Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños. / Tesis

El manejo de los recursos hidrobiológicos requiere de medidas que garanticen la protección y conservación en el largo plazo. Para ello, será necesario que la explotación de dichos recursos se desarrolle en un sistema de acceso, a través de títulos habilitantes, basado en evidencia científica y gestionado por instituciones competentes para desarrollar dicha labor. La Constitución Política y la LGP regulan que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales son patrimonio del país. En tal sentido, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de regular el ordenamiento pesquero, tomando en consideración que la actividad pesquera es de interés nacional. Por más de una década el Poder Judicial exigió al Ministerio de la Producción que otorgue permisos sin contar previamente con criterios técnicos proveídos por IMARPE ni requisitos solicitados de acuerdo con una ley especial. Por tal motivo, en el 2016 el Ministerio presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos y decisión de la sentencia recaída en el expediente No 0005-2016-PCC/TC, respecto a la interpretación institucional del Poder Judicial, la cual habría incurrido en un menoscabo de las atribuciones del Ministerio de la Producción, la vulneración al derecho a la defensa del demandante, la elección de la vía competencial y la razonabilidad de la decisión final del Tribunal Constitucional.

Los mares y océanos se han convertido en el escenario de una tensión permanente entre la libertad de pesca y la conservación de los recursos pesqueros en la alta mar. Esta tensión se ve reflejada en la multiplicación de incidentes, el desarrollo normativo y la práctica de tribunales como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya jurisprudencia gira, casi exclusivamente, en torno al apresamiento de buques pesqueros que estaban realizando actividades de pesca en zonas de la alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los Estados ribereños.

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido.

Producto del procedimiento administrativo iniciado por la empresa Nutrifish S.A.C. contra el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI), se declaró como barreras burocráticas ilegales todas las exigidas por esta empresa. Este órgano determinó que existía una vulneración al principio de legalidad por la contravención del artículo 9 de la Ley General de Pesca – Decreto Ley 25977. Dicha resolución final quedó firme, imposibilitando al administrado utilizar algún recurso administrativo para solicitar la nulidad de este. Ante ello, lo que procede a realizar PRODUCE es una solicitud de nulidad de oficio ante la secretaria técnica de la Comisión, el cual eleva al superior jerárquico para que dé respuesta a esta. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (Sala) admite a trámite la solicitud procediendo a evaluar la existencia de un vicio que afecte la validez de la resolución emitida por la Comisión y la existencia de una vulneración de un derecho fundamental o un grávido a un interés público. Así pues, la elección del presente expediente evidencia la posibilidad de realizar un análisis sobre las decisiones tomadas por estos dos órganos sobre el cual es posible cuestionar su análisis jurídico sobre barreras burocráticas y la petición de gracia para la toma de sus decisiones de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, y la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas – Decreto Legislativo 1256. / As a result of the administrative proceeding initiated by the company Nutrifish S.A.C. against the Ministry of Production (PRODUCE) before the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Commission) of the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI), all requirements imposed by this company were declared illegal bureaucratic barriers. This body determined that there was a violation of the principle of legality due to the contravention of Article 9 of the General Fisheries Law – Decree Law 25977. The final resolution became final, preventing the party from using any administrative remedy to request its annulment. In response, PRODUCE is required to file a request for annulment ex officio with the technical secretariat of the Commission, which then forwards it to the hierarchical superior for a response. The Specialized Chamber for the Elimination of Bureaucratic Barriers (Chamber) admits the request and proceeds to evaluate the existence of a defect affecting the validity of the resolution issued by the Commission and the existence of a violation of a fundamental right or harm to a public interest. Thus, the selection of this case file demonstrates the possibility of conducting an analysis of the decisions made by these two bodies, which may be subject to legal scrutiny regarding bureaucratic barriers and the discretionary power for their decisions in accordance with the General Administrative Procedure Law – Law 27 444 and the Law on the Prevention and Elimination of Bureaucratic Barriers – Legislative Decree 1256.

