muerte. En el Perú, se encuentra regulado bajo la casual de emergencia psiquiátrica, sin embargo, los casos que han sido desvelados en el fuero interno no cumplen con el parámetro, generando indicios de falsos positivos que los centros de salud aprueban a propósito y estarían operando fuera del marco de la ley. A partir de esto, se busca implementar medidas de acción alternativas que garanticen la efectividad de sus derechos con la óptica del modelo social impregnado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y herramientas extralegales como son los apoyos comunitarios, la prohibición de el internamiento involuntario y el desarrollo de políticas públicas. / The present work seeks to determine that involuntary hospitalization is harmful to the rights of people with disabilities because it violates the right to personal freedom, right to health and independent life, which is different from the therapeutic objective for it is implemented. This is exemplified by the numerous cases in national and international jurisprudence that demonstrate that internment without consent of the person with disability can causes serious damage to own integrity or death. In Peru, it is regulated under the casualty of a psychiatric emergency, however, the cases that have been revealed in the internal forum do not comply with the parameter, generating indications of false positives that the health centers approve on purpose and would be operating. outside the framework of the law. In conclusion I propose to implement alternative action measures that guarantee the effectiveness of their rights under the social model of Convention on the Rights of persons with Disabilities as well as extralegal tools that help in their execution like help community, the prohibition of involuntary internment and politic publics