El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1393. Para ello en la sección I, primero se contextualiza respecto al crecimiento descontrolado de las embarcaciones pesqueras artesanales; posteriormente, en la segunda parte se analizará las prohibiciones a la construcción de más embarcaciones pesqueras artesanales en el período comprendido entre el año 2006 y 2015; y, finalmente, en la parte tercera parte describe la situación de los astilleros en la costa peruana. En la sección II, se establecerá el régimen de Interdicción contra la pesca ilegal; posteriormente, se determinará las competencias de las Entidades en las acciones de interdicción contra la pesca ilegal. Finalmente, la sección III, estará dividida en tres partes. En la primera parte, se contextualiza sobre el estado situacional de la implementación del Decreto Legislativo Nº 1393; posteriormente, en la segunda parte se describe la falta de tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal con su respectiva propuesta de solución; y, finalmente, en la parte tres se explicará como otro limitante la ausencia de un protocolo para la participación de DICAPI en las acciones de interdicción. / The main issue addressed in this document is to establish whether specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code is necessary within the framework of the application of Legislative Decree No. 1393. To achieve this, in Section I, we first provide context regarding the uncontrolled growth of artisanal fishing vessels. Subsequently, in the second part, we analyze the prohibitions on the construction of additional artisanal fishing vessels in the period between 2006 and 2015. Finally, in the third part, we describe the situation of shipyards on the Peruvian coast. In Section II, the Interdiction regime against illegal fishing will be established, followed by a determination of the responsibilities of the authorities in interdiction actions against illegal fishing. Finally, Section III is divided into three parts. In the first part, we contextualize the current situation of the implementation of Legislative Decree No. 1393. Then, in the second part, we describe the lack of specific criminalization of illicit acts related to the construction or repair of fishing vessels in the Penal Code, along with a proposed solution. Finally, in the third part, we explain another limitation, which is the absence of a protocol for the participation of DICAPI in interdiction actions. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo plantear una mirada diferente al estudio y desarrollo de las fusiones empresariales en el mercado pesquero en el Perú, en relación a la visión tradicional de la mencionada institución legal, con rango constitucional, que son tratadas y reguladas solamente desde la perspectiva de la protección a la libertad de empresa y garantía de la libre competencia en el mercado. La idea general que se plantea en la presente investigación es que no todas las fusiones empresariales deben ser vistas desde esa única perspectiva económica, pues existen actividades (como la explotación de los recursos naturales, en tanto patrimonio de todos los peruanos, cuya protección está constitucionalmente plasmada) que deben ser reguladas a partir de la consideración del cambio climático. Este es un fenómeno actual cuyas consecuencias podrían ser nefastas con respecto a la explotación de los recursos naturales y, específicamente, en la actividad pesquera, si es que no se vincula con el concepto de sostenibilidad, tal como viene siendo entendido en diversos foros internacionales. Es, precisamente, esta propuesta la que se planteará al final del presente trabajo, en concordancia con la conciencia ecológica mundial para poder enfrentar los riesgos medioambientales y las consecuencias económicas que se derivan de estos; y cómo se deben tomar decisiones que podrán mitigar los posibles efectos en nuestro entorno climático y su incidencia en uno de nuestros principales recursos naturales, como es la pesca en nuestro mar. / Trabajo de investigación

La pesca se considera una actividad económica de gran importancia en nuestro país, ya que contribuye significativamente al desarrollo económico nacional. Los recursos hidrobiológicos son reconocidos como patrimonio de la nación, y su gestión sostenible recae en la responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar su manejo integral. No obstante, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante incremento de la pesca ilegal y otros delitos relacionados con esta actividad. En respuesta a esta problemática, en el año 2018, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1393, el cual regula la interdicción de las actividades ilegales de pesca. Su objetivo fue implementar acciones para combatir la ilegalidad en el sector pesquero y asegurar el uso sostenible de los recursos. Este decreto se realizó en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República (en adelante, el Congreso) mediante la ley autoritativa 30823 al Poder Ejecutivo. En este contexto, el presente informe tiene como objetivo detallar los alcances de la sentencia 265/2021 emitida por el Tribunal Constitucional. la cual resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1393. Dicha demanda fue interpuesta por un grupo considerable de pescadores artesanales, quienes alegaron que dicho decreto vulneraba sus derechos fundamentales. / The fishery is considered an economic activity of great importance in our country, as it contributes significantly to national economic development. Hydrobiological resources are recognized as patrimony of the nation, and their sustainable management falls under the responsibility of the State, which must guarantee their integral management. However, in recent years, we have witnessed a worrying increase in illegal fisheries and other crimes related to this activity. In response to this problematic, in 2018, the Government promulgated the Legislative Decree 1393, which regulates the interdiction of illegal fishing activities. Its objective was to implement actions to combat illegality in the fishing sector and ensure the sustainable use of resources. This decree was made in the delegation of powers granted by the Congress of the Republic through the authoritative law 30823 to the Government. In this context, the purpose of this report is to detail the implications of sentence 265/2021 emitted by the Constitutional Court, which resolves the unconstitutionality lawsuit filed against Legislative Decree 1393. This lawsuit was filed by a considerable group of artisanal fishermen, who alleged that the decree violated their fundamental rights.

El presente informe realiza un análisis de los problemas jurídicos hallados en la Sentencia N° 265/2021 del Expediente 00001-2020-PI/TC. Respecto a la demanda de inconstitucionalidad por 5135 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1393, emitido a consecuencia de la Ley Autoritativa Nº30823; ello con el objetivo de regular la interdicción en las actividades de pesca ilegal. Para analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo, analizaremos el contenido de los artículos relacionados a las infracciones constitucionales y examinaremos su afectación a los derechos fundamentales para poder asegurar o no que el Decreto Legislativo N° 1393 es constitucional o deviene en inconstitucional. En ese sentido, se propone como objetivos i) demostrar que el Decreto Legislativo Nº 1393 no tiene vicios de inconstitucionalidad formal, debido a que se encuentran dentro de los confines de la materia delegada mediante la Ley Nº 30823, ii) evidenciar que el artículo 3 del DL Nº 1393, no vulnera el derecho de propiedad en función de la doctrina y jurisprudencia, iii) evidenciar que el artículo 6 del DL Nº 1393 al disponer las acciones de interdicción contra la pesca ilegal, no atenta contra la libre iniciativa privada, iv) demostrar que la Única Disposición Complementaria Transitoria transgrede la tutela procesal efectiva, v) verificar si las medidas de interdicción de la Tercera Disposición Complementaria Final del DL N° 1393 vulneran el derecho de petición, vi) determinar si la Segunda Disposición Complementaria Final una medida excesiva de la función pública. / This report analyzes the legal problems found in Judgment No. 265/2021 of File 00001-2020-PI/TC. Regarding the unconstitutionality claim by 5135 citizens against Legislative Decree No. 1393, issued as a result of Authoritative Law No. 30823; this with the objective of regulating the interdiction of illegal fishing activities. To analyze the constitutional validity of the Legislative Decree, we will analyze the content of the articles related to constitutional infractions and we will examine their affectation on fundamental rights in order to ensure or not that Legislative Decree No. 1393 is constitutional or becomes unconstitutional. In this sense, it is proposed as objectives i) to demonstrate that Legislative Decree No. 1393 has no defects of formal unconstitutionality, because they are within the confines of the matter delegated by Law No. 30823, ii) to show that article 3 of DL No. 1393, does not violate the right to property based on doctrine and jurisprudence, iii) demonstrate that article 6 of DL No. 1393, when providing for interdiction actions against illegal fishing, does not violate free private initiative, iv ) demonstrate that the Sole Transitory Complementary Provision violates the effective procedural protection, v) verify if the interdiction measures of the Third Final Complementary Provision of Legislative Decree No. 1393 violate the right of petition, vi) determine if the Second Final Complementary Provision is an excessive measure of the public function.

El presente trabajo de investigación propone la construcción de un régimen laboral especial que proteja al trabajador y brinde seguridad jurídica al empleador en el contexto de la actividad de la pesca industrial en el Perú. Para justificar esta propuesta se realiza un análisis que comienza con una revisión histórica de la actividad pesquera desde los tiempos preincaicos hasta su industrialización en la era republicana. El trabajo concluye con una propuesta normativa. En la confrontación de la problemática actual, se describe y explica el contexto de transición de los marcos regulatorios y los problemas originados debido a la falta de políticas laborales. Un hito determinante en esta transición es el cambio en la lógica de control del Estado frente a la explotación del recurso hidrobiológico y las consecuencias que ha tenido en la dinámica laboral. Este contexto conflictivo ha influido en la relación laboral actual de los trabajadores de la pesca industrial. La ausencia de una política regulatoria especial ha dificultado el pleno acceso a derechos por parte de los trabajadores de la pesca industrial. En el contexto problemático identificado se ha encontrado sistemas salariales con potenciales conflictos debido a la falta de estandarización mínima en los pagos, acceso limitado a beneficios sociales como la asignación familiar, y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que no han sido abordados por los empleadores, entre otros problemas. Por esta razón, el trabajo de investigación analiza desde una perspectiva constitucional la viabilidad de una regulación diferenciada y cuestiona si es justificable abordar el problema a través de un régimen laboral especial o mediante la modificación contractual con cláusulas especiales. El estudio sistemático de los elementos esenciales y complementarios de la relación laboral en la pesca industrial no solo justifica legalmente la posibilidad de construir un régimen laboral especial, sino que también proporciona propuestas de solución concretas que se desarrollan ampliamente en relación con el marco normativo vigente, señalando su insuficiencia y presentando las correspondientes soluciones.